A 10 años del fallo Arriola, organizaciones sociales que abordan las políticas de drogas y Derechos Humanos condenaron el carácter punitivo de la actual Ley de Estupefacientes, y advirtieron sobre las consecuencias de mantener su aplicación. “Las drogas son un problema de salud que no se resuelve en el ámbito penal”, destacó el ex juez de la Corte Suprema de Justicia, Eugenio Zaffaroni.
“El Estado argentino no puede meterse, no puede penar, no puede ejercer su poder mientras no haya un derecho ajeno afectado. Esto es lo que garantiza la diferencia entre delito y pecado, entre lo antijurídico y lo contrario a la ética”, afirmó el actual miembro de la Corte Interamericana de Derechos Humanos, para quien el fallo Arriola “no tuvo el efecto esperado”.
Y aclaró que “la falla en en la jurisprudencia se debió, principalmente, a que el control de constitucionalidad es débil ya que cada juez sostiene su posición mientras la ley se sigue aplicando”.
“Ha cambiado poco la política criminal en materia de consumos tóxicos, y sólo se logró acrecentar la estigmatización de cualquier persona detenida que pasa por un juzgado o comisaría”, enfatizó.
En el mismo sentido, el Procurador Interino Penitenciario nacional, Ariel Cejas Meliare, repasó el impacto por el “incumplimiento” del fallo. “La regulación actual encarcela delitos económicos y de pobreza”, resaltó el funcionario y denunció que la ley vigente “provoca sobrepoblación y un estado de emergencia en el sistema carcelario federal”.
“El 48 por ciento de las mujeres detenidas es por tenencia de drogas, y el 91 por ciento de ellas son extranjeras”, detalló Meliare.
Por su parte, desde el panel “Drogas y Medios de Comunicación” el periodista Emilio Ruchansky pronunció una fuerte autocrítica sobre el abordaje mediático en la temática: “es indisimulable que somos parte del problema, y no parte de la solución”.
“La estigmatización que hacemos sobre los usuarios y usuarias de drogas es constante”, alertó Ruchansky y precisó en que las coberturas sobre consumo “aún no se encaran desde salud, social, o sociedad sino simplemente desde lo policial”.
“Existe la construcción de un sistema metafórico que posiciona al consumidor como un mero objeto y que tiene como consecuencia la quita de derecho para ese sujeto consumidor”, alertó.
Con ocho paneles, el encuentro abordó la situación de los consumidores de drogas desde el ámbito legislativo; salud mental; géneros; políticas públicas y derechos humanos.
La iniciativa, que se desarrolló en el Salón Atrio del Senado, contó con la participación de organizaciones internacionales y nacionales, entre ellas, RESET, Asociación contra la violencia institucional, Mamá Cultiva, Asociación de Reducción de Daños de Argentina, Asociación de Mujeres Meretrices (AMMAR) y Madres de Plaza de Mayo-Línea Fundadora, entre otras.
El caso Arriola tuvo lugar en agosto de 2009 ante la detención, tres años antes, de ocho jóvenes en Rosario acusados por tenencia de drogas. La resolución de la Corte Suprema de Justicia dictaminó finalmente la inconstitucionalidad del artículo 14 de la Ley de Estupefacientes 23.737 que penaliza la tenencia para consumo personal.
AUNO-23-8-19
EM-SAM
