“Es un ninguneo el no dar una pronta solución a esta problemática”. Esta frase de las autoridades del Cottolengo Don Orione de Claypole sintetiza el estado de situación frente al atraso de los pagos de los salarios de los trabajadores del lugar y de las prestaciones previstas en el Programa Federal Incluir Salud. Esta situación pone en peligro la continuidad de esta institución que desde hace 83 años brinda asistencia a más de 370 personas con discapacidad en el sur del Conurbano.
La comunidad del Cottolengo reclama desde hace siete meses a la Agencia Nacional de Discapacidad una respuesta sobre esta “situación crítica”. Hasta el momento tuvieron la cancelación efectiva hasta mayo de las deudas en las prestaciones. Aún les deben los últimos tres meses. La Agencia asumió “el compromiso de cancelar las prestaciones con regularidad para asegurar la previsibilidad y el normal funcionamiento” de la institución.
El Estado “necesita recortar los gastos públicos y comienza por las personas más vulnerables”, pero “el ajuste no va por los más débiles y necesitados”, criticó uno de los coordinadores del equipo de conducción de la institución, Jorge Silanes, en diálogo con AUNO.
Las instituciones de discapacidad tuvieron sólo tres reuniones en lo que va del año con el Directorio del Sistema de Prestaciones Básicas de Atención Integral a favor de las Personas con Discapacidad, y todavía el conflicto no se resolvió. Parecería que “anularon el espacio formal donde poder dejar documentado lo que ocurre”, señalaron las organizaciones.
El religioso de la obra Don Orione comentó que “encontrarse ante la situación de haber hecho su trabajo y que la institución, no por culpa propia sino de agentes externos, no paga los sueldos no es bueno”. Los trabajadores “tienen derecho de percibir la retribución”, aunque comprenden que no es problema de la institución.
“Hace más de un año que tenemos problemas. ¿Quién puede resistir a lo largo de siete meses en este estado?. Esto hace que nuestra situación sea crítica”, denunció Silanes.
Al conflicto salarial se les suman los retrasos en los aportes a la Administración Federal de Ingresos Públicos (AFIP) de los trabajadores, el pago a proveedores de alimentos y la suspensión de los tratamientos farmacológicos, falta de los insumos dietoterápicos, pañales y elementos ortopédicos de los residentes.
La respuesta que recibieron por parte del Estado fue “una maraña de cuestiones técnicas administrativas” donde prometieron “estar a punto de resolverlo”, pero la solución nunca llegó.
Por otra parte, los aranceles de las prestaciones “no se encuentran re adecuados con la realidad actual”, y ante la consulta por la posibilidad de un aumento les contestaron que hay “falta de presupuesto”.
La vicepresidenta Gabriela Michetti visitó la institución en 2017 durante época electoral. “Estuvo sentada acá, se sacó fotos con la virgen de Luján. No creo que nos abandone”, afirmó el apoderado de la institución. “Hemos enviado una carta documento para pedirle que dé una pronta respuesta”, subrayó.
Un derecho, no un subsidio
La institución brinda un servicio que no se paga, por lo que “se vulneran los derechos de las personas con discapacidad, que tienen garantizado por la ley, para recibir esta prestación”, enfatiza Silanes. Es importante que se resuelva este conflicto porque “es un derecho, no un subsidio”.
La ley 24.901 de Sistema de prestaciones básicas en habilitación y rehabilitación integral a favor de las personas con discapacidad, en su primer artículo, define la creación de “un sistema de prestaciones básicas de atención integral a favor de las personas con discapacidad” que contempla “acciones de prevención, asistencia, promoción y protección” con el objetivo de “brindar una cobertura integral a sus necesidades y requerimientos”.
Las obras sociales, explica el segundo artículo, “tendrán a su cargo con carácter obligatorio la cobertura total de las prestaciones básicas que necesiten las personas con discapacidad afiliadas a las mismas”. De este modo la normativa obliga al programa Incluir Salud a cumplir con la cobertura de todas las prestaciones necesarias de las personas con discapacidad.
