En el marco los alegatos que tienen lugar en los Tribunalels de Lomas de Zamora por el caso de Hernán Péres, el boletero asesinado en la estación de trenes de Monte Grande, en 2003, la Fiscalía, la familia del joven, los defensores de uno de los imputados y de los dos gendarmes acusados denunciaron “contradicciones”, “negligencia” y “falta de responsables” en la etapa de instrucción del proceso.
La Fiscalía exigió “condena perpetua” para cinco de los imputados, para los gendarmes acusados por la familia de haber “liberado la zona” sólo pidieron su inhabilitación y el pago de una multa de 11.500 pesos. Ahora están a la espera de la exposición del abogado defensor de los acusados de cometer el hecho –-no de los sindicados de haberlo encubierto— para saber la fecha de la sentencia.
Los argumentos del ministerio público se apoyaron en los testimonios de uno de los imputados, Daniel Pérez, quien habría escuchado diálogos que complican la situación de quienes serían los autores del hecho. Y también de Ismael González, un vendedor de garrapiñadas —que es hipoacúsico— que precisó quiénes estaban en el lugar antes del crimen.
Los pedidos fueron de prisión perpetua por “homicidio agravado en concurso real por robo agravado” para los acusados de asesinar al boletero: Luis Martines Cardozo y Juan Manuel Carrara.
En tanto que el otro, Juan Ramón López, fue acusado por “participación secundaria” en el hecho, por lo que podría caberle una pena de 12 años, tres menos de los que pidió la familia de la víctima.
A los gendarmes custodiaban la zona en el momento en que ocurrió el asesinato, Carlos Alberto Michellod y Felix Onofre Diez, los acusaron de “incumplimiento de los deberes”, exigieron su inhabilitación para continuar en sus cargos y una multa de 11.500 pesos, sobre la bese de los artículos 249 y 20 bis del Código Civil.
También, tuvieron en cuenta el testimonio del grupo de gendarmes que encontró al joven quemándose y agregaron que “no había nadie en el lugar” porque uno de los vigilantes estaba durmiendo y el otro en otra parte de la estación, según habían dicho los testigos.
Sin embargo, el abogado defensor de los dos gendarmes, José Manuel Hubeiro, pidió la absolución de sus clientes basándose en que el trabajo de ellos consistía en realizar una “guardia perimetral” en la que se pueden desplazar hasta 200 metros; “no se les puede imputar nada y sí que cumplieron con sus funciones”, concluyó.
En cambio, la abogada de la familia, Débora Carreño, adujo a AUNO que “Hubeiro no pudo salvar ciertas dificultades, como las contradicciones en las declaraciones de los imputados”, lo mismo que advirtió la Fiscalía en el momento de dar cuenta de sus conclusiones.
Hubeiro, también hizo referencia al “móvil” del ataque y dijo que “no fue por robo” lo que derivó en la muerte del boletero, y por eso insinuó la posibilidad de que haya sido un crimen pasional aduciendo que “hubo un placer enorme” del autor al asesinar. Y para sumar a su argumento, presentó como prueba un comunicado que realizó la empresa Metropolitanos en la que se menciona que “no se registró faltante de dinero en la caja” que atendía Peres antes de morir.
En este sentido, calificó a la instrucción del proceso judicial como “un mamarracho” y señaló como responsables de un posible “incumplimiento” a la Policía Bonaerense “porque Gendarmería sólo cumple con un servicio adicional”.
Por otra parte, a Walter Soraide, acusado por “encubrimiento”, en caso de ser hallado culpable le correspondería una condena de tres años y medio de prisión, aunque la familia del boletero reclamó dos años y medio más.
CP-AFD
AUNO-24-10-08
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