Autoridades, docentes y parte de la comunidad educativa del complejo educativo Vicente Francisco Saperi de la ciudad de Monte Grande realizaron este jueves un abrazo simbólico para visibilizar la crisis económica que atraviesa el establecimiento y solicitar ayuda estatal para evitar el cierre.
La dueña y fundadora del establecimiento, Silvia Saperi, subrayó que la realización del abrazo permitió “expresar que no dan más” con la situación económica actual y dejar en claro que “no recibieron ninguna subvención económica por parte del Estado”.
En diálogo con AUNO, enfatizó que en los últimos años “había caídas” en lo que respecta a la economía, pero a partir de 2019 «empezó a sentirse la recesión con la pandemia”, y durante ese proceso, alrededor de “un flujo de 200 familias optaron por ir a escuelas estatales, más económicas o subvencionados”.
El complejo educativo Vicente Francisco Saperi cuenta con 99 cargos y en la actualidad tiene aproximadamente 550 alumnos, entre los niveles maternal, inicial, primaria y secundaria.
La dueña del establecimiento detalló que no recibieron la ayuda económica brindada por el Programa ATP, lanzado durante 2020 para atenuar los impactos negativos de la pandemia, porque en ese momento realizaron “un cambio de propietarios”, en el que seguía al frente Silvia Saperi, pero como parte de una Sociedad de Responsabilidad Limitada (S.R.L.).
Desde la cúpula del colegio criticaron que las autoridades gubernamentales “los tratan como una empresa, pero les exigen como una escuela” debido a que las multas y los intereses que les cobran “son terribles” y tornan a estos compromisos como impagables.
Una situación que padecen varias escuelas
Este reclamo se llevó a cabo en la puerta del colegio, situado en Carlos Pellegrini 1751, en Monte Grande, y a pocos días de que se conociera un relevamiento de la AIEPBA en el que denunciaron que “hay 30 colegios privados en riesgo de cierre definitivo”.
Saperi argumentó que tuvieron que “pedir préstamos de todo índole” para afrontar el pago de los sueldos de los empleados y que hace dos años presentan carpetas y todo lo que se les pide para «efectuar la subvención estatal”, a la que no ingresaron porque la antigüedad cuenta desde el inicio de la SRL.
“La respuesta es que no estamos en un listado prioritario, no sé cuál será o que considerarán en este organismo que es lo prioritario, porque si estamos en el infierno no entiendo por qué no nos tiran una soga”, arremetió la psicopedagoga y propietaria.
AUNO-01-10-23
SG-SAM
