Lomas de Zamora, sep 13 (AUNO) – El gobernador bonaerense, Daniel Scioli, aseguró que el juicio por jurado “va a ayudar a que los delincuentes no entren por una puerta y salgan por la otra” y destacó que ese sistema es herramienta que en muchos países del mundo “ha servido para combatir la inseguridad”.
El mandatario provincial aludió así a los juicios por jurado que el Senado bonaerense convirtió ayer en ley.
Scioli afirmó que al igual que con la creación de la Defensoría del Pueblo, “estamos saldando viejas deudas constitucionales” debido a que esta nueva ley “de acuerdo al bloque mayoritario del Senado del Frente para la Victoria” servirá para democratizar la justicia.
La ley presenta una nueva modalidad que “le permitirá a la gente ajena al derecho formar parte del análisis de casos”, dijo el gobernador.
Aseguró que es un gran acontecimiento “el poder abrir los tribunales a la participación popular” ya que se cumplieron 30 años de democracia.
Scioli afirmó que confía en que la próxima conformación legislativa “seguirá favoreciendo los grandes debates por sobre las diferencias políticas”, luego de las elecciones.
El Senado provincial aprobó la ley que permite implementar el toda la provincia el juicio por jurados en los casos de delitos graves que tengan penas de más de 15 años de prisión.
La iniciativa fue sancionada ayer por la mayoría de los bloques, aunque con la ausencia de los legisladores del Frente Renovador, que responden a Sergio Massa, quienes se retiraron del recinto.
La norma había sido impulsada por el Poder Ejecutivo provincial pero recibió cambios en Diputados, que la aprobó en diciembre.
La nueva ley dispone que los jurados estarán integrados por doce ciudadanos titulares y seis suplentes, quienes serán seleccionados por sorteo sobre el padrón electoral y no podrán ser abogados ni escribanos. También establece que participar del mismo será obligatorio por tratarse de una “carga cívica” y los integrantes del jurado recibirán una remuneración.
El jurado actuará en casos de delitos graves, cuya pena supere los 15 años de prisión, intervendrá en todos los debates y dará su veredicto. Los imputados tienen la posibilidad de renunciar a la aplicación del juicio por jurados ya que ese mecanismo es considerado un derecho.
El cuerpo será presidido por un juez, quien suministrará las instrucciones para que deliberen los jurados, y luego los integrantes deberán reflexionar en sesión secreta por un plazo máximo de dos días, prorrogables por igual período, para determinar la culpabilidad o inocencia del acusado.
En caso de no existir acuerdo entre sus integrantes, la votación se repetirá en tres oportunidades y, de seguir así, se planteará la no culpabilidad o se declarará estancado el debate, para lo cual habrá que conformar un nuevo tribunal.
Además, las sentencias absolutorias de los jurados no podrán ser apeladas por los fiscales.
Según los fundamentos del proyecto, “la instauración del juicio por jurados apunta no sólo a reconocer la participación ciudadana en los asuntos públicos, sino que, a la vez, potenciará sin duda alguna el principio de publicidad de los actos de gobierno y la transparencia en la administración de Justicia”.
El juicio por jurados, contemplado en la Constitución nacional, se implementa desde 2005 en Córdoba, aunque funciona con un esquema integrado por ocho ciudadanos y dos jueces.
“El juradismo avanza en el país. Todas las democracias constitucionales del mundo tienen participación directa de jurados, en los 50 años que tuvimos Estado de sitio era impensable, pero con los gobiernos democráticos nos topamos con el escollo del pensamiento corporativo que no quiere perder el monopolio del juzgamiento”, destacó el jurista Andrés Harfuch, del Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip), promotor de ese procedimiento.
AUNO 13-09-13
EV-NP-HRC
