Leyes antitrata: avances en la legislación, pero deudas con las víctimas

La ley de prevención y sanción de la trata de personas y asistencia a sus víctimas cumplió una década. Instituciones y referentes en la lucha contra la trata de personas con fines de explotación sexual reflexionaron sobre los avances, las falencias y los desafíos sobre este flagelo social.

Carlos Dileo y Valentina Lira

A diez años de la sanción de la ley 26.364, la trata de personas con fines de explotación sexual es la más denunciada en nuestro país, según datos del Ministerio de Justicia de la Nación. Después del narcotráfico y el tráfico de armas, la trata es el “negocio” mejor rentado del mundo: mueve más de 32.000 millones de dólares por año a nivel mundial. El 80 por ciento de las víctimas son mujeres y niñas. “El Código Penal requiere de una reforma muy significativa, aunque nuestro país aún es muy tímido para condenar a quienes están involucrados en la prostitución”, aseguró la sobreviviente de trata, Alika Kinan Sánchez.

La promesa de un trabajo, el alejamiento familiar, la servidumbre por deuda, las adicciones, la violencia física y psicológica, la retención ilegal de documentos, la amenaza por situación migratoria irregular, el sometimiento económico, la coerción y hasta el secuestro. Estas son algunas de las formas que las redes de trata utilizan para captar a niñas, adolescentes y jóvenes. Casi 12 mil víctimas fueron rescatadas y asistidos en estos últimos diez años, según informó el Comité Ejecutivo Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas.

Desde 2008 hasta la actualidad, hubo 5396 víctimas rescatadas de trata con fines de explotación sexual. Sin embargo, solo existen 386 procesos por esta causa en los últimos tres años. “No hay una restitución de derechos para las víctimas”, criticó Kinan Sánchez.

En estos últimos años, Argentina avanzó en materia legal a través de la penalización de las personas involucradas en las redes de trata, en la promoción de centros de asistencia a víctimas y de la línea 145 para denunciar los casos, y la difusión a través de campañas de concientización en medios de comunicación.

Si bien existe una amplia normativa, los referentes consultados coincidieron en que “falla la aplicación” de las políticas públicas. La directora del área de trata de personas del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (INECIP) , Aldana Romaro, sostuvo a AUNO que “las políticas existentes son una ficción”, ya que si bien hay “un buen sistema de asistencia inmediata”, la asistencia a largo plazo es “deficiente”. En nuestro territorio “no se puede garantizar a las víctimas que puedan construir un plan de vida distinto por fuera de su situación de explotación”.

En sintonía, Kinan Sánchez propuso que “haya modificaciones” en las leyes para “seguir por el camino de la ampliación de los derechos de las víctimas” y también en “la penalización de quienes forman parte de las redes de trata”.

Argentina, ejemplo en normativa contra la trata

Desde el Comité Ejecutivo Para la Lucha Contra la Trata y Explotación de Personas y Para la Protección y Asistencia a las Víctimas explicaron a AUNO que en 2018 el Departamento de Estado de los Estados Unidos calificó a Argentina como Tier 1, la escala más alta de la evaluación, donde figuran aquellas naciones que cuentan “plenamente con los estándares mínimos para la erradicación de la trata de personas”. La calificación forma parte del reporte anual elaborado por la Oficina para Monitorear y Combatir la Trata de Personas del gobierno estadounidense.

Argentina comparte la categoría Tier 1 con Chile y Colombia, los únicos países latinoamericanos con esa calificación. Brasil, Paraguay, Uruguay, Perú, Ecuador y México se mantienen en la categoría Tier 2 —en la que figuran naciones con acciones insuficientes en esta materia—; mientras que Venezuela y Bolivia están dentro de la categoría Tier 3, la última de la escala.

La ley 26.842 —modificó en 2012 a la ley 26.364— define a la trata de personas como “el ofrecimiento, la captación, el traslado, la recepción o acogida de personas con fines de explotación, ya sea dentro del territorio nacional, como desde o hacia otros países”. Desde esta modificatoria “el consentimiento dado por la víctima de la trata y explotación de personas no constituirá en ningún caso causal de eximición de responsabilidad penal, civil o administrativa de los autores, partícipes, cooperadores o instigadores”.

