Lomas de Zamora diciembre 30 (AUNO) A nueve años de la tragedia de Cromañón, algunos familiares de las víctimas siguen reclamando penas más duras para los condenados, sean organizadores, funcionarios o músicos de Callejeros. Pero otros afectados, incluídos algunos sobrevivientes y familiares, siguen clamando por la liberación de los integrantes de banda: sostienen que las penas que les impusieron son desproporcionadas y argumentan que la sentencia no está firme.
“Quien no mire con el prisma adecuado lo que los medios publican de lo que sea que tenga que ver con la causa, tropezará mil veces con la misma piedra. Instalaron que había una guardería en Cromañón, que los chicos cobraron coimas, que eran coorganizadores y que entraron bengalas al show. Cuando en el juicio nada de esto se pudo probar, nunca se desdijeron”, profesa un escrito del músico Juan Falcone, nieto de la presidenta de la Asociación Civil Abuelas de Plaza de Mayo, Estela de Carlotto.
“Que Callejeros este en prisión y de manera inconstitucional sólo garantiza que Cromañón vuelva a pasar y pasó ya varias veces”, expresa Agustina Claramut, una de las tantas sobrevivientes, que pelea día a día por esta causa. “En unos años le voy a tener que explicar a mi bebé que el tipo que me salvó la vida ahora duerme en un penal porque conviene políticamente. La próxima generación es la de nuestros hijos. No hay sólo muerte y desesperación. Hay muchísima vida después de Cromañón”, agrega.
Según los abogados de los músicos, el cumplimiento de prisión sin dos instancias condenatorias firmes constituye una violación a los derechos humanos; así lo advierte la ley 23.054 Pacto de San José de Costa Rica o también llamada “Convención Interamericana de Derechos Humanos” (CIDH) a la que adhiere nuestro país, donde en el Artículo 8 (Garantías Judiciales) establece en su, primer párrafo, que “Toda persona tiene derecho a ser oída, con las debidas garantías y dentro de un plazo razonable, por un juez o tribunal competente, independiente e imparcial, establecido con anterioridad por la ley, ante cualquier acusación penal formulada contra ella (…)”. El párrafo 2 del mismo artículo establece las garantías mínimas con que debe contar toda persona inculpada de un delito, y entre ellas se cuenta, en el inciso h) “el derecho de recurrir del fallo ante juez o tribunal superior”.
“La pena se ejecutó sin las dos instancias condenatorias –por dos tribunales diferentes- que les corresponden a cualquier procesado, sin fallo firme, contradiciendo precedentes de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, por lo que están presos inconstitucionalmente. Deberían ser juzgados por otro tribunal y esperar el nuevo juicio en libertad”, sostiene el abogado del cantante Patricio Fontanet, Marcelo Brito.
Los músicos fueron condenados en diciembre del año pasado, con prisión efectiva por el Tribunal de Casación, luego de ser absueltos en el primer juicio de Agosto de 2009 por el Tribunal Oral en lo Criminal 24, el cual escuchó a más de 300 testigos y decidió la absolución por unanimidad de los integrantes de la banda.
“Es un fallo antojadizo, la Sala III de Casación, reinterpretó la causa y condenó a la banda. Esta cámara está integrada por cuestionados jueces – Eduardo Riggi y Liliana Catucci- que entre otras cosas, anticiparon su accionar a las querellas, antes de obtener el expediente”, manifiesta el abogado Brito.
Aquel 30 de diciembre del año 2004, en el boliche República de Cromañón, ubicado en el barrio porteño de Once, iniciaba su presentación el grupo Callejeros. Desde el público se arrojaron candelas que tocaron el tejido sintético de media sombra en el techo, lo que generó una humareda altamente tóxica por la que murieron 194 personas.
Pasaron cientos de expedientes y miles de horas de declaraciones, hubo juicios, procesados, detenidos. Los músicos se encuentran en el penal de Ezeiza, desde diciembre de 2012, incluido el cantante Patricio Santos Fontanet, quien permaneció hasta junio internado en una clínica de Córdoba, bajo tratamiento psiquiátrico, y en condición de detenido. Pero luego de una serie de pedidos y presentaciones judiciales, la Corte Suprema dispuso que el lugar de detención sea definido por el Tribunal Oral 24 de la Capital Federal, el cual finalmente dispuso su traslado a un pabellón psiquiátrico del penal de Ezeiza.
