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La denuncia para evitar la venta definitiva de 307 hectáreas del predio de Santa Catalina fue desestimada por el Juzgado Federal Nº 3 de La Plata, que no sólo no dio viabilidad a la presentación de un legislador provincial de la Coalición Cívica, sino que además denegó la acusación al rector de la Universidad Nacional de La Plata (UNLP) por “incumplimiento los deberes de funcionario público y enajenación de tierras”. Mientras, en la zona de alta biodiversidad comenzó a instalarse la empresa Covelia: “Fui a la laguna y un guardia de seguridad privada me impidió el ingreso”, denunció una estudiante platense afín a la defensa de la reserva.
El juzgado no dio lugar a la denuncia impulsada por el diputado bonaerense Walter Martello y entendió que la venta del predio lomense por parte de la UNLP fue “de buena fe”, aunque al momento de adquirir las tierras mediante la figura de “donación con cargo” la institución no debería realizar operaciones con el predio a menos que sea para la utilización específica para el que fue comprado, es decir el educativo.
El argumento judicial sostuvo que la casa de altos estudios no está obligada a conocer el destino de Santa Catalina, sino que debe ser la Municipalidad de Lomas de Zamora la que defina su futuro, sobre todo porque está calificada como Espacio Verde Público (EPV). De esta manera, la figura no responde a intereses privados sino que es otra de las variables a tener en cuenta para detener su venta que, sin embargo, la Justicia no evaluó.
En diálogo con AUNO, Martello aclaró que es preciso “retomar la acción judicial” para intentar una respuesta satisfactoria por otros caminos, porque su denuncia “apunta a la venta y no considera la cuestión ambiental”. Según consideró, “tendrá un resultado positivo” insistir en la necesidad de preservar un espacio verde que aloja a más de 700 especies vegetales y a 172 clases de aves, entre otros habitantes del área más oriental de los bajos del Río Matanza. El predio vendido abarca la totalidad de la laguna de Santa Catalina.
En este mismo sentido, Azul Lamoglia, estudiante de Derecho de la UNLP y militante de la agrupación “Jóvenes por la igualdad”, explicó que existen dos vías de acción judicial para combatir el asentamiento de Covelia en el predio, del que ya existe un boleto de compra venta. Una vez desestimada la denuncia, puede anularse el documento de la operación porque, normalmente, “se efectúa entre (actores) privados y en este caso se ponen en juego intereses públicos”. También puede optarse por recurso de amparo que remita a los derechos colectivos ambientales”, detalló.
LA POSTURA DE LA UNLP
Para Lamoglia, la principal estrategia de la universidad platense fue, desde que se dio a conocer la intención de vender el predio, el “cambio de roles”. De esta manera, las autoridades difundían entre sus alumnos la información de que la operación comercial efectuada con el patrimonio natural iba a ser beneficiosa para la institución porque le permitiría ampliar sus instalaciones, de la Facultad de Humanidades, por ejemplo.
La información siempre fue la justa y necesaria: “Una de las mayores problemáticas es la falta de repercusión entre los estudiantes de la UNLP”, denunció la militante. Y frente a las novedades judiciales, la postura no fue distinta.
Según Lamoglia “por el momento no se difundieron precisiones” sobre la desestimación del tribunal federal a cargo de Arnaldo Corazza, sino que “las autoridades colgaron en la página (oficial de la universidad) una nota con su posición cuando supieron de la existencia de la denuncia”.
Efectivamente, los argumentos de la UNLP están y coinciden con las consideraciones de la Justicia en cuanto a que la institución tiene “legítimo derecho” para vender el predio. Según cita la web, el inciso 23 del artículo 52 del estatuto universitario y del “a” del artículo 113, sostienen que “constituyen el patrimonio de la universidad los bienes, cualquiera sea su naturaleza, que forman parte de su actual patrimonio y los que ingresen al mismo por cualquier título. Por lo cual, la UNLP no necesita otra autorización que la del Consejo Superior para realizar esta operación”. Incluso, al parecer, cuando se trata de espacios ricos en biodiversidad que serán afectados por el tratamiento de residuos.
“NO PODÉS PASAR, ANORA ESTO ES PRIVADO”
Era un domingo. Lamiglia quería ingresar a la laguna, como de costumbre, para visitarla. Pero cuando lo intentó, un policía de seguridad privada la detuvo y le advirtió: “No podés entrar porque esto ya no es público, ahora es privado”, según el relato de la estudiante.
Aunque aún resta la etapa de reescrituración,la instalación de la empresa de residuos Covelia en las 307 hectáreas ya es un hecho, y con ello coincidieron la militante platense, Martello y el ingeniero agrónomo Alberto De Magistris, uno de los pioneros de la causa. Precisamente, esta situación era otra de las aristas de la denuncia que no fue tenida en cuenta.
Para De Magistris, es claro que “no se conoce en profundidad la importancia de Santa Catalina”, lo que considera evidente en el comportamiento de la UNLP “como si fuese una empresa privada”.
“Quizás no era el juez ni el juzgado”, intentó formular el docente de la facultad de Ciencia Agrarias de la Universidad de Lomas de Zamora (UNLZ), sin embargo no se resignó a abandonar las medidas judiciales. “Mientras que la Municipalidad no accione, más allá de la nomenclatura de Santa Catalina, la empresa privada hace lo que quiere”, denunció.
MNL-AFD
AUNO-26-11-2008
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