El embarazo, la maternidad y la paternidad en la adolescencia son realidades que avanzaron hasta ubicarse con comodidad en la vida cotidiana de la sociedad actual. Las cifras lo revelan: de acuerdo con los últimos datos oficiales disponibles, en 2008 nacieron en el país casi 115 mil bebés hijos de madres adolescentes. Y ese año, la tasa de fecundidad de las chicas menores de 20 años creció respecto de 2002 (ver recuadro).
En el origen pueden encontrarse al menos dos causas: se adelantó la edad del inicio sexual en los jóvenes y, como contrapartida, no se aplican en forma eficiente programas de educación sexual, vigentes por ley desde hace cuatro años. Entre las consecuencias más graves, está el alejamiento de los jóvenes, tal vez para siempre, de uno de sus ámbitos naturales, la escuela.
“La tasa de fecundación aumentó sobre todo en las adolescentes. Hace 20 años, el inicio sexual promedio rondaba los 16 años y el embarazo dejaba de ser extraño a partir de los 19. En la actualidad, el debut sexual se adelantó a los 12 años, aunque la franja entre los 15 y los 20 es la que mayor tasa de gestación tiene”, explica Cecilia Correa, de la Fundación para Estudio e Investigación sobre la Mujer (FEIM).
El desafío de dejar de ser niños para convertirse en adultos de golpe, además de la inminencia de una panza que crece y pone en evidencia los miedos ante una situación nueva, son dos factores de un conjunto más amplio que empuja a muchos adolescentes a tener que apartarse del sistema educativo. ¿Cómo reacciona y qué debería hacer el Estado para evitar que esa realidad, que muchas veces forma parte de la rutina del aula, afecte la escolaridad de los jóvenes?
Para comprender el panorama, Correa propuso analizarlo desde una perspectiva particular: el 70 por ciento de las adolescentes embarazadas no planificó su maternidad ni la deseó. Según el Ministerio de Salud, en 2008 nacieron 114.971 bebés de mamás adolescentes (ver recuadro). Visto desde esa perspectiva, según la experta, a partir de esa circunstancia la educación “deja de ser prioridad” para esas chicas y chicos. La vida de esos jóvenes “ha cambiado radicalmente”, y tal vez para siempre.
“Un embarazo en la adolescencia coarta un proyecto de vida, clausura proyecciones, con lo cual la continuidad de los estudios pierde sentido frente a la responsabilidad de criar un hijo”, evalúa Correa. En segundo lugar, “la vergüenza al qué dirán de los compañeros” pesa mucho. También influye la familia y el contexto que los rodea, una suma de valores, recursos y costumbres que lleva a la resignación. “La mayoría de las veces, las familias dicen que ahora ya está, que al bebé lo van a cuidar entre todos”, incluidos los chicos, que dejan la escuela para asumir esa tarea, sostiene.
Correa considera que el Estado debe cubrir tres frentes para atender la deserción escolar por embarazo, maternidad y paternidad. “El primer paso es tener un diagnóstico” en cada región del país. La cartera sanitaria nacional cuenta con cifras que reflejan el embarazo adolescente durante 2008, mientras que el Ministerio de Educación no dispone de estadísticas que permitan entender cómo incide este fenómeno en la escolaridad. “Las cifras son necesarias para poder diseñar programas, iniciativas y dispositivos de acción”, apunta.
Esas líneas de acción cuentan, de antemano, con un marco legal que las ampara, las legitima y, como si fuera poco, las exige: la Ley 26.150 de Educación Sexual Integral “permite a los docentes, y obliga al Estado, a incorporar la salud sexual a las escuelas, tratando de que el inicio sexual sea de una forma responsable e informada”.
Como tercer frente, Correa propone el diseño y la puesta en marcha de iniciativas, que “en última instancia dependen de cada institución y de su grupo docente. Los programas funcionan porque hay una decisión de la propia institución, independientemente de que exista una política o una ley”, sostiene. En ese sentido, la tarea que no debe relegar el Estado es el monitoreo de tales programas y propuestas.
En relación a aquello, la experta reconoce que “es difícil encontrar programas (de retención escolar) realmente institucionalizados” que respondan puntualmente a la problemática de embarazo adolescente. Lo que sí aparecen son experiencias concretas en algunas escuelas, como guarderías o algunos programas de retención, que han surgido a partir de una demanda o realidad particular.
Un referente en la escuela
“El objetivo es promover el derecho a la educación de los chicos”, resume Mariana Vera, coordinadora del Programa de Retención Escolar de alumnas embarazadas, madres y alumnos padres, en la Ciudad de Buenos Aires.
El plan nació hace once años en el Distrito Escolar Nº 21, que abarca algunos de los barrios más pobres, en el sur de la ciudad, y en 2004 fue adoptado como política para todo el Estado porteño.
