Lomas de Zamora, noviembre 10 (AUNO).- Los trabajadores del Cuerpo Interdisciplinario de Protección contra la Violencia Familiar denuncian un “vaciamiento sistemático” que repercute no sólo en su situación laboral, sino también en quienes acuden al organismo para recibir asistencia psicológica.
A modo de reclamo por la falta de personal y la sobrecarga laboral, emocional y física que implica su trabajo, hace 15 días el equipo del programa Las Víctimas contra las Violencias, del Ministerio de Justicia, dejó de recibir nuevos expedientes de casos de violencia familiar que llegan desde los juzgados porteños. De todas maneras, no interrumpió el tratamiento de las personas que atendía desde antes de la medida de fuerza.
Los trabajadores exigen que la sede del Cuerpo Interdisciplinario vuelva a estar a dos cuadras de Tribunales como hace unos años, que se aumente el personal y que se reduzca la jornada para evitar los “efectos traumatizantes” de ser testigos constantes de historias de violencia y el desgaste provocado por la sobrecarga laboral.
La delegada de ATE Isabel Vieyra de Abreu, detalló, en diálogo con AUNO, que el cuerpo de profesionales se redujo, en un año y medio, de 50 a 26 personas, mientras que las denuncias por violencia familiar se incrementaron en un 55 por ciento, por lo que no dan a basto con la carga de trabajo. De hecho, la reducción de personal se produjo porque los trabajadores no aguantaron las condiciones y renunciaron a sus puestos, que no fueron cubiertos nuevamente.
Abreu, además, remarcó que este déficit se refleja en la atención que reciben las víctimas de violencia familiar y sexual, para quienes ya de por sí es difícil llegar a la instancia de denuncia por el miedo a lo que pueda pasar después.
La delegada reclamó el traslado de la sede de Costanera Sur porque está en un lugar “despoblado”, lo que complica el acceso para el personal y para los denunciantes, que muchas veces son “mujeres solas que tienen que moverse con nenes chiquitos”. Además, sólo se puede llegar con una línea de colectivo, y las víctimas por lo general “no tienen los recursos” para llegar por otros medios.
Las víctimas de violencia, resalta Abreu, lo son “doblemente” por la desidia del Estado, que no les da la atención correspondiente cuando lo necesitan ni tampoco garantiza el buen funcionamiento de un programa nacional que debería darles contención. La delegada instó al Ministerio de Justicia a hacerse cargo de la situación de sus empleados y responder a los reclamos que se arrastran “desde hace más de dos años”.
AUNO-10-11-2017
MIJ-MDY
