Adrogué, julio 24 (AUNO)-. Ramón Irineo Rojas, condenado a 12 años de prisión en el juicio por el asesinato de Nahuel Iraizoz, fue beneficiado con prisión domiciliaria antes de que se cumpliera el lapso correspondiente de la sentencia. Su salida se da en un contexto confuso: el año pasado la Cámara de Casación solicitó la elevación de las penas al cambiar la carátula de la causa a “intento de asesinato de Hugo Iraizoz (padre de Nahuel) seguido de muerte”. “Esto no da para pensar bien, no es un error”, estimó el propio Hugo Iraizoz en diálogo con AUNO.
El permiso para que Rojas saliera de la cárcel y se instalara en French 337, en Monte Grande, Esteban Echeverría, fue aprobado el 19 de junio pasado por el presidente del Tribunal Oral Nº9, de Lomas de Zamora, Darío Belucci.
Belucci, Victoria Balvé y Juan Manuel Rial, en abril de 2008, fueron quienes le dictaron sentencia a Rojas y a otros dos cómplices, al considerar que mataron al joven de 19 años en un intento de robo a la maderera familiar en Longchamps.
La familia Iraizoz había apelado con éxito ese fallo y por eso se inquietó al recibir la noticia. Esperaban que el tribunal dictara nuevas penas en respuesta al pedido que le hicieron los jueces de la sala III de Casación que, el 11 de octubre de 2011, dieron a conocer que leyeron los hechos de una manera totalmente diferente.
En consecuencia, se cambió la carátula y se requirió la elevación de las condenas de los acusados por entender que, efectivamente, se trató de un intento de asesinato, confirmando la hipótesis sostenida por familia.
El asesinato de Nahuel ocurrió el 14 de agosto de 2004 cuando Rojas entró a la maderera de la familia, en Longchamps, y simuló querer robar mientras apuntaba con una pistola 9 milímetros a Iraizoz padre. Tras forcejear con el joven y perder su arma, Rojas confesó que dos cómplices lo esperaban.
Con la pistola en la mano, Nahuel intentó pedir ayuda y se enfrentó con Víctor Hugo Sierra, un efectivo de la Policía Bonaerense que terminó herido. Mientras, sin mediar palabra ni alerta, el ex integrante de la Policía Federal Alejandro Etchechury disparó a la cabeza del joven que cayó tendido en la vereda.
Con el nuevo dictamen, Etchechury debe ser condenado como autor del “homicidio calificado”, un delito que prevé prisión perpetua. En 2008, su condena fue de 14 años por el “homicidio simple” de Nahuel.
Rojas, en cambio, recibió 12 años de reclusión por “robo en grado de tentativa y encubrimiento de homicidio”, pero deberá ser (aun estando con prisión domiciliaria) condenado como “autor de privación ilegal de la libertad, homicidio agravado con el uso de arma de fuego en grado de tentativa (el padre de Iraizoz recibió un roce de bala en la cabeza) y portación de arma de guerra”. El otro partícipe del crimen, el cabo de la Bonaerense Víctor Hugo Sierra, falleció tiempo después de ser condenado a cinco años y medio de cárcel.
Luego de que Casación ordenara el aumento de las penas, Rojas debía estar más tiempo en la cárcel, ya que no había llegado a cumplir con las dos terceras partes de la condena. Sin embargo, eso no sucedió y recibió el beneficio de la prisión domiciliaria. Así, la primera infracción de Belucci se da cuando pasa por alto que faltaban dos meses para que Rojas llegara a los ocho años de prisión para poder salir.
“Acá ha habido una mano negra”, afirmó Iraizoz sobre la decisión del juez. Su conclusión se ancla en que Rojas aún no había terminado de cumplir con su segunda condena (se encontraba en libertad bajo caución) el día que había intentado matarlo.
Es decir, ésta es su tercera condena, por lo tanto, su salida infringe un segundo requisito, ya que no sólo no cumplió con las dos terceras partes de su pena, sino que además tenía antecedentes y no completaba la foja de buena conducta.
“Su conducta es ejemplar, dijo el tribunal. Pero siempre es así, los más antiguos saben que si se portan bien van a tener beneficios, como es este caso” explicó Oscar Salvadores, abogado de la familia, en diálogo con esta agencia.
“¡Cuidado asesino suelto!”, advierte, con letras rojas en mayúscula, el comunicado que enviaron por correo electrónico a todos los vecinos y medios de la zona. Una foto cuatro por cuatro de Rojas y otra detrás de los integrantes del tribunal ilustran el volante.
La causa estuvo entreverada desde su inicio. “Hay un texto anónimo que dice que Rojas habló con dos policías y les dijo que él me iba a ‘pegar un susto’. El anónimo identifica a esos policías y el fiscal (de instrucción Domingo Ferrari) no los cita”, declaró ante este medio Iraizoz hace seis años.
Y entonces agregó que, según el anónimo, Rojas los amenazó. “Dijo: ‘Si yo caigo, van a caer muchos atrás mío’. Esto es claro indicio de asociación ilícita”. Una pista que nunca fue verificada por los jueces.
Otros hechos que descansan en la oscuridad y suman interrogantes son la desaparición del certificado de defunción, de la historia clínica, de la foto de la morgue y del libro de guardia de agosto de 2004 en que la Comisaría 4º de Longchamps registró el hecho.
Frente a ese contexto, el fiscal Ferrari y, quien luego siguió en la causa, Carlos Pastorale, de la UFI Nº10, desestimaron la posibilidad de que hayan intentado matar a Iraizoz padre.
Este medio dialogó con Pastorale para que explicara sus fundamentos. “No puedo dar precisiones porque pasó hace un tiempo y yo no estoy más en esa causa”, arguyó.
Las pruebas que presentaron para que se diera lugar a la hipótesis familiar son las denuncias de amenazas realizadas antes de que se perpetrara el crimen, vinculadas a la actividad política de Iraizoz padre, dirigente del Partido Justicialista.
Iraizoz, desde 1999, impulsa la división de Almirante Brown, conformado por doce localidades, para la creación de un nuevo municipio. El proyecto contempla el nacimiento del partido de “Altos del Sur”, tal como es denominada la zona que comprende Ministro Rivadavia, Glew y Longchamps, que juntas representan casi la mitad de la superficie de la comuna. Su iniciativa fue sistemáticamente rechazada por los jefes distritales.
Y desde entonces denunció que recibió ataques de todo tipo: llamados telefónicos, robos en la maderera y en su hogar, personas merodeando en un vehículo sin patente, entre otros hechos.
APELACIÓN DE ETCHECHURY
El ex integrante de la Policía Federal Alejandro Etchechury interpuso un recurso extraordinario ante la Suprema Corte de la Provincia de Buenos Aires. Esto es para que se revea el fallo de la Cámara de Casación. “Hay muy pocas chances de que la Suprema Corte lo tome”, estimó Oscar Salvadores, abogado de la familia Iraizoz.
Según explicó el letrado, el máximo tribunal bonaerense estaría teniendo un retraso de tres años y en ese tiempo el ex policía estaría cumpliendo las dos terceras partes de su condena. “Por como viene la causa, es posible que cumpla con esa parte de la condena, que quede libre y se escape”, reflexionó.
AUNO 24-07-12
CP-MFV
