En 2005 el entonces presidente Néstor Kirchner aceptó la responsabilidad el Estado y junto a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos se firmó una serie de puntos a cumplir, entre ellos, la obligación de promulgar una Ley de Reparación, para pagar una indemnización a los familiares de los muertos y a los sobrevivientes con heridas de condición grave o gravísima. Ese proyecto pasó varias veces por el Congreso, nunca se votó y acaba de perder estado parlamentario.
“Los familiares están pasando situaciones monetarias y financieras muy difíciles. Pasaron 20 años, hay familias que quedaron destruidas. No están pagando por los muertos. No es que están cambiando plata por dejar de luchar. Esto es una obligación del Estado”, reclama el sobreviviente Hugo Fryszberg. No solo sufren daño moral. “Tomo un medicamento muy costoso, que sale 1800 pesos”, cuenta Humberto Chiesa. ”Esto fue en 1994, ¿cuántos años pasaron para que yo pueda cobrar una indemnización? Al principio me daba vergüenza reclamar algo, pero perdí mi negocio. Tenía empleados, deudas… y si bien mucha gente me ayudó, otros no estuvieron cuando los necesitaba.