A finales de los ‘90, en las escuelas de aquella zona se había detectado que el abandono de los estudios de chicas embarazadas, madres y padres pisaba fuerte: “La decisión de dejar la escuela de los chicos en esa situación, atravesada por necesidades particulares, cuestiones culturales o mandatos familiares era una realidad y lo sigue siendo.
Como respuesta, los docentes de esa región idearon espacios de contención para abrazar a esos adolescentes que estaban quedando a un lado del sistema educativo”, explica Rafael Portillo, coordinador del programa que abarca los barrios de Pompeya, Flores, Villa Lugano y Villa Soldati. “Es una herramienta nacida desde las bases”, destaca.
Las líneas comenzaron a expandirse hacia el resto de la ciudad cuando el programa pasó a la órbita de la Dirección de Educación Media del Ministerio porteño, aunque nunca fue fácil ingresar a otros distritos “más expulsivos”. “Muchas escuelas de barrios como Villa Devoto, Villa del Parque o Belgrano, cercenan posibilidades a las chicas embarazadas, presionándolas hasta el abandono, o directamente las derivan a otros establecimientos”, revela Portillo.
Por el contrario, los barrios más pobres son los que concentran casi la mitad del total de estudiantes inscriptos en el programa que en el último ciclo lectivo asistió a 2012 mamás, papás y estudiantes embarazadas en 136 escuelas públicas. Así y todo, el programa no es totalmente efectivo: de ellos, el 80 por ciento continúa sus estudios hasta finalizar el nivel secundario. El resto, abandona.
“La idea es acompañar a los chicos afectando lo menos posible su cotidianeidad educativa. La que tiene que adaptarse es la escuela, y para eso implementa diferentes dispositivos para lograr que el proyecto educativo continúe”, destaca Vera.
Un equipo de 17 coordinadores regionales acompaña la adaptación de los docentes al programa desde el momento mismo de capacitación. El primer paso es generar en los profesores, preceptores, directivos y supervisores un cambio en la manera de ver y comprender la situación de embarazo adolescente, para que acepten que es algo que forma parte de la escuela. “Intentamos una reconstrucción de conceptos como la adolescencia y la familia en base a la realidad actual.
Trabajamos en la integración de la perspectiva de género al aprendizaje y sobre las normas relacionadas con la situación de embarazo y maternidad adolescente, que se han ido construyendo con la puesta en práctica del programa”, agrega Portillo.
Cada escuela que adhiere al programa debe contar con al menos un “referente”, aquel docente o preceptor que se convierte en el eslabón que más cerca está de los chicos y que funciona de puente entre ellos y los mecanismos a aplicar. “Es un rol nuevo que simboliza la idea de acompañamiento planteada por la iniciativa, aunque la idea no es que trabaje solo, sino que todo el equipo docente se desenvuelva en base a sus parámetros”, subraya Vera. Son más de 200 los docentes que cumplen ese rol.
No hay una receta única, cada caso es particular y se aborda de una determinada manera. A la hora de diseñar planes y tomar decisiones, no sólo influye la situación de cada chico o chica, sino que también cuentan la cantidad de estudiantes vinculados al programa que cada escuela tenga, la manera de trabajar del establecimiento y sus vínculos con los centros de salud, los hospitales y las organizaciones sociales del barrio.
A grandes rasgos, la propuesta apunta a flexibilizar el régimen de inasistencias y a adaptar los métodos de evaluación. Respecto de las faltas, el programa permite que las chicas cuenten con la licencia correspondiente a la maternidad y que ese permiso se fraccione, para evitar el peligro de pérdida de regularidad. En cuanto a la evaluación, se trabaja “con un sistema de apoyo y de trabajos prácticos para las que no puedan rendir los exámenes”, precisa Vera.
Además, los referentes se encargan de hacer un seguimiento personal para constatar que los chicos cumplan con los controles médicos. Sólo en las escuelas con mayor cantidad de mamás y papás adolescentes que no cuentan con familias que puedan cuidar de sus bebés se abrieron salas integradas, que funcionan como una guardería o jardín maternal en turnos vespertinos para que coincidan con el horario en que los padres estudian.
Si bien se muestra contemplativo en materia de asistencias, el sistema educativo apunta a no flexibilizar la enseñanza. “No es bueno para los chicos que se los trate con compasión. Algunos profesores nuevos, que no conocen el programa, se orientan a tomar esa actitud. Pero no debe ser así”, apunta María Valle, referente de la Escuela Media Nº 5 del distrito escolar 21. “La idea es que se comprenda que la maternidad en la adolescencia es una realidad actual que no es una traba para el estudio. Si se logra eso, la batalla está ganada”, concluye.
