El debate por la baja de la edad de imputabilidad hasta los 14 años, que fue proclamada y rectificada por el mismo discurso oficial, dejó en las organizaciones sociales del Conurbano una sensación ya conocida: que el Estado dispara contra los más vulnerables. Y para ello, los reclamos masivos de justicia se activan en los medios de comunicación cuando “los muertos pertenecen a los sectores de mayores recursos”, según aducen. Entonces, la fórmula de la búsqueda de soluciones a la “inseguridad” vuelve a atacar a los más pequeños.
“No hacemos otras cosas que cuidarnos de las personas a quienes deberíamos cuidar —denunció Mario Espíndola, de la organización Chicos del Sur, de Villa Fiorito—. Insisten con métodos que nunca funcionaron y no lo van a hacer ahora tampoco.”
Que la discusión se haya asentado luego del asesinato del ingeniero Ricardo Barrenechea no es un dato menor porque, precisamente, fue lo que la instaló en agenda, tal como lo sostuvo la directora general de la Asociación Civil para el tratamiento de las adicciones El Palomar, Gladis Maddedu: “Si hubiera sucedido en otro lado que no fuera San Isidro, hubiese desaparecido rápidamente (de los medios de comunicación). Todos los días matan pibes en Fiorito o se mueren por el paco y nadie dice nada; es más, lo siguen vendiendo”.
Por su parte, Luis Aranda, uno de los integrantes La Vieja del Anden, de Longchamps, coincidió con que se vincula a los chicos con los problemas de inseguridad porque “las personas que sufren esas tragedias tienen más posibilidades de acceder a los medios, y a partir de ahí la gente se hace eco más fácilmente”. Sin embargo, recpmpcoçp que no comprende esa reacción: “Es difícil de explicar por qué la sociedad adhiere y culpa a los jóvenes; lo importante es que se les dé contención porque el 60 por ciento de los pibes menores de 18 años están bajo el nivel de pobreza”.
ACTUAR ANTES
Los chicos demandan contención para evitar las potenciales situaciones delictivas. Un acceso igualitario a la salud y la educación y la distribución equitativa de la riqueza son algunas de las asignaturas pendientes. Para las organizaciones, “se trata de trabajar antes” para brindar respuestas a la infancia y la adolescencia en situación de riesgo.
En este sentido, Aníbal Balmaceda, integrante del Foro por los Derechos de la Niñez, la Adolescencia y la Juventud de Esteban Echeverría y secretario de Formación y Capacitación de la CTA, redefinió el concepto de “seguridad” en el que debería concentrarse la atención pública. En primer lugar tendría que garantizarse “la seguridad alimentaria, educativa y sanitaria, y así se terminaría con lo que hoy amplifican los medios de comunicación”.
Del mismo modo, Maddedu se refirió a los chicos que “no nacieron con las mismas oportunidades que los demás, que viven marginados y hacen lo posible para sobrevivir”. Sobre ellos, el discurso carga el peso de la responsabilidad de los hechos delictivos. Para Balmaceda, no es otra cosa más que la “criminalización de la pobreza”, cuando, en definitiva, “los chicos son las víctimas”.
MNL-CP-AFD
AUNO-31-10-2008
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