Lomas de Zamora, noviembre 18 (AUNO).- Habían sido desalojados de sus viviendas hace dos semanas, fueron vueltos a desalojar ayer, esta vez, de la carpa ubicada frente al predio donde vivían y aguardaban que se abrieran las puertas de la escuela donde se les había permitido dormir. Como consecuencia, las 15 familias de Santa Catalina empezaron una huelga de hambre frente a Tribunales de Lomas de Zamora a la espera del fallo judicial que mañana podría revertir la sentencia que los acusa de “usurpación” del predio y que los había obligado a abandonar sus viviendas.
“Tenían orden de tirar todo”, aseguró a AUNO Claudia Molina, una de las desalojadas que fue expulsada de enfrente del predio donde tenía su casa. “La policía nos desarmó la carpa que habíamos construido frente a nuestras viviendas. Allí guardábamos nuestras cosas y pasábamos parte del día”, ya que a la noche la Escuela 94 les permite usar sus instalaciones.
“Tiraron todo al piso, lo rompieron. No nos pegaron porque éramos todas mujeres con niños en ese momento. Pero nos agredieron verbalmente”, contó la mujer que forma parte de las 15 familias expulsadas (50 personas, entre las que había 26 niños) de un predio del barrio de Santa Catalina.
Además, según la vecina, “a la una y media de la tarde, por orden del fiscal (Gustavo) Giorgi, los policías nos obligaron a levantar el corte en Camino Negro frente a Tribunales. Nosotros cortábamos parcialmente esa calle para demostrar nuestra voluntad de diálogo”.
Por eso, “estamos en huelga de hambre hasta que el juez nos diga que podemos volver a nuestras casas”, advirtió Molina, quien junto “a nueve compañeros, uno por cada casa desalojada”, se mantienen sin ingerir alimentos desde esta mañana.
En horas, el juez de garantías Horacio Hyrb deberá expedirse sobre la base de la nueva evidencia presentada en el proceso de apelación, la denuncia de usurpación realizada por María Luisa Martínez, quien se adjudica la propiedad del terreno.
El secretario general de la CTA de Lomas de Zamora, Pedro Ponce, que acompaña el reclamo de los vecinos, contó a AUNO que “hoy había una audiencia programada entre el fiscal y la supuesta dueña, pero ella por segunda vez no asistió”.
“El fiscal elevó hoy al juez de garantías el informe con las nuevas pruebas acumuladas, por esto esperamos que se resuelva esto favorablemente”, relató Ponce.
“Por ejemplo, enviamos los recibos de Edesur de los últimos años. Las familias viven en esas casas hace 15 años y tienen cómo probarlo. La señora los acusa de usurpar las tierras desde 2008. Además, el juez envió un perito a la zona para investigar los medidores de gas, con lo que tuvo que encontrar que estaban puestos desde antes.
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¿Y LOS NIÑOS?
Por su parte, el defensor penal juvenil Julián Axat explicó a AUNO que previo al desalojo se debe “buscar un lugar alternativo para los niños que fueron desalojados” y especificó que “ese lugar debe tener las mismas condiciones que las viviendas de donde el chico va a ser echado”.
Los niños que fueron desalojados de sus viviendas y, desde ayer, de la carpa donde se habían instalado, son 26.
Actualmente, su única vivienda es una escuela donde se les permite pasar la noche junto a sus familias, sin embargo este techo fue conseguido por la buena voluntad de sus autoridades y no por intervención estatal.
“No corresponde. Una escuela no es una situación regresiva a la condición previa donde habitaba el niño”, aseguró Axat, en referencia al actual alojo de las 15 familias desalojadas.
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