(AUNO-Tercer Sector*) Seducidas por las cifras tentadores de un aviso que solicita chicas para un publicidad o esperanzadas por la promesa de un trabajo digno, mujeres y niñas ven como los espejitos de colores pierden su brillo para transformarse en oscuros sótanos donde la humillación y el maltrato serán la única paga por caer en la trampa. La trata de personas podría ser castigada si el Senado de la Nación aprueba alguno de los proyectos que solicita la tipificación del delito con penas que llegan a los 20 años de prisión.
Sin embargo, para un grupo de organizaciones dedicadas a la problemática del tráfico de personas nucleadas en la Red No a la Trata, el vacío o la imprecisión en algunos puntos de los proyectos les permite suponer que favorecen al traficante. “No especifican que el delito se configura con o sin el consentimiento de la víctima y además, incorpora como constitutivo de la figura que haya habido engaño o abuso sobre la víctima cuando estos métodos deberían ser agravantes de la pena”, sostuvo la abogada Marta Fontenla, miembro de la Red integrada por la Fundación Mujeres en Igualdad, Acción Solidaria en Salud, Feministas en Acción, Mujeres en Acción, entre otras y que cuenta con la colaboración del Consejo Nacional de la Mujer y el Consejo de Niñez, Adolescencia y Familia.
El punto en discordia es la definición de trata de personas que se establece en la iniciativa presentada por la Oficina de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos, dependiente de la Procuración General de la Nación. El texto define como trata “la captación y el traslado de personas recurriendo a la amenaza, al rapto, al engaño o de una situación de vulnerabilidad con fines de explotación”. Luego agrega que “si se acredita algunas de estas situaciones, el consentimiento otorgado por la víctima no se tendrá en cuenta” para detener al autor. Este concepto fue tomado del Protocolo de Palermo, un acuerdo internacional para luchar contra el tráfico que fue suscripto por el Estado argentino.
Eugenio Freixas, director de la Oficina de Asistencia, desestimó de forma categórica las críticas lanzadas por la organización. “Nuestro proyecto recoge lo establecido en el Protocolo de Palermo y es superador de la discusión del consentimiento ya que tiene en cuenta las condiciones de vulnerabilidad que sufren las víctimas. Esto da a entender que no tuvieron opciones”, justificó para luego agregar: “No podemos discutir lo que el mundo no discute”, en referencia al convenio internacional.
Esta declaración generó la reacción inmediata de Fontenla. “Esto no se puede minimizar diciendo que no se discute. Está claro que esto no se discute en los países del centro que son importadores de personas, pero sí en el Tercer Mundo, como pasa en Colombia” respondió la letrada. Además, expresó la necesidad de que la ley contemple la tipificación del delito de acuerdo a los métodos de apropiación de la persona y los fines del explotador, como ser la prostitución, el tráfico de drogas, de armas o de órganos humanos.
Mientras que el proyecto del organismo estatal establece una pena de 4 a 10 años a los actores involucrados en la captación y traslado de personas para su explotación, otra de las iniciativas presentada por las senadoras Alicia Kirchner y María Cristina Perceval impone de 3 a 6 años de prisión. Ambas propuestas prevén aumento de penas en caso de que las víctimas sean menores de edad, fueran capturadas a través del engaño, la amenaza o el abuso y si el autor fuera familiar de la víctima. En algunos casos, la pena asciende a 20 años de prisión.
La sanción de algunos de estos proyectos permitirá, según la apreciación de Freixas, que las causas sean instruidas por la Justicia Federal y se implemente un programa de asistencial integral a la víctima del mercado de personas. “Hoy la suerte de la víctima depende del territorio donde ocurra el delito. Desde la Oficina de Asistencia brindamos atención psicológica, alojamiento y la posibilidad de retornar a su lugar de origen, pero no llegamos a todas las provincias”, reconoció el funcionario.
Este paquete de iniciativas, a la que se suma la del senador Jorge Capitanich, está siendo analizado en la comisión de Justicia y Asuntos Penales, presidida por la frepasista Vilma Ibarra, donde podría encontrar la próxima semana un dictamen favorable, según adelantaron fuentes legislativas.
Estadísticas que alertan
Marita Verón, Gabriela Salinas, Florencia Penacchi y Fernanda Aguirre son tan sólo algunos de los casos que algún momento ocuparon los titulares de los diarios y hoy engrosan las estadísticas de las mujeres y niñas que cayeron en las redes de trata de personas, el tercer negocio redituable del mundo que creció en la Argentina de la mano de la pobreza y la marginalidad.
Si bien no hay cifras oficiales debido a que aún no está tipificado en el Código Penal, organizaciones de la sociedad civil y organismos internacionales alertan sobre el incremento de este tipo de prácticas desde la crisis de 2001. “Si se aprueba el proyecto se podrá comenzar con la tarea de recolectar información sobre este tema y tener un registro de casos”, aseguró Freixas.
Según últimas estimaciones de la Organización Internacional de Trabajo ( OIT), en nuestro país hay al menos medio millón de personas involucradas en trata y tráfico sexual: en promedio, se notifican diez casos por día.
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Cómo comunicarse:
Oficina de Asistencia Integral a la Víctima de Delitos: 4951-0255/2180.
Red no a la Trata: http://www.mujeresenigualdad.org.ar/otros_red.htm
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