Lomas de Zamora, octubre 12 (AUNO).- En la Argentina hay casi 3500 niñas, niños y adolescentes que perdieron a su madre en la última década y estuvieron a la espera de la Ley Brisa. Tres meses después de su aprobación el Poder Ejecutivo decidió reglamentarla, la semana pasada. Las hijas e hijos de padres que hayan sido condenados por haber asesinado a su madre deberán recibir una reparación equivalente a una jubilación mínima, de 8600 pesos.
Más del 65 por ciento de las hijas e hijos de víctimas de femicidios son menores de 18 años y quedaron a cargo de familiares cercanos. En tiempos de aumentos y tarifazos sobrevivir el día a día para estas familias se vuelve una odisea. En la mayoría de los casos, las abuelas son quienes volvieron a ser madres, ahora de sus nietas y nietos.
La Ley 27.472, mejor conocida como “Ley Brisa”, fue promulgada el 4 de julio cuando la Cámara de Diputados le dio el visto bueno de forma unánime y se logró su sanción completa. El proyecto concede una reparación económica a menores de 21 años que perdieron a su madre en un contexto de violencia.
La normativa se activa desde el momento del procesamiento, suicidio o condena del femicida. En el caso de niñas, niños y adolescentes extranjeros, deberán acreditar dos años de residencia en el país de forma ininterrumpida.
La espera de las familias
En el Conurbano Sur, hay familias que tuvieron que volver a construirse y que ansiaban la reglamentación de la ley para mejorar la calidad de vida de los niños, las víctimas colaterales. Esther Robledo tiene 67 años y vive en Quilmes con sus nietxs de 12 y 15, que quedaron a su cargo cuando el policía Miguel Ángel Mazó mató a su pareja Florencia Albornoz, de 22 años, en 2010.
“Es importante (que la Ley Brisa se aplique) porque mis nietos están ansiosos y a la espera. Cuando se sancionó los junté en la habitación y les dije que muchas veces cuando la abuela no estaba en casa no es porque sale y se va a pasear por ahí. Les expliqué a ellos que no van a tener más a mamita pero van a tener algo para que se puedan mover y estudiar lo que quieran porque ése es mi gran deseo”, contó Robledo.
Hace ocho años es el sostén de sus nietxs. El Estado “no cuidó” a su hija. El femicida era policía y cuando Florencia iba a hacer las denuncias, que fueron muchísimas, se las “encajonaban”.
“Él (Mazó) sacaba los papeles y al comisario lo arreglaba con medio lechón: eso es lo que valió la vida de mi hija”, narró Esther. Vive con una jubilación mínima. Su familia tiene “muchas necesidades” pero no faltan el cariño y el afecto.
En Florencio Varela vive Giovana Luján. Ella es mamá de Mónica Garnica, quien murió en enero de este año después de agonizar diez días en el hospital por las heridas que le ocasionó el padre de sus hijxs, Miguel Saracho, al prenderla fuego, a fines de 2017.
Mónica estudiaba para ser instrumentadora quirúrgica en la Universidad Nacional Arturo Jauretche. La joven tenía heridas en más de la mitad del cuerpo.
Actualmente, Giovana está criando a tres niñxs, de 3, 5 y 8 años. “La ley está muy buena porque es necesario que los chicos tengan algo”, afirma. La familia Garnica es humilde y de parte del Estado sólo recibe la asignación universal por hijo, desde septiembre, siete meses después del asesinato de Mónica.
“Fue empezar de nuevo, sobre todo con el más chiquito. Empezamos de cero y con la situación (económica) actual la estamos remando. Mi marido se quedó sin trabajo porque cerró la fábrica donde estaba. De vez en cuando hay alguna changuita pero tenés que esperar de nuevo”, contó la mamá de Mónica.
Los daños psicológicos
Marcela Morera es parte del grupo Atravesados por el Femicidio (que funciona en Buenos Aires y Santa Fe) y explicó a AUNO por qué es fundamental la aplicación de la norma: “Los niños huérfanos necesitan una contención integral en cuanto a salud y sobre todo en lo psicológico”.
Este medio consultó a la psicóloga especializada en infancia Eugenia Murad sobre la importancia de la asistencia terapéutica que deben recibir las hijas, los hijos y familiares cercanos de las víctimas de femicidios.
“El vínculo con la madre es fundamental. Hay familias que no tienen el poder económico como para llevar al nene o nena a terapia. Son familias en las que se deja de nombrar a la madre y eso perjudica al niño que luego se vuelve un adulto”, resumió Murad.
Una reglamentación dilatada
El proyecto de ley fue impulsado por la asociación civil Casa del Encuentro, y el nombre se inspiró en la historia de Brisa, una niña de Moreno que perdió en 2014 a su madre cuando el padre de la pequeña la asesinó.
Tras dos años de lucha, el 4 de julio pasado fue promulgada la norma y el 26, publicada en el Boletín Oficial. Sólo había que esperar 30 días para su reglamentación. Pero el Estado tardó dos meses más.
El lunes de la semana pasada, Mauricio Macri firmó el decreto 871/2018. De esta forma, el Poder Ejecutivo incumplió con el artículo 13 de la ley, que establecía un plazo de 30 días para la reglamentación. En el medio, la incertidumbre de las familias.
Sobre este aspecto, la directora del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM), Fabiana Tuñez, reconoció la “demora” en la reglamentación, pero aclaró que buscaban que la normativa fuera “lo más amplia posible, por instrucciones del Poder Ejecutivo, para que garantizara derechos y tuviera perspectiva de género”.
La aplicación e instrumentación estará a cargo de la Secretaría Nacional de Niñez, Adolescencia y Familia (Sennaf), dependiente del Ministerio de Desarrollo Social, y los trámites administrativos deberán realizarse mediante la Anses. Habrá una comisión de seguimiento que controlará los pagos y estará integrada por representantes de esos dos organismos y del Instituto Nacional de las Mujeres (INAM).
En síntesis, esta respuesta del Gobierno a la violencia de género es un resarcimiento económico que será de ayuda para los sectores más humildes. Pero la gran deuda persiste: generar políticas públicas para evitar que cada 30 horas mueran mujeres por no contar con la ayuda necesaria.
AUNO-12-10-2018
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