Lomas de Zamora, mayo 14 (AUNO).- La Comisión Provincial por la Memoria de la provincia de Buenos Aires (CPM) presentará ante la Suprema Corte bonaerense un recurso que frene las “aberrantes” requisas que los policías de la comisaría de Glew llevan a cabo en los colectivos de la zona. En diálogo con AUNO, el director del Programa de Seguridad Democrática, Rodrigo Pomares, denunció que esas prácticas “pueden abrir la puerta a todo tipo de arbitrariedades por parte de la fuerza” policial.
“Vamos a hacer una presentación ante la Suprema Corte provincial, otra ante la Comisión de Derechos Humanos de la Legislatura bonaerense y le pediremos un informe al municipio, que es el que publicita este tipo de medidas”, adelantó el abogado.
Estas prácticas “son propias de un poder político (provincial) que fomenta el autogobierno, la desprofesionalización y el sesgo autoritario de la policía”, criticaron desde el organismo a una semana de que en el territorio bonaerense fuera decretada la “emergencia en seguridad”.
En este sentido, Pomares alertó que con un decreto como ése, “el poder político no pone limites a accionares ilegales cotidianos como las requisas (policiales) sin orden judicial”, a las que definió como “completamente inconstitucionales e invasivas”.
En la vereda opuesta, el comisario de la seccional de Glew, Claudio Calcagno, aseguró a AUNO que los efectivos a su cargo “no necesitan una orden judicial para comprobar si alguien tiene un arma” en la vía pública o arriba de un colectivo y explicó que las requisas comenzaron porque “hubo varios asaltos a choferes y pasajeros en las últimas semanas”.
Por su parte, el referente del CPM contrapuso que la policía “sólo puede requisar en casos de flagrancia o con la orden de un juez” y sostuvo que los procedimientos “hacen muy poco por resolver la cuestión de la inseguridad y son medidas demagógicas”.
Sin embargo, Calcagno destacó que “hay mucha gente contenta” con las “intercepciones de colectivos” y aclaró que “su única finalidad es salvar vidas y proteger los bienes de los vecinos”.
“Es lo mismo que se decía en la dictadura, que la gente estaba contenta porque venían poner orden”, retrucó Pomares, quien explicó que “no importa que cierta gente esté contenta, importa respetar el mandato constitucional de presunción de inocencia y de libertad ambulatoria”.
En este sentido, argumentó que la policía actúa “sin presunción de delito ante ciudadanos que no hacen más que viajar en un transporte público” y advirtió que las requisas “avasallan los derechos del mismo modo en que se detiene a alguien por su manera de vestir o algún otro estereotipo”.
En defensa del accionar policial, el responsable de la comisaría que inició las requisas destacó que “gracias a las intercepciones se pudo detener a dos reconocidos delincuentes de la zona y no hubo más robos a colectivos”.
Además, sugirió que “la idea es que este tipo de prácticas se extiendan a otras comisarías” y resumió que “si bien la imagen de una requisa puede remitir a épocas que nunca deberían volver, los fines son completamente diferentes”.
Desde el CPM concluyeron que “la policía no puede entender en cuestiones que son facultad del Poder Judicial” y remarcaron que el problema de la violencia “es extremadamente complejo y corresponde al diseño de políticas públicas”.
“¿En base a qué datos la policía baja a los pasajeros, los pone contra el colectivo y les abre las piernas? ¿Así se impide la circulación ilegal de armas, si es que la policía sabe cuál es ese mercado?”, se preguntó Pomares.
Así las cosas, en Glew las requisas continúan y se planea extender los operativos hacia otras zonas, mientras que la Comisión Provincial por la Memoria alista las presentaciones judiciales que buscarán devolverle al Poder Judicial una facultad, la de decidir sobre los derechos y libertades de los ciudadanos, que aparenta padecer una riesgosa intermitencia.
JJR-AFD
AUNO-14-05-14
