Un tribunal es investigado por legalizar el robo de bebés durante la dictadura

Lomas de Zamora, julio 19 (AUNO).- Mientras estuvo a cargo del Tribunal de Menores Nº 1 de Lomas de Zamora durante la última dictadura, por las manos de Marta Delia Pons pasaron más de mil casos de adopción. Entre ellos, los de niños que podrían haber sido nacidos en cautiverio o desaparecido junto a sus padres. Ya por entonces las Abuelas de Plaza de Mayo confirmaban sus primeras sospechas. La jueza les hizo saber que, sencillamente, “no sería justo devolver los hijos de terroristas” a sus familiares. Pons falleció hace más de diez años. Y, sin embargo, los obstáculos interpuestos por las autoridades del tribunal hicieron de su juzgado un terreno para la investigación del robo sistemático de chicos. Recién hace dos semanas, se allanaron por primera vez los archivos y recuperaron cientos de documentos.

“La justicia federal trató de extremar todas las medidas previas para encontrar las pruebas y sólo cuando temió que se perdieran definitivamente, accedió al allanamiento”, reveló a AUNO el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo Luciano Hazan. Junto a su compañera Florencia Sotela y el equipo del fiscal Alberto Gentili pudieron rescatar durante la inspección más de mil expedientes de procesos irregulares de adopción en los que no medió el rastreo previo y reglamentario de las familias biológicas. Estos documentos habían sido guardados en las oficinas del tribunal y en dos depósitos externos, uno de ellos en el mismo Palacio de Tribunales de Lomas de Zamora.

La posibilidad de registrar el juzgado se originó en el marco del juicio iniciado por Julio Ramírez y sus hijos, que también habían pasado por el tribunal de Pons. Como querellante, Abuelas “solicitó al juez Daniel Rafecas la ampliación de la causa con la hipótesis de que, de manera sistemática, la ex magistrada había ocultado a los familiares de hijos de desaparecidos información sobre su paradero”, explicó Hazan.

Rafecas se declaró incompetente y la causa pasó al juez federal Carlos Alberto Ferreiro Pella en los Tribunales de Lomas de Zamora, que fue quien autorizó el allanamiento al juzgado de Marta Delia Pons.

Hace tiempo que los abogados de la asociación de derechos humanos y la fiscalía de Gentili solicitaban al sucesor de Pons al frente del Tribunal de Menores Nº1 lomense, Raúl Donadío, “la apertura de expedientes de guarda, que es lo previo a una adopción”, destacó Hazan. Sin embargo el ex juez, que se jubiló hace pocos meses y antes de que se dictara la orden de allanamiento, “también obstaculizó la investigación”. El magistrado contestaba de manera contradictoria. “Un día los documentos no estaban, decía que se habían destruido; pero que no había actas de destrucción. Después dijo que las instalaciones donde estaban los documentos habían sufrido incendios, luego eran inundaciones”, recordó.

Por años, Donadío fue respondiendo de manera negativa hasta que, según Hazan, “hace poco más de un mes un empleado judicial declaró ante la fiscalía que los expedientes que se buscaban estaban guardados en el juzgado y en dos locaciones que funcionaban como archivo”. Y el juez federal Pella, ante la necesidad de resguardar las pruebas, accedió al allanamiento. Los documentos encontrados y que ahora deberán ser investigados por la Justicia “son todas las guardas y abandonos entre 1976 y 1983 que estaban en Lomas de Zamora a cargo de Pons”, detalló el abogado de Abuelas.

“SOBRE MI CADÁVER”
Aún con la dictadura en el poder, las abuelas buscaban por cielo y tierra a sus nietos desaparecidos. En el Juzgado de Menores lomense las recibió la jueza cuestionada. “Señoras, sobre mi cadáver van a obtener la tenencia de esos niños”, cuentan las Abuelas de Plaza de Mayo en una nota publicada en Página/12. Y también: “Yo, personalmente, estoy convencida de que sus hijos eran terroristas. Para mí, terrorista es sinónimo de asesino. Y a los asesinos, yo no pienso devolverles los hijos. Porque no sería justo hacerlo. Porque no sabrían criarlos y porque no tienen derecho, tampoco, a criarlos. En esto, seré inamovible”.

Fallecida la magistrada y con la recuperación de los documentos que comprometen su juzgado, se abre una nueva ventana para la organización presidida por Estela de Carlotto. Según Hazan, durante la investigación se pondrá atención a una posible conexión de los expedientes con los hechos ocurridos en el Pozo de Banfield, uno de los centros clandestinos de detención más conocidos del Conurbano y ubicado a pocas cuadras de los tribunales lomenses. En sus celdas dieron a luz mujeres cuyos hijos podrían haber sido registrados como “NN”.

De todos modos, como el abogado de Abuelas de Plaza de Mayo advirtió a AUNO, “no se sabe si los expedientes que Abuelas busca no fueron sacados antes de las oficinas”. Una de las salas allanadas, en la que más información se obtuvo estaba en tal desorden que, según dijo, para buscar había que literalmente “caminar por arriba de los expedientes”.

De los procesos de guarda que realizó Pons, pudo corroborarse que la ex jueza actuó “ilegalmente” con seis niños a los que privó de conocer su identidad y entregó a “familias sustitutas”. Por eso, ahora la tarea será descubrir cuál fue el paradero del resto de los chicos que figuran en las actas.

LOS QUE NO SON MÁS NN
En el caso de los hijos de Julio Ramírez, cuyas causas desencadenaron el allanamiento, Pons había internado como NN a los chicos de entonces 4 y 5 años en el hogar Casa Belén, en Banfield. Su madre, Vicenta Orrego se encontraba secuestrada desde marzo de 1977 y continúa desaparecida. Su padre estaba preso y reclamó sin resultados que se le entregara a los niños a su hermana, Lucila.

Los Ramírez estuvieron hasta 1983 en el hogar donde, según las denuncias, habrían sido sometidos a abusos de distinto tipo por parte del director del establecimiento, Manuel Maciel, y de dos militares apodados “Flaco Daríó” y “Gordo Marcelo”. Ese año, fueron restituidos a su papá a través de un fallo de la Corte Suprema y la familia emigró a Suecia.

Según el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS), la magistrada los internó como NN a pesar de que “conocía sus datos filiatorios” y sus acciones implicaron “la negación de sus lazos afectivos con su familia biológica” y su complicidad con “el ocultamiento a los menores de su verdadera identidad”, contó Hazan.

Hay un segundo caso de la ex jueza de menores Marta Delia Pons que salió a la luz. El de la nieta recuperada Jorgelina Planas, desaparecida junto a su madre en mayo de 1977 en su domicilio de Lanús. Esa vez, la magistrada internó a la niña que aún no cumplía los 4 años en el hogar Leopoldo Pereyra de Lomas de Zamora.

En total se pudieron corroborar seis operaciones con menores cuyos padres habían sido secuestrados, a quienes la jueza suprimió la identidad bajo la fachada de una adopción legal. “Pons directamente internaba en hogares a los chicos en lugar de buscar a la familia, que es la obligación de todo juez de menores”, aseguró Hazan. El abogado confía en que la información contenida en los mil expedientes recuperados colabore en la recuperación de alguno de los 400 nietos que, se estima, aún no fueron encontrados.

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AUNO-19-07-11