En estos nueve años, muchas idas y vueltas tuvo la causa Nº 5.452, llevada a cabo por el Juez Alberto Santa Marina, de Lomas de Zamora en la que se investiga al Centro Atómico de Ezeiza por supuestas infracciones a la salud pública. Hubo muchas pericias, informes, participaciones de organismos internacionales y hasta denuncias de casos de cáncer, que todavía no pudieron ser comprobados en la investigación.
Aquí paso a paso, AUNO recopiló algunos de los momentos más trascendentales del proceso judicial, que se inició allá por abril del año 2000 y hasta el momento ha avanzado poco y nada:
• El 7 de abril de 2000, cuando un grupo de vecinos de Esteban Echeverría empezó a “sospechar” del agua que consumían, debido a los “aumentos de casos de cáncer” en las cercanías al Centro Atómico Ezeiza, un predio que ocupa alrededor de 830 hectáreas.
• En el 2002 la Comisión Nacional de Energía Atómica, autoridad responsable de los tres centros atómicos del país (aparte de Ezeiza, Atucha y Embalse), decide suspender la deposición de residuos radioactivos en el Centro de la zona sur del Gran Buenos Aires.
• Un relevamiento hecho por médicos del barrio San Ignacio, de Ezeiza, comprobó “más enfermos de cáncer de lo habitual”, en 2003. Según el encargado del estudio, el patólogo Néstor Lucatelli, “había sin duda factores ambientales que influían” en la enfermedad. “Como por ejemplo falta de cloacas, el agua recargada de nitratos, entre otros elementos químicos”.
• El 28 de marzo de 2005, el geólogo Fernando Díaz, presentó un informe a pedido de la Justicia y detectó “altos niveles de uranio, filtado a las napas que podría en riesgo la vida humana”.
• Meses después, el 8 de junio, un grupo de vecinos agrupados en la Asamblea contra la Contaminación Ambiental en Esteban Echeverría, le entregaron un pedido al ex intendente Alberto Groppi para “que cese el vertido de contaminantes en la cuenca hídrica”.
• En 2006 la CNEA responde a esas denuncias con un contrainforme, apoyado por laboratorios extranjeros, que afirma que los niveles de uranio detectados “en las pruebas son naturales y no tienen ningún riesgo radiológico para la salud de la población.
• Inmediatamente el juez decidió encargar una tercera pericia al Centro de Investigaciones Energéticas, Medioambientales y Tecnológicas del gobierno español, pero durante un año Santa Marina no logró que el Concejo de la Magistratura le habilitará los fondos.
• Recién en diciembre de 2007 empezó a coordinar la investigación en conjunto con Gendarmería y Cancillería, pero por diferencias en el convenio que debía firmar Argentina con España aún no se puede realizar la prueba que falta.
NS-MDY-AFD
AUNO-18-08-09
