Analizan en Diputados proyectos para poner límites a la venta de tierras

Varios proyectos de ley que apuntan a restringir y poner límites a la venta de tierras en zonas rurales comenzarán a ser debatidos a partir de la semana próxima en comisiones de la Cámara de Diputados.

Por Raúl Campos

(AUNO*) Las iniciativas, resistidas por las corporaciones que agrupan a grandes productores rurales, fueron presentadas por separado por legisladores del justicialismo, el ARI y el Partido Socialista.
Los proyectos apuntan a corregir el método de producción rural, debido a que se aceleró la transformación del sector hacia un modelo basado en grandes unidades productivas controladas por grandes empresas nacionales y transnacionales y directamente vinculado a la exportación de comodities.
Uno de los proyectos fue presentado este año por los diputados justicialistas José Díaz Bancalari y Jorge Daud, pero otras bancadas ya lo habían hecho el año pasado como es el caso del ARI y la bancada socialista, que preside el bonaerense Jorge Rivas. El bloque del ARI, presidido por Eduardo Macaluse, había pedido una sesión especial para la semana pasada, pero finalmente acordó con el oficialismo que todos los proyectos sobre la materia sean tratados en comisiones.
Casi todos los proyectos coinciden en que se conceptúa como inmueble rural a todo predio ubicado fuera del éjido urbano, cualquiera sea su localización o destino, y se limita también la venta de tierra de los Estados nacional, provincial y municipal.
Fuera de esa prohibición quedan exceptuados inmuebles cuyo destino único fuere la actividad industrial, comercial, de servicios o vivienda con residencia permanente y así se demostrare previamente a su adquisición ante la autoridad de aplicación.
Los proyectos de regulación, una decisión que países como los Estados Unidos o europeos aplican desde hace varias décadas, son resistidos por la dirigencia de las entidades que reúnen a productores rurales y también por el secretario de Agricultura y Ganadería, Miguel Campos.
“Prohíbese la adquisición de inmuebles rurales por personas extranjeras, físicas no residentes o jurídicas no autorizadas para funcionar en el país. Las adquisiciones que se efectúen en violación de estas prohibiciones serán nulas de nulidad absoluta”, expresa el proyecto del ARI.
Según esa misma iniciativa, se encuentran comprendidas dentro de las restricciones y limitaciones “las personas físicas extranjeras residentes en el país y las personas jurídicas extranjeras autorizadas a funcionar en la República Argentina y las personas jurídicas argentinas de las cuales participen, a cualquier título, personas extranjeras físicas o jurídicas que tengan, en forma individual o en su conjunto, mayoría del capital social y/o de votos, y/o residan o tengan su sede en el exterior”.
Respecto de las sociedades titulares de inmuebles rurales, el proyecto del ARI dice que “deberán ajustarse al siguiente régimen específico al momento de la adquisición:
No serán filiales ni subsidiarias ni podrán estar controladas o dirigidas por persona física o jurídica extranjera. Los socios deben ser personas físicas.
Además, crea un Registro Nacional de Productores Agropecuarios y Propietarios de Inmuebles rurales, el que dependerá de la Secretaría de Agricultura, Ganadería, Pesca y Alimentación de la Nación.
Este proyecto fue elaborado con el apoyo de equipos técnicos de la Federación Agraria Argentina y en sus argumentos destaca que tiene como propósito “corregir defectos de la estructura agraria representados por la presencia de la acumulación de tierras principalmente por grandes grupos económicos”.
También advierte que esas compras generaron “la exclusión” de más de 200.000 productores agropecuarios en las últimas décadas del siglo XX, manteniéndose la tendencia en los inicios del siglo XXI, producto de profundas reformas económicas.
Por su parte, el proyecto del socialismo advierte que las provincias de Neuquén, Río Negro, Chubut, Santa Cruz y Tierra del Fuego representan con sus 17,6 millones de kilómetros cuadrados, casi la mitad de la superficie del país, donde sólo viven 1,5 millones de habitantes de los 37 millones que tiene la Argentina.
“Con la inocente excusa de comprar tierras para esquilar ovejas, inversores extranjeros vienen haciendo operaciones inmobiliarias en la región, pudiendo nombrar a los hermanos Benetton y a Ted Turner como ejemplo”, destaca el proyecto del socialismo.
Desde hace varios años y especialmente desde el año pasado, diferentes comunidades rurales e indígenas de Salta, Mendoza, Chubut y Río Negro denuncian ventas de tierras indiscriminadas, talas de bosques y transferencias a empresas privadas extranjeras de zonas protegidas.
AUNO 19-8-04

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