Becas y programas
En la provincia de Buenos Aires, el 13,2 por ciento de los niños nacieron cuando sus madres eran menores de 20 años, lo que representa un total de 35.799 bebés, según los últimos indicadores difundidos en 2008 por la Dirección de Estadísticas e Información del Ministerio de Salud de la Nación. Dentro de esa realidad, la mayor parte de estas mamás son chicas en edad escolar.
Aquí se combinan un programa incipiente impulsado por Nación, que se aplica en diez municipios desde este año, con un programa provincial que no es específico para jóvenes embarazadas, pero las incluye, en el marco de un proyecto destinado a un sector de adolescentes que necesita un refuerzo para que se cumpla su derecho al acceso a la educación.
Claudia Miranda, directora de Coordinación de Programas Sociales de la cartera educativa bonaerense, explica que este programa “apunta a los niños, niñas y jóvenes en riesgo de abandono o que no están en el colegio. Así, estas políticas socioeducativas funcionan como puentes para que los jóvenes no sólo puedan acceder a la escuela sino continuarla y terminarla”.
El programa Patios Abiertos y el Centro de Actividades Juveniles (CAJ) son dos iniciativas del ámbito dirigido por Miranda, que aunque no se conformaron como herramientas específicas de acción para acompañar a las adolescentes embarazadas, “son propuestas que ellas tienen a su disponibilidad como otros tantos jóvenes”, informa la funcionaria. “Patios Abiertos surge en 2004, después de la crisis profunda que atravesó la provincia, para abordar la problemática de los jóvenes en situación de riesgo de abandono escolar”, explica.
Esta propuesta genera un espacio donde se realizan actividades de recreación, culturales, artísticas y deportivas en las escuelas durante los fines de semana. Según Miranda, alrededor de 40 mil chicos, de entre 5 y 21 años, participan de los 383 Patios Abiertos que funcionan durante el ciclo lectivo en toda la provincia.
Más allá de estas opciones, las becas que el área de Educación bonaerense destina a este sector se convierten en una de las líneas de acción específicas para atender a la población involucrada. El beneficio de 900 pesos anuales es percibido por adolescentes embarazadas, jóvenes madres y, recién desde 2010 también lo pueden cobrar los chicos que son padres. En los últimos meses del año pasado “se estuvo trabajando en la asignación de cinco mil becas más para este grupo”, indicó la funcionaria.
Sin dar mayores precisiones, Miranda dice que también “se destina un presupuesto de Nación a la provincia para que aquellas escuelas que cuentan con una cantidad importante de matrícula de chicas embarazadas puedan elaborar propuestas socioeducativas para acompañarlas”. Además, “se firmó un convenio entre la Dirección General de Cultura y Educación y Unicef para la apertura de 30 guarderías maternales en la provincia” El acuerdo se firmó en 2008, pero aún no tiene plena aplicación.
Desde este año, además, pero solo en algunos municipios, se desarrolla el Proyecto de Abordaje Integral de Embarazo en la Adolescencia. Para su desarrollo, el Ministerio de Salud de Nación articula trabajo con las carteras de Educación nacional y provincial y los ministerios de Trabajo y de Desarrollo Social de Nación. El programa involucra a los municipios de Almirante Brown, Florencio Varela, Lomas de Zamora, Moreno, Avellaneda, Tigre, Quilmes, Berazategui, Malvinas Argentinas y José C. Paz.
“Desde Educación de Nación se distribuyen las becas (900 pesos anuales) y se organizan jornadas de capacitación docente para abordar el tema”, explica Nancy Paglialegne, responsable del proyecto. La cartera educativa provincial, en cambio, realiza un trabajo mucho más directo para evitar la deserción escolar, a través de un coordinador designado por la Dirección Provincial de Políticas Socioeducativas, que se encarga relevar los datos en las escuelas de cada municipio. “También trabajan en el desarrollo de políticas de inclusión y retención de las chicas y, en algunos casos crean tutorías para que puedan continuar con su escolaridad desde sus casas”, comenta Paglialegne.
Cada municipio, a su vez, arma un equipo integrado por un médico, un psicólogo, un obstetra y un trabajador social, “encargados de asistir a las chicas embarazadas”, y designa a diez facilitadores, es decir promotores de salud “que relevan la situación de las chicas casa por casa”, informa la funcionaria.
El aporte del Ministerio de Trabajo se da a través de su “Programa con jóvenes por más y mejor trabajo”, cuya confluencia con la iniciativa para adolescentes embarazadas apunta a detectar la necesidad de empleo en ese grupo. “Los datos que aporta el facilitador permiten conocer cuál es la demanda para luego hacer el contacto con una oficina de empleo del municipio”, indica Paglialegne. En su primer año de vida, el programa asistió a alrededor de siete mil adolescentes y proyecta extenderse al resto del país en 2011 y 2012.
*Nota publicada en la Revista El Cruce Nº 11 Marzo 2011
AUNO 10-02-11 AB-RI-EV
