(AUNO-Tercer Sector*) Hipótesis de atentados o autoatentados, vagones en mal estado, retrasos, delitos cotidianos en coches y andenes, pasajeros que flamean en los pasamanos a punto de agregarse a la lista de muertos por accidentes; paros y continuas quejas de usuarios, son imágenes cotidianas de un jaqueado servicio ferroviario. Si hay algo que esta realidad deja en claro es que la privatización de los ramales ferroviarios no sirvió para mejorar el servicio pero sí para jugar un papel decisivo en la política de saqueo y destrucción del Estado durante la década pasada.
Como para empezar a reactivar las células que quedan aún vivas, un grupo de técnicos especializados en la actividad ferroviaria apoyado por un centenar de organizaciones, legisladores provinciales y nacionales presentó un proyecto de ley para la reestatización de los ferrocarriles que hace 15 días cobró estado parlamentario y aguarda impaciente su tratamiento en comisión.
La Empresa Estatal de Ferrocarriles (EEFE) es una propuesta que, de tener viabilidad, absorbería todos los ramales e inmuebles privatizados, reincorporaría trabajadores de la ex Ferrocarriles Argentinos, establecería convenios de desarrollo tecnológico con universidades nacionales, rearmaría el amputado sistema nacional en un plazo mínimo de diez años y devolvería a la Argentina uno de los vectores más sensibles para su crecimiento.
Los recursos provendrían de los cánones que debieran abonar las concesionarias por la rescisión de los contratos, las ganancias por la explotación del servicio, los subsidios estatales y los ingresos del impuesto por la Utilización del Medioambiente, creado especialmente. El canon recaería sobre productores y vendedores de combustibles fósiles para el transporte, y propietarios de vehículos de gran porte.
La gestión de EEFE estaría en manos de un directorio integrado por representantes del Gobierno, que “podrá utilizar al servicio como herramienta de planificación”; de los trabajadores, “para evitar que se los perjudique y que los administradores se roben todo”; y los usuarios (integrado por pasajeros y “#8220;para el caso de los trenes de carga- cooperativas agrarias arrendadoras de vagones), “para que el servicio se maximice en función de ellos y no de otros intereses”, detalló a AUNO-Tercer Sector Norberto Rosendo, integrante de la comisión y uno de los autores de la iniciativa.
Al respecto, la diputada que presentó el proyecto en el Congreso, María Lucrecia Monteagudo, resumió: “Se propone una empresa autárquica, con administración propia y participación de todos los actores. Creemos que tiene que ser así porque es la única forma de cuidar todas las partes”.
La iniciativa fue consultada a los mismos usuarios mediante una encuesta elaborada por los técnicos de la Comisión Salvemos al Tren y el 85 por ciento la consintió. Resabios de discursos políticos introdujeron en el imaginario social el concepto de “estatización” en el rango de las malas palabras. Sin embargo, Rosendo contraargumentó: “reestatizar o no, no es una discusión económica que mida la eficiencia del Estado. Hay ejemplos en el mundo en donde el Estado es enormemente eficiente”. Y Monteagudo complementó esa afirmación: “Reestatizar es casi una mala palabra porque hay sectores que tienen miedo a perder los beneficios y negocios que han sido para el establishment”.
Pero la Argentina es un país con malos antecedentes en lo que a prestación de servicios públicos estatales se refiere. No obstante, “en manos del Estado teníamos una empresa que, más o menos, caminaba; llevaba a la gente, no la mataba; y tenía servicio en todo el país”, comparó Rosendo. Y los datos que confrontan el antes y el ahora resumen muchos argumentos: luego de las privatizaciones, la planta de trabajadores ferroviarios quedó reducida de 98.134 a 17 mil. De los 35.746 kilómetros de vías quedaron sólo 11.677. Las tarifas urbanas aumentaron entre 50 y 70 por ciento. Las empresas ganan 370 pesos por minuto y los subsidios estatales pasaron de 222 millones a 384.
El servicio ferroviario recibe muchas críticas y los últimos hechos de violencia contra la empresa no dan garantías de mejoras en el corto plazo. El Gobierno presiona a las concesionarias pero sin embargo, su propuesta parecería ir por el carril de un nuevo llamado a licitación. Por este motivo, Rosendo calificó de “bajas” a las expectativas sobre el tratamiento del proyecto.
No obstante, la diputada Monteagudo reconoció que “hay una gran movilización sobre el tema” y que la propuesta “ya recibió el apoyo de nueve diputados”, muchos de ellos provenientes de partidos provinciales.
“Desde el Gobierno nos dijeron que no podrían reestatizar porque no tenían técnicos; les dijimos que nosotros se los dábamos. Luego dijeron que se trataba de un problema jurídico; les ofrecimos abogados. Pero, en realidad, el problema es político y la propuesta de (Néstor) Kirchner apunta a profundizar el sistema”, reflexionó el ingeniero a la vez que agregó: “Lo que no pueden decir es que no tenemos propuestas”.
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Revista Tercer Sector