La activista por los derechos de las mujeres Kinan Sánchez resaltó que la normativa de 2012 logró que “la víctima no tenga que dar su consentimiento para que sea considerado un delito”. En la ley de 2008 se había planteado que había que demostrar la vulnerabilidad de la víctima, lo cual “era muy difícil porque los procesos indagatorios en las fiscalías no estaban preparados para ahondar sobre las propias historias”. “Se realizaron muchos allanamientos en los prostíbulos que no daban los resultados esperados porque las mujeres no se reconocían como víctimas. Esto sucede todavía en la actualidad, pero con la ley anterior, sin su clara declaración, era muy difícil hacer las imputaciones”, explicó la referente feminista.

La normativa actual contempla como explotación a toda situación en la “se redujere o mantuviera a una persona en condición de esclavitud o servidumbre, bajo cualquier modalidad; se obligare a una persona a realizar trabajos o servicios forzados; se promoviere, facilitare o comercializare la prostitución ajena o cualquier otra forma de oferta de servicios sexuales ajenos; se promoviere, facilitare o comercializare la pornografía infantil o la realización de cualquier tipo de representación o espectáculo con dicho contenido; se forzare a una persona al matrimonio o a cualquier tipo de unión de hecho; y se promoviere, facilitare o comercializare la extracción forzosa o ilegítima de órganos, fluidos o tejidos humanos.”

Argentina fue uno de los primeros países de la región en desarrollar una política que combate la trata de personas a través de sus leyes. La referente del INECIP aseguró que nuestro país se encuentra en una situación “ventajosa” porque cuenta con una serie de herramientas normativas que han sido, en muchos casos, “vanguardistas”.

“Nuestro país, cuando sancionó la ley, era el único que avanzaba en esta problemática junto a Colombia, que ya había hecho reformas legislativas sobre el asunto. La normativa, en muchos aspectos, es interesante por la institucionalidad que construye”. Aunque, reconoció que en términos de “políticas de persecución penal” faltan cosas por hacer: “tenemos problemas estructurales, más allá de lo que la ley establezca o sostenga”.

Rescates, denuncias y delitos de trata en números

El Programa Nacional de Rescate y Acompañamiento a las Personas Damnificadas por el Delito de Trata, creado en 2012, registró 11.853 víctimas rescatadas y/o asistidos en estos últimos diez años. La entidad, dependiente del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos, advirtió que el 46 por ciento fue por trata con fines de explotación sexual, y el 53 por ciento de las mujeres rescatadas son extranjeras.

En 2017 se contabilizaron 38 delitos de trata, de los cuales 34 tuvieron procesamientos. El 55,8 por ciento fue por trata con fines de explotación sexual, el 38,24 por explotación laboral y el 5,88 por matrimonio forzoso. A su vez, se notificaron 39 sentencias, de las cuales 32 fueron condenatorias (28 por explotación sexual y 4 por explotación laboral).

Según la Procuraduría de Trata y Explotación de Personas (PROTEX), desde julio de 2015 hasta la actualidad se realizaron 5.138 denuncias en la línea 145, vía de comunicación gratuita, anónima y nacional, que recibe llamados los 365 días del año.

El informe destaca “el altísimo número de llamadas efectuadas de manera anónima”: el 61 por ciento fue realizado de esa forma durante los últimos dos años. Los resultados del relevamiento se debieron a “una herramienta de acceso a la justicia y a la detección de casos de crimen organizado” que la convierte en “un instrumento eficaz para conocer e investigar supuestos de autores vinculados al poder (funcionarios públicos, empresarios, titulares de marcas, entre otros), dado que los ciudadanos tienen un lugar para denunciar, sin exponerse a posibles riesgos personales”.

Desde las organizaciones que luchan contra la problemática encuentran ciertas fallas. “La línea 145 es eficaz porque recibe las denuncias. Sin embargo, eso no implica que luego las denuncias encuentren su cauce. Esto no quiere decir que no se investigue o se haga de un modo incorrecto, sino que la información recabada en la denuncia no es suficiente para corroborar la existencia de un delito, incluso para iniciar una investigación”, aseguraron desde la Colectiva de Intervención ante las Violencias, en diálogo con AUNO. La complejidad del tema, explicaron, “excede lo que una línea telefónica o una ley por sí solas puedan abarcar” porque se requiere de “otros mecanismos y herramientas integrales para su abordaje”.

