Monte Grande, diciembre 14 (AUNO).- La peor “masacre” en comisarías del país sigue sumando muertos: el martes falleció Fernando Argüello y es la décima víctima fatal del incendio en la Comisaría de Transradio ocurrido hace un mes en el partido bonaerense de Esteban Echeverría.
Arguello murió en el Hospital Eva Perón de Lanús, donde estuvo internado desde el 15 de noviembre, cuando fue que fue inmediatamente trasladado tras el incendio que se produjo en la dependencia judicial. Tenía 33 años y estaba detenido por tenencia ilegal de estupefacientes para comercialización desde el 25 de octubre a cargo de la comisaría 1ª de Monte Grande pero alojado en la 3ª de Esteban Echeverría.
“Esta masacre también fue producto del hacinamiento, las condiciones inhumanas de detención y la falta elementos de seguridad”, manifestaron desde la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
Por este hecho la Auditoría de Asuntos Internos del Ministerio de Seguridad desafectó a los cinco policías que prestaban servicios en la madrugada del incendio, aunque ninguno se encuentra imputado. Y hasta el momento el Gobierno Provincial no se ha manifestado públicamente.
La Comisaría de Transradio tenía al momento del incendio siete clausuras, seis por orden judicial y una por resolución ministerial. La misma situación se repite en gran parte de las dependencias bonaerenses: de las 450 comisarías provinciales, 253 están inhabilitadas y 118 continúan alojando detenidos.
Con esta última víctima, ya son 17 los muertos por incendios en comisarías bonaerenses durante la gestión de la gobernadora María Eugenia Vidal y del ministro de Seguridad, Cristian Ritondo. A los diez de la comisaría de Transradio se le deben sumar los siete de la Comisaría 1° de Pergamino, fallecidos también por un incendio ocurrido en 2017.
El sábado, cuando se cumpla un mes del incendio, los familiares de las víctimas marcharán junto con la CPM y la Red de Familiares contra la Tortura y otras Violencias Estatales para reclamar justicia. La concentración será a las 18 en la plaza Mitre de Monte Grande y se dirigirán hasta el Espacio de la Memoria del distrito.
La semana pasada, la CPM, que patrocina a los familiares de cinco de los fallecidos, había solicitado junto con la Defensoría de Casación y el Centro de Estudios Legales y Sociales (CELS) a la Comisión Interamericana de Derechos Humanos (CIDH) la ampliación de las medidas cautelares para la protección de la vida y la integridad física de todas las personas alojadas en comisarías, y el cese de su uso como lugares de alojamiento permanente.
La Iglesia y organizaciones judiciales también se sumaron a los pedidos de los organismos de derechos humanos al estado provincial para revertir la situación. “Este drama es un clamor al cielo que desnuda la situación inhumana en la que viven los presos y urgimos a los poderes de la Provincia de Buenos Aires, para que adopten las medidas necesarias con el fin de asegurar que las detenciones y las condenas que se ejecutan no agreguen a la privación de la libertad lesiones a los derechos humanos”, solicita el documento elaborado por los obispados de Lomas de Zamora y San Justo.
En la misma línea, la Red de Jueces Penales de la Provincia de Buenos Aires manifestaron que “este tipo de tragedias ni son nuevas, ni van a dejar de repetirse, a menos que los poderes públicos logren revertir las actuales políticas de encarcelamiento en comisarías”.
Durante la semana, integrantes de la CPM y familiares de las víctimas fueron recibidos por el intendente de Esteban Echeverría, Fernando Gray. En la reunión el jefe comunal reconoció la responsabilidad del Estado y la grave situación de las comisarías bonaerenses, y se comprometió a acompañar el reclamo de justicia.
GS-AFD
AUNO-14-12-18
