Denuncian desalojo ilegal a campesinos en Ministro Rivadavia

Organizaciones políticas y sociales aseguran que se trata de una maniobra para “favorecer intereses inmobiliarios” en las tierras que ocupa una familia desde 1979.

Juan Relmucao

Lomas de Zamora, marzo 13 (AUNO).- El Movimiento Nacional Campesino Indígena Vía Campesina (MNCI-VC) y el Frente Agrario del Movimiento Evita (FAME) denunciaron hoy que la Policía intentó desalojar sin orden judicial a una familia de agricultores de Ministro Rivadavia, partido de Almirante Brown. Según le aseguraron a AUNO “hace 35 años que estas personas viven como pequeños productores y se las quiere desalojar para favorecer el negocio de las inmobiliarias del lugar”.

Lucio Guechep, integrante del MNCI-VC, señaló que “alrededor de las 10 llegaron cuatro camionetas con agentes de la comisaría 4ta de Longchamps y del destacamento policial de Ministro Rivadavia, que maltrataron y amenazaron a la familia” integrada por los campesinos Héctor Velázquez y Ana Kerner, y sus tres hijos menores, una de las cuales es sordomuda.

“Había policías sin identificación y camionetas de la Secretaría de Seguridad del municipio”, subrayó Guechep, quién también alertó sobre la presencia “de una topadora que pudo ser frenada por los integrantes del Movimiento”.

Al momento del desalojo, la familia se encontraba acampando en la entrada del predio, lindero al Aeroclub Longchamps. En octubre pasado había sufrido otro atropello. Unos 50 policías los habían echado y habían destruido con una topadora su vivienda y los corrales donde guardaban los animales.

35 años resistiendo

Para escapar de la pobreza que azotaba a su Misiones natal, Héctor Velázquez llegó a Ministro Rivadavia en 1979 para emplearse como peón rural en una de las tantas fábricas de ladrillos de la zona. Su vida transcurrió entre piedras y moldes hasta que los hornos que había pensado como la oportunidad para el progreso se apagaron para siempre. Con la fábrica cerrada y el predio abandonado por sus dueños, el hombre decidió instalarse en esas ocho hectáreas linderas al Aeroclub Longchamps y comenzar junto a su familia una vida campesina que se extendería con las dificultades propias de la micro agricultura y la hiperinflación de los años ’80, pero sin mayores sobresaltos. Hasta octubre de 2014.

Fue entonces cuando fueron desalojados por policías que, según comunicó en su momento el MNCI, “no mostraron orden de desalojo, se movilizaban en vehículos sin patente y no realizaron un inventario de los animales o los bienes que poseía el grupo familiar”.

Desde esa ocasión, en la que Velázquez denunció el robo de “100 gallinas”, la familia decidió acampar en las puertas de la tierra que trabaja desde 1979 para poder alimentar a sus animales y cuidar sus cultivos. Esta decisión, según el hombre, le valió “el apriete” de policías de civil: “Me pegaron, me arrastraron y lo mismo hicieron con mi mujer y mis hijos, que son menores. Además nos metieron presos y todo para que nos vayamos, pero tenemos derecho a la tierra y la voy a pelear para mis hijos”, había dicho Velázquez a Télam tras el asedio de una patota.

Un trasfondo jurídico y filosófico

Con el asesoramiento del MNCI, la familia denunció el desalojo irregular y la causa recayó en el Juzgado en lo Civil y Comercial 5 de Lomas de Zamora, a cargo de la doctora Rosa María Caram. “Como la familia vive y trabaja en esas tierras desde hace más de 20 años, le corresponde ser reconocida como dueña legítima del terreno”, aseguró Guechep. El argumento jurídico citado por el activista corresponde a la ley 24.734, que bajo la figura de usucapión, establece el derecho a la propiedad de un inmueble si éste ha sido ocupado por 20 años de forma “pacífica, continua e ininterrumpida”.

“Es muy común que haya familias viviendo de esta manera. Esto se da en Ministro Rivadavia y Glew, como en tantas otras zonas rurales del Conurbano”, advirtió Guechep. En este sentido, sostuvo que “estas familias se han ganado el derecho a regularizar su tierra y más allá de este caso en particular, la discusión de fondo es acerca de la función social de la tierra por sobre los intereses económicos de las empresas inmobiliarias”.

“Se trata de dar lugar a una cultura y a una manera de vivir que tiene que ver con la soberanía alimentaria y la posibilidad de potenciar la economía local”, explicó el militante, quien anunció que en caso de no encontrar respuesta en la Justicia ni en las autoridades comunales, se organizarán protestas y medidas de fuerza en defensa de los campesinos desalojados.

AUNO-13-03-2015
JJR-MDY

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