(AUNO-Tercer Sector*)Si bien la Constitución de la ciudad de Buenos Aires, sancionada en 1996, estableció que se debía dictar un Código Ambiental, todavía no fue redactado. Para elaborar el documento de protección ambiental, el Gobierno porteño y la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), que dirige el constitucionalista Daniel Sabsay, firmaron un convenio para que la entidad redacte un Código Ambiental en los próximos tres años y medio. En la elaboración del texto podrán aportar ideas organizaciones de la sociedad civil (OSC), especialistas y ciudadanos.
Para redactar el texto la entidad ambientalista tiene un plazo de tres años y medio. “En un primer momento, vamos a analizar los que indica la Constitución de la ciudad sobre el tema. Y también, vamos a investigar los códigos ambientales de otros países para la floración del texto”, señaló a AUNO-Tercer Sector Maria Eugenia Di Paola, directora del Área de Investigación y Capacitación de FARN. Desde la OSC se adelantó que “los aspectos fundamentales del código se definirán luego que analicemos todas las propuestas que se presenten”.
Para la realización del documento, también se “tendrán en cuenta las normativas vigentes en la ciudad”. Aunque la comuna de Buenos Aires carece de un código ambiental, dispone de varias leyes que protegen el medio ambiente. Entre ellas, la ley impacto ambiental; la de educación ambiental; la de contaminación acústica; y la de minimización de residuos, entre las sancionadas más recientemente.
Y además, se tendrán en cuenta las propuestas de las organizaciones de la sociedad civil (OSC) y de los ciudadanos. “El próximo año la Legislatura inaugurará un registro de actores, donde los ciudadanos y las OSC podrán presentar propuestas sobre qué aspectos debería contener el código”, comentó Di Paola.
Para concretar este punto, en el acuerdo se estableció que FARN deberá brindar asesoramiento y asistencia técnica para la realización de un proceso de elaboración participada de normas. Mientras, el Ministerio de Medio Ambiente y la Legislatura acordarán la invitación de organizaciones de la sociedad civil (OSC) dedicadas a la transparencia institucional para el monitoreo del proceso, como también la de otras OSC vinculadas con temas ambientales.
Y también se dispuso el acceso a la información de los ciudadanos para “aumentar la cantidad y calidad de participación ciudadana”. En este marco, se organizarán talleres con el objetivo de “aportar propuestas al anteproyecto del código”, contó la integrante de FARN, una institución ambientalista con más de 20 años de experiencia en la temática.
“El código está pensado como un proceso de doble lectura para asegurar que haya consenso cuando el anteproyecto llegue a la Legislatura y de esta manera sea votado. Esto es, el anteproyecto será presentado en la Legislatura para que sea tratado en las comisiones, luego será debatido en las audiencias públicas, y finalmente será tratado en el recinto por los legisladores”, explicó Di Paola.
Si la iniciativa se convierte en ley, será la primera vez que ocurre en el país. “A nivel nacional no existe un código ambiental, pero sí hay presupuesto mínimos de protección ambiental. Esto implica que cada provincia que sancione una ley de protección ambiental siempre tiene que ser más estricta en cuanto a su cumpliento”, apuntó la responsable de FARN.
La Fundación Ambiente y Recursos Naturales es una OSC dedicada a la protección del medio ambiente y la promoción del desarrollo sustentable a través de la política, el derecho y la organización institucional de la sociedad. En este sentido, la entidad publicó en marzo un libro sobre la temática: ‘Prepuesto mínimos de protección ambiental II’.
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