Lomas de Zamora, marzo 04 (AUNO) – El miércoles 17 de febrero fue presentado el protocolo de actuación de las fuerzas de seguridad en manifestaciones públicas. Desde ese día, la iniciativa anunciada por la cartera de Seguridad cosechó críticas de un amplio arco que comprende organizaciones sociales y de derechos humanos, sindicatos y partidos políticos. El grito más fuerte contra la medida que promovió la cartera dirigida por Patricia Bullrich fue durante la multitudinaria marcha que la Asociación Trabajadores del Estado (ATE) realizó el pasado 24 de febrero, cuando cientos de miles de personas además de repudiar los despidos en el Estado, resistieron el protocolo en la calle.
Bulrrich presentó la medida durante el Consejo de Seguridad Interior (CSI) que tuvo lugar en Bariloche, donde asistieron autoridades de todo el país. El texto, que fue aprobado en un contexto de creciente protesta social por despidos y paritarias, establece el accionar que tendrán las fuerzas de seguridad en las manifestaciones públicas.
El anuncio fue rechazado por organizaciones políticas y sociales de todo tipo, ya que establece un estrecho margen a las manifestaciones que son “programadas”, y casi nulo a las que la nueva medida denomina como “espontáneas”. Bullrich lo resumió así: “Si no se van a los cinco o diez minutos, los sacamos”.
El legislador porteño por el Frente Para la Victoria (FPV) Pablo Ferreyra expresó que “no se pude disociar la medida del achique que está sufriendo el Estado”. Para el diputado, “una cantidad de medidas que dejen fuera del sistema a los trabajadores como los despidos masivos y tarifazos en los servicios públicos, no se pueden garantizar sin una faja represiva que permita tener desmovilizados a los sectores populares”.
Ferreyra, también presidente de la Comisión de Violencia Institucional de la Legislatura porteña, opinó que con esta iniciativa el Gobierno busca “generar un debate superficial sobre los derechos” porque el protocolo fue diseñado “para generar impacto sobre los sectores medios que reclamaban seguridad y así ganar su adhesión”.
“En realidad lo que uno ve es que los que se movilizan, en general, lo hacen por derechos esenciales y fundamentales como el acceso a la vivienda, a la salud y al trabajo, que son derechos fundacionales de todos los demás”, reflexionó el diputado.
Acerca de la discusión del choque de derechos, la secretaria de derechos humanos de la Central de Trabajadores Argentinos (CTA de los Trabajadores), María Reigada, opinó que “no es real que el derecho a la circulación tenga el mismo valor que el derecho al trabajo”. Según la sindicalista, hay “muchas formas de resolver una negociación sin el uso de la fuerza, incluso en un piquete”.
Para la abogada de la Coordinadora contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), María del Carmen Verdú, lo “más grave” del protocolo es que “le da luz verde al uso de la fuerza directa hacia cualquier movilización espontánea”, por lo que “la policía puede dispersar sin ninguna orden judicial, lo que equivale a un ‘mono con navaja’”.
El legislador porteño, que es hermano de Mariano Ferreyra, el militante del PO asesinado durante una protesta social, en 2010, criticó la “libertad de acción” que le brinda el protocolo a las fuerzas de seguridad y aseguró que “es volver a un esquema de autogobierno de las fuerzas represivas”.
En esa línea, Verdú consideró como una “trampa” que el protocolo aclare que las primeras líneas usarán armas no letales: “Que le pregunten a Carlos Fuentealba si los gases lacrimógenos no son letales”, planteó al recordar el caso del docente asesinado en 2007 por un disparo de una granada de gas (considerada como un arma no letal) que le golpeó la cabeza y le generó una lesión cerebral irreversible.
Las críticas al protocolo también giran en torno al rol que tendrán los medios en las movilizaciones: según el texto, los trabajadores de prensa “desarrollarán su labor en una zona de ubicación determinada, donde se garantice su integridad física y no interfieran con el procedimiento”. La Asociación de Reporteros Gráficos de la República Argentina (Argra) rechazó esta medida bajo la consigna “no al corralito periodístico”.
Sobre este punto, Verdú sostuvo que cuando un periodista “no puede cumplir la tarea de forma libre al registrar imagen y sonido y ser testigos calificados, no solo se vulnera el derecho a informar”, sino que “además se priva de ese elemento probatorio que ha sido determinante para esclarecer casos como los asesinatos de (Maximiliano) Kosteki y (Darío) Santillán o de Mariano Ferreyra”, en referencia a dos hechos emblemáticos donde la documentación periodística demostró la participación necesaria de las fuerzas de seguridad.
En cuanto a la movilización organizada por la CTA a Plaza de Mayo, Ferreyra calificó como un “fracaso” el debut de la medida, que no fue aplicada, y ponderó el “gran protagonismo del campo popular” que salió masivamente a la calle, entre otros reclamos, para repudiar el protocolo. A su vez, acusó a los “medios hegemónicos” de pedir “represión y sangre para terminar con la protesta”. “Era casi provocador ver diferentes títulos periodísticos incitando a la represión”, agregó.
El futuro del protocolo es incierto. Se vienen momentos de movilizaciones por fechas emblemáticas como el 24 de marzo (con el “condimento Obama”) y negociaciones paritarias donde los gremios y organizaciones seguramente realicen cortes de calle. Eso no es todo, la CTA autónoma ya confirmó un paro con movilización para las próximas semanas.
“La única manera de defendernos contra esta medida es estar en la calle y mostrar que no le vamos a pedir permiso a nadie porque el espacio público es público; el Gobierno lo confundió con espacio vacío”, sentenció Verdú. Con una postura similar, Reigada adelantó: “No vamos a dejar de marchar como lo venimos haciendo”. Con un llamado a la unión, Ferreyra cerró: “La unidad hace que el protocolo tenga grandes falencias para ser aplicado”.
AUNO 04-03-2016
SM-AFG
