La hija de desaparecidos y concejal de Avellaneda Victoria Donda Pérez solicitó la impugnación de la candidatura de Alberto Groppi, que pretende intentar una nueva reelección el 28 de octubre, al frente de la Intendencia de ese municipio del gran Buenos Aires.
La presentación fue realizada ante la Junta Electoral bonaerense. El pedido se basa en el vínculo de este aspirante a la reelección con la última dictadura militar.
“No tiene idoneidad moral para presentarse en un proceso democrático quien fue cómplice de la dictadura”, afirmó la concejal, publicó hoy el diario Página 12.
El escrito llegó al presidente de la Junta Electoral de la provincia, Daniel Soria, el 29 de agosto, y lleva la firma de Donda Pérez y de su abogado patrocinante Marcelo Ferreccio.
Donda Pérez dice en la presentación que “Groppi ejerció funciones como intendente de Esteban Echeverría entre 1979 y 1983, bajo el cargo de comisionado civil”.
También que que “el edificio municipal donde tenía su despacho lindaba pared de por medio con el centro de detención ilegal conocido como Comisaría de Monte Grande; incluso su oficina poseía una puerta que conectaba con la comisaría; la misma fue clausurada por el intendente justicialista Luis Obarrio en 1987”.
Dice la presentación que “este es el primer elemento da certeza de que Groppi no podía ignorar lo que sucedía” y que en el Nunca Más el informe de la Comisión Nacional sobre Desaparición de Personas (Conadep), se menciona expresamente la existencia de cuatro centros clandestinos de detención ilegal y torturas en Esteban Echeverría”.
Esos lugares eran el Centro de Instrucción Profesional de Aeronáutica (Cipra), la Comisaría 1ª, La 205 (por la ruta nacional 205), y la Unidad Penal 3 de Mujeres.
“En el quinto centro conocido como Transradio Internacional se encontraron restos humanos que habrían pertenecido a personas que habían sido privadas de su libertad”, señala la edil.
La Secretaría de Derechos Humanos de la provincia había presentado una denuncia ante el Juzgado Federal Criminal Correccional de Lomas de Zamora Nº 1, a cargo de Alberto Santa Marina, que todavía está en curso.
En esa denuncia, se certificó que en el predio en cuestión `podrían hallarse restos óseos humanos de personas privadas de su libertad en un centro clandestino de detención que habría funcionado allí entre los años 1973 y 1983”.
Donda Pérez es nieta de una de las fundadoras de la Asociación de Abuelas de Plaza de Mayo e integrante del kirchnerista Frente para la Victoria.
La concejal señaló a ese mismo diario que las “graves violaciones a los derechos humanos cometidas durante la última dictadura militar”, es razón suficiente para impugnar a aquellos que “tuvieron un rol preponderante” en la misma.
Por otra parte, Groppi no está procesado ni condenado en ninguna causa vinculada a la violación de los derechos humanos, lo que en principio lo pondría a salvo de algún impedimento legal para presentarse como candidato a intendente.
hrc
