Los talleres textiles con mano de obra de esclava radicados en el partido de Lomas de Zamora “son como mínimo unos tres mil”, es decir el 15 por ciento de los 20 mil que funcionan en el conurbano bonaerense y que emplean por centavos la fuerza de trabajo de unas 270 mil personas, según la Unión de Trabajadores Costureros (UTC).
En diálogo con AUNO, el titular del UTC, Gustavo Vera, aseguró que “el avance de los controles en la Capital Federal recrudeció la situación en el Gran Buenos Aires, donde hay una especie de zona liberada en lo que tiene que ver con el trabajo a domicilio, o sea unidades de producción que funcionan en el interior de casa y que el Ministerio de Trabajo prácticamente no atiende”.
“Como piso mínimo, hay no menos de tres mil talleres clandestinos en Lomas, seguro”, estimó Vera, que también está al frente de la cooperativa de costureros “La Alameda”, que encabezó las denuncias sobre talleres clandestinos y contratación de mano de obra esclava en varios barios porteños.
En referencia a la situación en Lomas de Zamora, Vera afirmó que “nadie se acercó” desde el municipio para dar una respuesta al respecto, y estimó que el partido “es el segundo más grande y no sé si es el primero en cantidad de talleres clandestinos”.
Las empresas de ese tipo que se benefician por los bajos costos que le pagan a los costureros que trabajan en estos talleres consiguen la mano de obra esclava mediante un mecanismo que funciona de manera “sistematizada” y traen a gente desde Bolivia con promesas de altos sueldos y una casa.
Según las investigaciones, en este mecanismo participan medios bolivanos que transmiten avisos de empleos ofrecidos, empresas de ómnibus, la Gendarmería en la frontera y, una vez en el país, “la Policía, que participa en muchas situaciones de cohecho, o sea los encubre mediante coimas”, denunció Verá.
El titular de “La Alameda” explicó que como consecuencia de este sistema “no se respeta la ley 12.713”, que obliga a la empresa a responsabilizarse de la situación del costurero.
A modo de ejemplo, Vera comentó que la empresa que vende una prenda a 40 pesos paga un peso al tallerista, que a su vez se queda con una parte de ese monto, y que el costurero –hacedor de la prenda- cobra 20 centavos.
“Cuando vos estas pagando un peso por remera, lo único que necesitas es un tipo con una picana que torture al que la está cosiendo. Los precios que ponen las marcas hacen inviable que cualquier taller sea sustentable”
“Lo que tiene que cambiar es el valor del costo, porque así el tallerista podría pagar los impuestos” necesarios para la habilitación y “legalización” del taller, añadió Verá.
Dentro de este sistema donde la cadena de valores siempre favorece a las empresas usureras, explicó, se originó el fenómeno de la feria de “La Salada”, que en un primer momento fueron cooperativas de costureros que se revelaron contra la explotación de las grandes marcas.
“Hay un montón de talleres denunciados que trabajan de forma totalmente clandestina para cooperativa que trabajan para esa feria; tenemos pruebas que presentamos en el juzgado federal”, aseguró.
Según esa denuncia judicial, hay talleres en localidades cercanas y en toda la provincia y el conurbano trabajando para “La Salada” y las grandes marcas, de hecho hay 74 que fueron denunciadas.
Pero en el caso de “La Salda”, “la mayor parte de los talleres por razones de cooperativa, de costo y geográfica están en Lomas de Zamora”.
No obstante, resaltó que “muchas veces se demoniza a ‘La Salada’. Es una estrategia de la grandes marcas para mostrar que el problema de los talleres clandestinos es un fenómeno de ahí pero en realidad el universo de todas las marcas factura muchas más y funciona igual”.
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