(AUNO-TERCER SECTOR*) La lucha que libran los trabajadores de la imprenta Chilavert puede significar un hito en la historia de la empresas recuperadas de la Argentina. El próximo 17 de octubre, caducará la expropiación temporaria que le fue concedida hace dos años a la cooperativa de empleados que administra este taller gráfico ubicado en el barrio porteño de Pompeya. Mientras tratan de conseguir una prórroga, los trabajadores piden que a través de una ley, el Estado Nacional los reconozca como dueños legítimos que pusieron en funcionamiento una firma quebrada por sus patrones. Empresas como Yelco, Grisinópolis y Brukman, se encuentran en una situación similar y plantean idénticas demandas.
Ernesto González, uno de los trabajadores que ha recuperado la ex imprenta Gaglianone, se mostró esperanzado en conseguir una prórroga de la expropiación, pero reclama una intervención más activa por parte del Estado para con las empresas que son autogestionadas por sus empleados.
“Sabemos que tenemos un fuerte respaldo legal que podría permitirnos continuar adelante. La Legislatura Porteña sancionó hace dos años una norma que nos garantiza una prórroga, ¿pero después qué? pregunta. Es por eso que necesitamos un respaldo más activo por parte del Estado Nacional para que podamos seguir adelante, nosotros y todas las empresas recuperadas que existen en el país”, explicó González.
En abril del 2002, la empresa Gaglianone, fundada en 1923, se declaró en quiebra dejando a sus once empleados sin trabajo y cobertura social alguna. Los trabajadores decidieron formar una cooperativa y ocupar las instalaciones que la fallida firma poseía en Chilavert 1136, ciudad de Buenos Aires y comenzaron a producir bajo su propia administración.
La causa de la quiebra de esta imprenta quedó a cargo del Juzgado Penal y Comercial Nº21 de la Ciudad de Buenos Aires. El magistrado, Germán Páez Castañeda, solicitó el remate de las instalaciones donde funcionaba la imprenta con el propósito de pagarle a los acreedores de Gaglianone.
Pero los trabajadores resistieron la medida, continuaron con la ocupación y trataron de aumentar la producción como una forma de legitimar la acción que habían asumido. Con el apoyo del Movimiento Nacional de Empresas recuperadas (MNER), y los legisladores afines a sus posiciones, se impulsó en la Legislatura Porteña la legislación que prioriza la continuidad laboral de los trabajadores.
En octubre de 2002, fue sancionada la ley de expropiación temporaria que le otorga a las cooperativas formadas en estas instancias la oportunidad de proseguir con la posesión y administración de cualquier empresa que, recuperada por sus empleados, fuera puesta a producir nuevamente.
En estos términos, la cooperativa Chilavert comenzó a funcionar nuevamente. En principio, recibieron trabajos de tercerización de otras editoriales, y aunque la planta opera a un 40 por ciento de sus capacidad, se alcanzaron ganancias por 50 mil pesos anuales durante los ejercicios contables realizados durante 2002 y 2003. Actualmente, cada trabajador cobra un salario de 800 pesos por mes, pero creen que si se concretan algunas operaciones, puede haber un incremento salarial de 200 pesos antes de fin de año.
“Lo importante es que en un momento muy difícil del país apostamos a una salida colectiva y acá estamos peleándola. Nos estamos jugando una parada muy importante, porque esto va a sentar un precedente para los compañeros de otras empresas. Yo creo que la prórroga la vamos a conseguir pero lo importante sería contar con un respaldo legal, una solución para todo el Movimiento de Empresas Recuperadas, y es allí donde el Gobierno Nacional se tiene que comprometer con una solución”, señaló González.
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Cómo comunicarse:
Imprenta Chilavert: Teléfono 4924-7676.
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Las empresas recuperadas esperan una ley de expropiación definitiva
Con 12 mil puestos de trabajo en todo el país, las más de 170 fábricas reabiertas por los trabajadores después de quebrar sus dueños, esperan que el Congreso Nacional modifique la ley de quiebras. En pocos días más vencerá el plazo de expropiación temporaria concedido a la imprenta Chilavert, y aunque sus empleados esperan una prórroga, representa una amenaza con la que convive cada empresa recuperada.
Por Leonardo Castillo