Lomas de Zamora, marzo 2 (AUNO).- El abogado querellante en la causa “Cuatrerismo – Brigada Guemes” Pablo Llonto alertó que “es necesario que los juicios por delitos de lesa humanidad se aceleren y exigió se agreguen más fechas para audiencias de testigos”. El juicio oral a cargo del Tribunal Oral en lo Criminal Federal (TOF) 6 juzga los secuestros, torturas y desapariciones concretadas entre 1976 y 1977 en los centros clandestinos conocidos como Puente 12, en La Matanza, y la Comisaría 1°de Monte Grande, en Esteban Echeverría.
El centro clandestino de detención conocido como Puente 12 era controlado en conjunto por el Ejército y la Policía bonaerense como parte del denominado Circuito Camps, durante la última dictadura cívico-militar. Entre los nueve imputados se encuentra el represor Miguel Etchecolatz y a todos se les atribuyen los delitos de “privacion ilegitima de la libertad”, “imposición de tormentos” y “homicidios”.
El juicio comenzó en octubre de 2017 con tres años de demora, lo que impidió que se juzguen los hechos ocurridos entre 1974 y 1975 en ese mismo campo de exterminio. “Esos casos en este juicio se cayeron porque meses antes fallecieron los responsables de la etapa anterior al golpe”, explicó el abogado a AUNO. Desde el fin de la feria judicial, se retomaron las audiencias de testigos, que se desarrollan todos los jueves en la sala AMIA de los tribunales federales de Comodoro Py.
Las demoras en estos juicios son el común denominador en los diferentes tribunales del país. Sólo el tribunal de San Martín tiene 16 juicios en lista de espera y nada más se lleva a cabo uno por año. Para Llonto, el Gobierno es responsable: “Cada vez hay más juicios, cada vez hay más denuncias, más causas en trámites que vienen creciendo desde hace 13 años en forma imparable. Si no haces nada, sos parte del problema”.
El problema no es nuevo, pero para el abogado es coherente con el discurso de “reconciliación” del gobierno macrista. “Es muy notorio cómo han ocurrido, en estos dos últimos años, muchas cosas que tienen que ver con obstaculizar o poner algún tipo de reparo a los juicios de lesa humanidad”, afirmó. No se lo puede frenar porque existe una jurisprudencia internacional muy fuerte y atada a la Constitución para que estas causas avances. No obstante, alertó Llonto, desde el Poder Ejecutivo “sí tratan de poner la mayor cantidad de obstáculos posibles”.
También criticó el accionar del ministro de Justicia, Germán Garavano, y del secretario de Derechos Humanos, Claudio Avruj, por poner a ese área a disposición de los familiares de los genocidas. “No tienen nada que hacer ahí argumentó Llonto. La Secretaría de DDHH se creó, desde los tiempos de Alfonsín en adelante, para atender a las víctimas.”
¿QUÉ SE HACE CON ETCHECOLATZ?
Por otra parte, Llonto aseguró que las querellas van a “intentar, con toda la fuerza posible” dar vuelta la resolución que le otorgó la prisión domiciliaria a Etchecolatz, a fin de que este vuelva a una cárcel común.
El ex comisario bonaerense condenado a prisión perpetua por delitos de lesa humanidad está alojado en su casa en el Bosque Peralta Ramos, Mar del Plata, desde diciembre de 2017 cuando el TOF 6 le otorgó la domiciliaria por razones de salud. La decisión fue tomada en el marco del juicio oral por los delitos cometidos en el centro clandestino conocido como Cuatrerismo.
La querella a cargo de Llonto presentó un recurso ante la Cámara de Casación y el 15 de marzo se llevará cabo la audiencia en la que ese tribunal decidirá si el represor continuará con prisión domiciliaria o deberá regresar a una cárcel.
El abogado reconoció que “el panorama es difícil”, pero cree que tiene “muchos argumentos y fundamentos” para sostener que un genocida que no está en situación de enfermo terminal debe estar en un penal donde haya un hospital para tratar sus afecciones. “El hospital del Penal de Ezeiza, según informa el propio Gobierno, está muy equipado. Entonces está preparado para tratar y hacer seguimiento a pacientes con algún tipo de dolencia”, remarcó.
Llonto aseguró que los querellantes tienen “un contrapunto muy fuerte con el Tribunal, en lo que hace a las domiciliarias”. El TOF 6 integrado por los jueces José Martínez Sobrino, Julio Luis Panelo y Fernando Canero, había beneficiado en 2016 con la domiciliaria al ex oficial subinspector de la Dirección de Investigaciones de la Policía de la provincia de Buenos Aires, José Madrid, otro de los imputados en Cuatrerismo-Brigada Güemes. Madrid estaba detenido desde diciembre de 2011 en el penal de Ezeiza, cuando se le dictó ese procesamiento.
GAS-AFD
AUNO-02-03-18
