Ante la intención del gobierno nacional de auditar las universidades públicas, el presidente del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), Víctor Moriñigo, aseguró que las casas de altos estudios “están dispuestas en rendir política y contablemente los fondos públicos”, pero subrayó que sería “en el marco de la ley”.
A través de la red social X (antes Twitter) el subsecretario de Políticas Universitarias de la Nación, Alejandro Álvarez, advirtió el pasado 20 de abril que «mientras Javier Milei sea presidente», el gobierno de La Libertad Avanza (LLA) va a auditar a las instituciones públicas, a la par que sostuvo que “la fiscalización del gasto en las universidades está en la Ley de Educación Superior”.
Sin embargo, en diálogo con AUNO el presidente del CIN aseguró que el marco jurídico “no se agota en el artículo 2” de la Ley N.º 24.521, sino que en el artículo 59 y 59 bis de dicha norma “explica que la rendición de cuentas” debe ser a través de la Auditoria General de la Nación (AGN), que depende del Congreso de la Nación.
“Las universidades son creadas por el Congreso, es el Congreso quien les asigna presupuesto y es el Congreso quien las interviene y el que las audita. Así está pensado el sistema de tres poderes, donde un poder no audita al otro, es más profundo”, remarcó a esta Agencia.
Moriñigo, quien también es rector de la Universidad Nacional de San Luis (UNSL), consideró que “deben auditarse todos los entes, las empresas públicas, los organismos, los municipios y las provincias”, pero a su entender “debe hacerse como la metodología administrativa lo ha dispuesto”, por lo que opinó que “debe darse una discusión en ese sentido”.
“Para mí, si no se modifica la Ley, la conversación debe ser entre el Gobierno y la AGN para que el ritmo de auditorías sea mayor, y eso se logra simplemente asignándole más recursos, más equipos técnicos y así lograr más universidades auditadas por año”, sostuvo la máxima autoridad del CIN.
Al respecto, el rector de la Universidad Nacional de Avellaneda (UNDAV), Jorge Calzoni, explicó a AUNO que en la institución bonaerense cuentan con tres tipos de auditorías: la interna que tiene toda organización pública o privada; la que realiza la AGN que es la que corresponde por Ley; y la de la Sindicatura General de la Nación (SIGEN) que surgió el pasado noviembre mediante la firma de un convenio.
Dicho acuerdo, que fue rubricado por el síndico general de la Nación de aquel entonces, Carlos Antonio Montero, y el ex presidente del CIN, Carlo Greco, estableció que las partes firmantes llevarían adelante “acciones conjuntas de mutua colaboración para promover el mantenimiento de un adecuado Sistema de Control Interno en las Instituciones Universitarias Nacionales tendientes a la transparencia y a una adecuada administración en el uso de los bienes y recursos”.
Auditar o no, esa es la cuestión
El ex titular de la Secretaria de Políticas Universitarias, Oscar Alpa, y el ex ministro de Educación de la Nación (que ahora es una secretaria), Jaime Perczyk, también firmaron el convenio, el cual dejaba a elección de las universidades públicas adherir o no a dicho acuerdo, y en el caso de que lo hicieran, debieron crear una Unidad de Auditoría Interna si es que hasta ese momento no la tenían.
“Hablan de auditoría, pero no está muy claro. Nosotros no tenemos ningún problema en que nos auditen lo que quieran, pero en principio supongo que debe ser la auditoría de la SIGEN, quiero creer. No sé si están pensando en algo nuevo, pero si es por eso, nosotros ya la tenemos”, explicó Calzoni en diálogo con AUNO.
A su vez, el rector precisó que la UNDAV adhirió al convenio al entender que las universidades públicas deben ser “doblemente transparentes”, por lo que consideró que la intencionalidad del Gobierno Nacional de avanzar en las auditorias “es más sembrar alguna duda sobre las instituciones que algo concreto”.
“En realidad todo lo que genera y se envía desde el Ejecutivo, ellos de hecho lo auditan, todos los programas son auditados. Es una decisión que toma cada una de las universidades y nosotros lo hemos hecho hace rato precisamente para evitar cualquier tipo de duda”, sostuvo.
Por su parte, el secretario general de Docentes e Investigadores de la Universidad Nacional de Lomas de Zamora (ADIULZA), Miguel Briscas, aseveró que “la intención última del Gobierno es controlar cómo sea las universidades nacionales”, y agregó que “el cómo sea es a través de asfixiarlas con el presupuesto universitario y eso va concatenado con violentar la autonomía universitaria”.
“Es falso que no tengan auditorías, porque precisamente la AGN es la que realiza y audita las universidades. El gobierno pretende, su pretexto es artículo 2 de la Ley, intervenir legalmente, crear una figura de una auditoría paralela o superior a la que hace la AGN. Pero son artilugios que todos apuntan a violentar la autonomía y a controlar económica y políticamente las universidades”, apuntó.
Para Briscas, el gobierno nacional está en “contra todo lo que sea estatal”: “El viejo liberalismo salvaje hasta la aparición del Estado fue así. Y este presidente busca destruir todo lo que es el Estado como sea, en el tiempo que sea, contra quien sea, una universidad, un rector, un diputado, un senador. Es decir, todo lo que tenga gestión estatal, lo desprecia, lo aborrece”, indicó.
Entonces… ¿El Gobierno puede auditar a las universidades?
Mediante la Ley 24.156 de administración financiera y sistemas de control del sector público nacional, sancionada en 1992, se estableció a la AGN y la SIGEN como los órganos rectores de la fiscalización interna y externa del sector público nacional.
La SIGEN, que depende del Poder Ejecutivo Nacional (PEN), dicta, aplica y supervisa las normas de la estructura de Gobierno, que son coordinadas con la AGN, a la par que aprueba los planes anuales de trabajo de las unidades de auditoría interna, de forma tal de orientar y supervisar su ejecución y resultado, entre otras funciones.
En tanto, la AGN fiscaliza el cumplimiento de las disposiciones legales y reglamentarias relacionadas con la utilización de los recursos del Estado, por un lado, y por el otro realiza auditorías financieras de legalidad, de gestión, exámenes especiales de las jurisdicciones y de las entidades bajo su control, así como las evaluaciones de programas, proyectos y operaciones, entre otras cosas.
Asimismo, la Ley de Educación Superior establece en su artículo 29 que las universidades nacionales tendrán autonomía académica e institucional para, entre otros ítems, administrar sus bienes y recursos, mientras que el artículo 30 indica que «solo pueden ser intervenidas» por Congreso de la Nación, «o durante su receso y ad referéndum del mismo», por el PEN «por plazo determinado, no superior a los seis meses».
En ese sentido, el artículo establece el conflicto insoluble del o de la institución que haga imposible su normal funcionamiento; la grave alteración del orden público; y el manifiesto incumplimiento de la presente ley como causales, y subraya que «la intervención nunca podrá menoscabar la autonomía académica».
AUNO-26-5-24
FM-SAM
