A casi dos años de la postergación del debate sobre el Protocolo Facultativo de la Cedaw, un instrumento que garantiza los derechos de las mujeres, cerca de un centenar de organizaciones sociales reclamaron a través de un petitorio al Senado nacional la ratificación sin reservas del tratado. En la carta, se aclara que el instrumento “no promueve el aborto ni atenta contra la soberanía nacional”, argumentos que esgrimió la Iglesia católica para oponerse a su tratamiento e impedir hasta ahora su aprobación.
Se trata del Protocolo Facultativo Adicional de la Convención sobre la Eliminación de Todas las Formas de Discriminación contra la Mujer (CEDAW), un instrumento aprobado en 1999 por la Organización de las Naciones Unidas (ONU) y ratificado por gran parte de los países de América latina y en particular el Mercosur. “La Argentina es el único país de la región que no ratificó el protocolo”, indicó Soledad García Muñoz, coordinadora del Proyecto CEDAW en el país.
Desde 2004, tanto el Instituto Interamericano de Derechos Humanos organización a la que pertenece Muñoz como cientos de organizaciones que luchan por la igualdad de género reclaman al Congreso nacional la aprobación del protocolo. El propio Poder Ejecutivo se mostró favorable a la ratificación del protocolo.
“Fue la Iglesia Católica la que inventó que a través de la ratificación del protocolo se perdería la soberanía nacional, cuando en realidad sostiene la convención ratificada por el Estado”, aseguró Monique Altschul, de la Fundación Mujeres en Igualdad (MEI), en referencia a la decisión del Gobierno argentino de ratificar en 1985 la Convención contra la discriminación, incluida en la Constitución en la reforma de 1994.
En la carta, que se distribuyó en los despachos legislativos, las organizaciones de mujeres reiteran que el tratado tampoco promueve la despenalización del aborto. En realidad, “anima a los Gobiernos a adoptar las medidas para evitar que las mujeres se encuentren con el riesgo de someterse a esa práctica y suele hacer hincapié en que el aborto no debe utilizarse como método de planificación familiar”, aclararon.
“Lo que sí hace es poner al alcance de las mujeres la posibilidad de presentar quejas y denuncias ante el Comité que controla la Convención cuando los recursos nacionales no sean efectivos para garantizar sus derechos o cuando éste tenga dificultades para investigar violaciones graves o sistemáticas de sus derechos”, sostuvo Muñoz.
“No es casual que el único protocolo que tienen que ver con la discriminación de la mujer sea un caso flagrante de discriminación”, agregó Altschul, que se mostró esperanzada en que la nueva composición del Senado nacional renueve el debate sobre el tema. “Está en sus manos la aprobación del tratado que es imprescindible para la protección efectiva de los derechos de más de la mitad de la población. Nosotros esperaremos activamente ese momento”, afirmó Muñoz.
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