Luego de dos años de lucha de organizaciones ambientalistas y de vecinos autoconvocados, el Concejo Deliberante de Esteban Echeverría tratará mañana por la tarde un proyecto que propone derogar la ordenanza que indica que 114 hectáreas del humedal de la Laguna de Rocha son parte de una “zona industrial I” para que nuevamente pase a ser “espacio de esparcimiento y recreación”.
La medida fue anunciada el pasado 20 de abril por el secretario de Medio Ambiente, Lautaro Lorenzo, y será tratada en el recinto a las 13. Fue luego de que el bloque Vecinalista al mando de Pablo Losada y Marta Mangas, presentara el proyecto que exige que quede “sin efecto” la ordenanza 7476/08, aprobada el 30 de diciembre de 2008.
En realidad, en un primer momento, la idea de las organizaciones fue que el intendente Fernando Gray decretara la invalidez de la medida dado que, arguyen, fue una propuesta del Ejecutivo local. Pero ello no es posible debido a que bajarle el pulgar a una ordenanza es atribución del Concejo Deliberante.
En este sentido, el secretario de Gobierno, Alberto Aruccio, excusó al Ejecutivo de no tomar esa medida porque “en realidad” fue una norma “que se autopromulgó mientras el intendente se encontraba de licencia por vacaciones” y que, por eso, mañana esperan que este “remedio legal corrija algo que no debería haber sido”.
Martín Farina, integrante del Colectivo Ambiental Laguna de Rocha, consideró a AUNO que “lo más correcto” sería que el jefe comunal presente el proyecto para que la Laguna de Rocha “sea un espacio de todos y libre de contaminación, nuevamente”.
Anteriormente, en noviembre de 2009, hubo un intento por ampliar la cantidad de hectáreas que abarca la “zona industrial I” y de renombrarlo a “zona industrial II”, lo que hubiera permitido la instalación de químicas, por ejemplo, pero fue rechazado por Gray.
La amenaza que representa el hecho de que el espacio que ocupa unas mil hectáreas en la intersección de los distritos de Echeverría, La Matanza y Lomas de Zamora, sea considerado como “Zona Industrial I”, es que permite la concreción de distintos proyectos para la urbanización del lugar con barrios privados y centros de logística tecnológica, entre otros.
La primera intención surgió en 1996 cuando la empresa Sideco Americana, del grupo Macri, adquirió las tierras cuando Alberto Groppi se encontraba al mando del distrito, y solicitó la rezonificación. De ello, sólo el barrio Mirasoles fue el que prosperó en 2000. Pero, al no cumplirse los proyectos, la nomenclatura queda “caduca”, según explicó a esta agencia Gabriela Yerás, de la agrupación Vecinos del Centro Atómico Ezeiza.
Además, en ese año la laguna fue declarada “reserva histórica”, pero la no delimitación de la zona permitió el avance de la presentación de proyectos de parte de empresas.
El segundo caso, fue en 2006 y está en manos de la empresa Creanurban, que pretendía instalar en la laguna un polo industrial logístico tecnológico. Esa empresa continúa siendo la dueña del lugar, pero si mañana cambia su nomenclatura a “zona de esparcimiento y recreación”, no podrá ejecutar ese tipo de obras.
En caso de que alguno de esos proyectos hubiera continuado su curso, el humedal se habría visto afectado en cuanto a su fauna y flora, porque es considerado por los ambientalistas como uno de los “pulmones más grandes” que queda en el Gran Buenos Aires, junto con Santa Catalina, predio lindante a la Universidad Nacional de Lomas de Zamora.
No obstante, las zonas aledañas también hubieran sido perjudicadas, debido a que las características del humedal es capaz de “controlar inundaciones y (realizar una natural) depuración del agua”, según análisis realizados por el Colectivo Ambiental Laguna de Rocha y publicados en su página de Internet: www.laguna-rocha.com.ar.
Por otra parte, las agrupaciones denunciaron ante AUNO una “ilegalidad” que consta de 1997 en las mismas 114 hectáreas sobre las que pesa la ordenanza de hace dos años. Farina apuntó que ese es su “próximo paso”, debido a que el lugar fue declarado “zona urbana”, lo que permitiría la construcción de edificaciones de más de 30 pisos, legislación que se contradice con el Código Urbano del distrito, debido a que ese tipo de construcciones sólo está permitido en el centro del municipio.
Por otra parte, Yerás denunció ante esta agencia a la empresa Aguas y Saneamientos Argentinos (AYSA) de haber “arrasado” 18 hectáreas para la instalación de una planta depuradora luego de haber presentado ante Acumar —institución que regula la limpieza de la cuenca Matanza-Riachuelo— y el distrito un estudio de impacto ambiental en el que “no consta la existencia de la Laguna de Rocha”. Esa acusación fue presentada por medio de Greenpeace hace dos semanas, a las ONG encargadas de controlar el cumplimiento del saneamiento del Riachuelo, pero puso en duda su “correcto” accionar dado que aún no recibieron respuesta.
En cuanto a esta situación, Aruccio apuntó que “el tema es delimitar cuál va a ser la zona que va a ser considerada ‘reserva natural’, para poder determinar qué se puede hacer o no”.
CP-AFD
AUNO-04-05-10
