El genocida y un beneficio que preocupa y provoca

La concesión de prisión domiciliaria al represor Miguel Etchecolatz generó el repudio de numerosos organismos de derechos humanos. Desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) manifestaron su preocupación ante la posibilidad de que esto se extienda a otros condenados por delitos de lesa humanidad.

Walter Sosa

Lomas de Zamora, agosto 23.- La directora general de Áreas de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Sandra Raggio, expresó su preocupación ante la decisión del TOF 1 de La Plata de otorgarle prisión domiciliaria al ex jefe de la Policía Bonaerense Miguel Etchecolatz y espera que la decisión judicial se sostenga en instancia de apelación para que el represor “siga privado de su libertad en una institución de encierro o en una institución de salud bajo custodia del Servicio Penitenciario Federal”.

“Nos preocupa, también, las razones bajo las cuales alegaron sus sentencia los jueces platenses. Razones humanitarias y por avanzada edad que son criterios muy generales, que en realidad no dan cuenta de fundamentos serios para otorgar una domiciliaria”, cuestionó Raggio la decisión de los magistrados Alejandro Daniel Esmoris y Germán Andrés Castelli.

La referente de la CPM recordó la existencia de “informes forenses que indican no haber probado que (Etchecolatz) tenga problemas de salud que implicarían la necesidad de beneficios, sino que padece complicaciones en el hígado por su huelga de hambre”, motivo por el cual el ex policía hoy está internado en un hospital.

A Raggio le preocupa que esto “marque una tendencia con respecto a otorgar otras domiciliarias a otros represores” por razones tan generales como la edad o las supuestas cuestiones humanitarias, y aseveró que este hecho “puede ser claramente una política de impunidad”.

“No sé si es una provocación en sí (por parte de cierto sector del Poder Judicial) pero resulta grave que los magistrados no puedan entender la resonancia política y simbólica que tiene una figura como la de Etchecolatz”, manifestó.

El ex director de Investigaciones de la Policía Bonaerense tuvo a su cargo 21 centros clandestinos de detención que funcionaron en la provincia de Buenos Aires durante la última dictadura militar.

Según consideró Raggio, el beneficio de la prisión domiciliaria es una provocación “a la sensibilidad de las víctimas y sus respectivas familias” y, además, “genera temor” porque Etchecolatz “sabe, tiene muchísima información”.

“Sabe dónde está Clara Anahí —nieta de Chicha de Mariani—, sabe qué pasó con los chicos de La Noche de los Lápices y sin embargo él nunca se puso al servicio de la Justicia ni de la sociedad como forma de reparar el daño que ha provocado”, resaltó la directora de Áreas de la CPM.

La dirigente por los derechos humanos, “en este contexto de tanta conmemoración —dado que están por cumplirse 40 años del secuestro de los estudiantes platenses y diez de la segunda desaparición de Julio López— donde las sensibilidades están mucho más despiertas, la decisión judicial provoca una mayor conmoción”.

Para Raggio, “el Gobierno no está haciendo nada para convocar a la Justicia en el sentido de la reparación de las víctimas” y es deber del Poder Ejecutivo “hacer todas las acciones que le competen para garantizar que se reparen daños que el propio Estado generó”.

“El Ejecutivo tiene que hacer que la Justicia sea justa –-añadió— y también con su voz y su discurso construir un clima que propicie la protección de las víctimas y no estas acciones que generan procesos de revictimización”.

La integrante del CPM reprochó que el presidente Mauricio Macri siga “hablando de ‘Guerra Sucia’, de las Madres como personas desquiciadas, de no tener idea de la cantidad de desaparecidos” porque, apuntó, “esto manifiesta cierta indolencia sobre el tema”.

Más allá de que esto es una decisión que toma el Poder Judicial, para Raggio, el Presidente demuestra a través de sus discursos “una falta firmeza en seguir por el camino de Verdad, Justicia y Memoria”.

AUNO 23-08-2016
WS-AFG

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