En lo que hace a la causa, el 20 de diciembre de 2012 la Sala III de la Cámara Federal de Casación Penal dispuso el cumplimiento efectivo de las penas de prisión dictadas por la justicia a músicos, responsables del espectáculo y funcionarios públicos. De esta forma, el gerenciador del local República de Cromañón, Omar Chabán, deberá cumplir 10 años y 9 meses de prisión, el ex manager de la banda, Diego Argañaraz, 5 años; el líder de la misma, Patricio Santos Fontanet, 7 y los restantes músicos, Christian Torrejón, Juan Carbone, Maximiliano Djerfy, Eduardo Vázquez, y Elio Delgado, 5 años de prisión por los delitos de incendio culposo seguido de muerte y cohecho activo. En tanto funcionarios públicos tienen penas de 3 a 8 años de prisión, por el delito de omisión de deberes en concurso ideal con incendio culposo seguido de muerte al igual que el escenógrafo del grupo Daniel Cardell, que deberá cumplir 3 años en prisión. Chabán tiene prisión domiciliaria por su delicado estado de salud.
Desde el grupo “No nos cuenten Cromañón, nosotros lo vivimos”, grupo de sobrevivientes, familiares y testigos de la tragedia, refieren a documentos de la causa donde se deja en claro varios puntos:
COHECHO (Coima). Los funcionarios públicos, personal idóneo y responsable de controlar y fiscalizar el sistema de inspecciones y habilitaciones (Fabiana Fiszbin, Subsecretaria de Control Comunal. Ana María Fernández, Directora de Fiscalización y control. Gustavo Torres, Director de Fiscalización y Control) tienen la misma pena que el escenógrafo de la banda que tocaba esa noche y menor pena que el resto de la banda. El cantante del grupo está condenado a 7 años de cárcel por coimas y estrago culposo, cuando no hay ni pruebas ni testigos de ello y en el primer juicio resultó absuelto, mientras el subcomisario Carlos Díaz que recibió la coima, era el único que tenía el poder de impedir que ese lugar esté abierto, y tiene casi la misma pena, 8 años de prisión.
LA ORGANIZACIÓN DEL SHOW. El lugar era exclusivamente gerenciado por Omar Chabán, quien establecía y se encargaba de la contratación de los artistas. Cromañón fue habilitado por los funcionarios públicos del Gobierno de la Ciudad que en ese entonces estaba a cargo de Aníbal Ibarra. La banda se presentó en un lugar que estaba en funcionamiento.
NO SE ENCARGABAN DE LA SEGURIDAD. Está probado por el Tribunal Oral Criminal 24 que Cromañón tenía un Jefe de Seguridad (Raúl Villareal), condenado en ambas instancias.
LA PIROTECNIA. El TOC 24, en un fallo unánime de sus tres jueces, determinó que no censurar una costumbre que se realizaba en los recitales de rock y en los espectáculos futbolísticos de ese momento y que lamentablemente se sigue realizando, no es sinónimo de incentivar.
Es a raíz de todo esto que este grupo de sobrevivientes y testigos de la tragedia, argumentan y dan lucha para que se haga justicia por los que no están, por los que quedan y por los que vendrán. Llevan como estandarte la frase “La Música No Mata”, frase dicha por la emblemática Estela de Carlotto en una de las marchas a la que asistió. Desde “No nos cuenten Cromañón” se llevan a cabo charlas en colegios y universidades, concentraciones en todo el país, además de la gran cantidad de adhesiones tanto de referentes de la música: Adriana Varela, León Gieco, La Renga, como así también deportistas, es el caso de Martin Palermo, Carlos Tevez, Fabricio Oberto y periodistas como Víctor Hugo Morales y Beto Casella entre otros.
Buscando la libertad de los músicos pero además generando conciencia y no demonizando ni estigmatizando, Mailin Blanco, hermana de Lautaro Blanco fallecido en Cromañón cuenta que es “mejor eso, que seguir clamando por sangre, por venganza. Construir desde el dolor es maravilloso. Llevamos un mensaje, el mensaje de la gente que cree que de Cromañón queda mucho por revelar, contar y entender”.
“Creemos que de quedar las cosas como están, se estaría sentando un precedente peligrosísimo para la sociedad, sumado a que una vez más no se estaría resolviendo el fondo de la cuestión”, expresa Diego Cocuzza, sobreviviente y miembro activo del grupo. “No somos fanáticos de la banda. Somos sobrevivientes y la mayoría de nosotros también perdimos familiares y amigos ahí. Pero nos intentan calificar de ‘fans’ para darle menor valor a nuestra lucha”, agrega Diego.
A un año del fallo de Casación, los sobrevivientes, testigos y familiares de los músicos no bajan la guardia, militan por la verdad teniendo un objetivo claro: “Que la Corte Suprema de la Nación acepte la apelación y revea el fallo, porque queremos que se nos escuche y se conozca la verdad, por los 194 que ya no están, por todos nosotros como sociedad y principalmente para que no se repita” expresa el sobreviviente, Diego Cocuzza.
AUNO 30-12-13 GC EV