Incluir Salud es la obra social del pensionado por discapacidad. Los beneficiarios de pensiones no contributivas tenían como titular de la obra social a PAMI. Sin embargo, este tipo de pensiones dadas en casos de discapacidad sin haber hecho aportes pasaron a formar parte del programa federal, dependiente de la Agencia Nacional de Discapacidad, que “transfiere fondos a las provincias para garantizar que todas las personas titulares de dichas pensiones puedan acceder a una atención de calidad”.
“El programa dejó de proveer los insumos necesarios para los residentes: sondas, pañales y distintos tipos de insumos que son necesarios para poder afrontar y llevar una vida digna y con una cierta calidad de vida”, criticó Silanes.
La comunidad del Cottolengo
Hace 83 años Luis Orione empezó a darle visibilidad a la discapacidad. El Cottolengo de Claypole, fundado en 1935, es el más grande de los 12 ubicados en todos el país. “La discapacidad es una problemática, de la cual poca gente se dedicaba a trabajar porque no había ningún dispositivo para brindarle atención a esas personas”, relató el director.
El dolor es el común denominador de los trabajadores y las familias de esta institución. Por un lado, son reconocidos desde el ámbito social con hechos como la entrega del premio Konex por el trabajo realizado en la última década. “Esta caricia al alma nos fortalece y nos renueva para seguir en el camino emprendido. Queremos agradecer las muestras de afecto y el apoyo en los momentos difíciles”, expresaron desde la institución tras obtener el premio en el rubro Entidades de la Sociedad Civil.
Sin embargo, por el otro lado, no son tenidos en cuenta por quienes deberían sustentarlos en lo económico.
La coordinadora técnica de la obra Don Orione en Argentina, Beatriz Pérez, aseveró que “es una situación difícil para las familias” ya que “algunas de ellas ni siquiera pueden hacerse cargo del hijo con discapacidad porque trabajan o no tienen recursos”.
Además, explicó que el Cottolengo brinda servicios como el centro educativo terapéutico a personas que en su mayoría provienen de “familias sin recursos o que no tienen a nadie que pueda hacerse cargo de ellos”.*
El referente de la Asociación de Transportistas y Amigos de la Educación para Capacidades Distintas (ATAECADIS) Carlos Scipione contó que “es desesperante” porque no pueden trasladar a las personas con discapacidad por este atraso. “Los residentes son gente humilde que no tiene posibilidades de pagar un transporte que los lleve a rehabilitación o a la institución a la que concurre”, agregó.
Por cada transporte de discapacidad que no puede seguir con su trabajo, se pierden dos fuentes de trabajo. “Nosotros perdemos el trabajo. *Cada vehículo que traslada a una persona con discapacidad tiene dos trabajadores: un asistente y un chofer*”, explicó Scipione.
En la actualidad viven 370 personas con discapacidad de forma permanente y alrededor de 100 pacientes son los que visitan el lugar de forma ambulatoria. El lugar cuenta también con un centro educativo terapéutico y un hogar.
El centro educativo terapéutico provee de terapias a los residentes con el objetivo de brindar actividades y talleres, desde productivos hasta recreativos y sociales que procuran ”mejorar la vida” de ellos.
Cocina, lavado de autos, catequesis, huerta y una infinidad de talleres que “cambian con el tiempo porque se adaptan a la nueva época”, cuentan. También funciona una escuela de educación especial para niños con capacidades diferentes, que asiste a 100 chicos, de los cuales 30 son residentes del centro.
A pesar de todas las dificultades, los trabajadores se la rebuscan. Enfermeros, médicos, terapistas ocupacionales, psicólogos y personal de limpieza continúan su labor con el mismo optimismo de siempre. “Tratamos de ajustarnos a lo que se tiene y también tenemos la ayuda de la comunidad a través de aportes en alimentos e insumos, porque no alcanza para todos”, aseguró Pérez.
AUNO-13-09-2018
CSD-SAM