En tanto para las Madres Víctimas de Trata, la línea “no toma las medidas necesarias” para asistir a las víctimas y suele haber “bastante demora” en la atención, aunque “sirve porque cuando se denuncia, la causa se dirige de forma automática al juzgado”, lo cual agiliza el proceso.

El Comité sostuvo que desde el Estado se busca construir “estadísticas unificadas” ya que “las cifras actuales son fidedignas y transparentes”, pero “resulta necesario que puedan ser armonizadas”. También afirmaron que se está trabajando en un Registro Nacional de Datos como sistema permanente de información y monitoreo, que está contemplado en la Acción 3 del Eje de Fortalecimiento y Articulación Institucional del Plan Nacional bienal 2018-2020. Por otro lado, impulsarán un proyecto de ley para crear un fondo fiduciario de asistencia directa a la víctimas, ya que esto es “una deuda pendiente del Estado sobre este delito”, aseguraron.

Conocé los resultados estadísticos en la siguiente infografía.

La experiencia de las asociaciones

La fundadora de Madres Víctimas de Trata, Margarita Meira, afirmó que hay “30 mil prostíbulos en todo el país” donde se encuentran alrededor de “27 mil mujeres desaparecidas” por las redes de trata. La integrante de la asociación, ubicada en Constitución, denunció que ciudad de Buenos Aires tiene 1200 prostíbulos y en cada uno hay un promedio de 10 mujeres explotadas.

“El 80 por ciento de las mujeres rescatadas sufren esquizofrenia” como consecuencia de las violencias a las que se encuentran sometidas, añade Meira. “Hablé con el psicólogo que trabaja con las tres jóvenes que rescatamos desde la asociación y me dijo que ellas tienen esquizofrenia por las violaciones, amenazas, golpes y el consumo de alcohol y drogas al que son sometidas”, contó.

Desde la asociación advierten que el trabajo que se realiza desde la PROTEX no es suficiente y piden que haya una fiscalía y un juzgado exclusivos para trata. Las autoridades de la Procuraduría tienen mucha voluntad para avanzar en el tema porque se llevaron a juicio muchos casos, pero nosotros queremos exclusividad”, explicó.

Desde Madres Víctimas de Trata exigen además que “las víctimas tengan garantizado juicios dignos con abogados querellante de oficio” junto a “las condiciones necesarias para su seguridad y la de su entorno”; juicios por jurado que cumplan con la Constitución para “terminar con la corrupción judicial, policial y política”; la creación de un banco de huellas dactilares para los entierros NN y del mapa de la trata; y “el desmantelamiento inmediato de las redes de trata, el cierre de todos los prostíbulos en todo el territorio nacional”.

También remarcaron la creación de políticas públicas; que el delito de trata con fines de explotación sexual sea reglamentado como delito de lesa humanidad; que se eleve a jerarquía constitucional el convenio para la represión de la trata de personas de 1949 (ONU); y que en las oficinas y organismos de gobierno que trabajan trata sean las víctimas rescatadas las que ocupen cargos ya que son la única que conocen el problema a fondo.”

Romaro manifestó que el principal desafío es la falta de implementación del Código Penal que permite que los jueces federales investiguen los casos. Esta falencia “atenta” contra cualquier política que intente ser “eficaz” e “inteligente” contra la trata. “Es muy difícil avanzar en la persecución de este tipo de criminalidad, si seguimos estudiando e investigando, caso a caso, como hacen los jueces federales. Además no tienen herramientas de persecución modernas que debería tener cualquier ministerio público fiscal que se precie de ser serio. “Esto es un problema estructural de la justicia federal argentina”, analizó la especialista.

Por su parte, Colectiva de Intervención Ante las Violencias (CIAV) agregó que el problema también radica en la falta de visibilización en los medios de comunicación. “El tema estuvo en la agenda pública y política durante un período a partir de 2012 (con la modificación de la ley) pero los recursos que se destinan o incluso el enfoque dado no son suficientes para abordar la problemática de manera integral”, analizaron.

Desde el INECIP también destacaron la importancia de concientizar sobre este flagelo. “Este problema social no existe si no es al amparo de una serie de patrones culturales que lo reproducen” en nuestra sociedad, lo cual sostiene, habilita y promueve que exista la explotación sexual y laboral.

AUNO-14-10-18
VL-CSD-SAM

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