Los habitantes de un pueblo no pueden saber si los desechos de una fábrica afectan su salud

Los hospitales de la zona cercana al Ingenio Ledesma, de Jujuy, carecen de equipos para detectar la bagazosis, una enfermedad producida por los desperdicios de la caña de azúcar. Así consta en una pericia realizada en el marco de una demanda judicial por contaminación contra la empresa.

(AUNO*).- Desde hace más de 100 años, un enorme ingenio azucarero se levanta en la ciudad de Ledesma, en la provincia de Jujuy. La planta industrial es la fuente de empleo más importante que existe en la zona y varias generaciones trabajaron allí. Sin embargo, los hospitales de la región no cuentan con los recursos técnicos necesarios para detectar posibles casos de bagazosis, una patología respiratoria que trasmite el bagazo, que es el deshecho de la caña de azúcar que utiliza este tipo de industrias.

Esta conclusión forma parte de una de las tres pericias oficiales dispuestas por la Cámara Civil y Comercial de la ciudad jujeña de San Pedro, ante un recurso de amparo presentado por el Comité para la Defensa de la Salud, la Ética Profesional y los Derechos Humanos (CODESEDH). El informe, elaborado y firmado por el médico forense César Domingo Burgos (designado por el propio Tribunal), realiza un relevamiento por los hospitales públicos de la zona con el propósito de detectar en la población casos de bagazosis durante los últimos cinco años.

En este sentido, el escrito destaca que en el Hospital Público Oscar Orias se informó que “no se registran casos de bagazosis en los últimos 10 años, ya que (el centro assitencial) carece de métodos diagnósticos específicos para ésta enfermedad”. Mientras que en el Centro Médico Clínica San Lorenzo S.R.L señalaron –en un breve informe firmado por una autoridad no identificada como profesional médico sino como “administrativa”– que “no pasaron por ésta institución casos confirmados” de esa patología.

La bagazosis es una enfermedad respiratoria que se genera a partir de la inhalación del polvo de bagazo, que es el desecho de la caña de azúcar; el residuo del tallo o cuerpo que queda después de que se le exprimió el jugo. Este material no causa daño cuando se lo utiliza fresco, húmedo y no enmohecido. De hecho puede servir como combustible, abono, cama para aves de corral o como cubierta protectora de la tierra recién sembrada. Pero si es viejo y está seco (como ocurre en la ciudad jujeña) puede producir bagazosis.

Ante esta situación, el CODESEDH rechazó las conclusiones de la pericia argumentando que se trata de “una trascripción acrítica de los registros existentes y una descripción de la enfermedad susceptible de ser encontrada en forma más interesante y completa en sitios especializados de Internet”. El presidente de la entidad, Norberto Liwsky, comentó a AUNO que “lo más llamativo fue que el perito oficial puso más énfasis en que no se registraron casos en la comunidad en lugar de destacar la ausencia de instrumentos técnicos en los nosocomios para efectuar los diagnósticos”.

La resolución de la Cámara fue contraria a la esperada por el Comité y en febrero apeló a la Tribunal Superior de Justicia provincial para que revise las pericias cuestionadas por la organización. “Nuestro objetivo es que la Justicia ordene que Ledesma modifique el sistema de tratamiento del bagazo para prevenir la multiplicación del agente que trasmite la bagazosis, y que a su vez se examine todo el proceso de producción en la planta de Ledesma para evitar la contaminación”, afirmó Liwsky.

La causa se inició en marzo de 2005 a través de una presentación realizada por Olga Márquez de Aredez, integrante de Madres de Plaza de Mayo, contra la empresa Ledesma y el Estado (por no realizarle los controles adecuados a la compañía). Un par de días después de la presentación judicial, Aredez falleció producto de la bagazosis (que fue confirmado por la Justicia jujeña), lo cual impedía que la medida pudiese progresar.

A pesar de esto, los abogados del CODESEDH –que habían asesorado a Aredez– decidieron ponerse al frente de la iniciativa y recibieron el apoyo de otras entidades de la sociedad civil como el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), el Colegio de Abogados de Jujuy y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN).

09.07.06 EAP

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