En Argentina, no sólo la Constitución garantiza el derecho a la libertad, a la educación, a la salud y al trabajo para todos los habitantes, sin ningún tipo de distinción. Hay además leyes que refuerzan el plano de igualdad. Una de ellas es la número 24.314, que afirma que “la supresión de las barreras físicas en los ámbitos urbanos arquitectónicos y del transporte es prioritaria”, pero que además agrega que el Estado prestará a los “discapacitados” la escolarización, en caso de que no puedan afrontarla por sus propios medios.
Estos derechos de las personas con discapacidades se suman al de la rehabilitación integral. Sin embargo, ninguno se ve plenamente efectivizado.
Para que estas leyes que ya están vigentes se cumplan es que lucha “La Usina”, cuyo objetivo principal es promover un cambio de actitud con respecto a la discapacidad, para generar el ejercicio de una ciudadanía activa. Para eso cuenta con tres programas de acción: “Responsabilidad Ciudadana”, “Redactivos” y “Fortalecimiento a organizaciones”.
El primero busca la conciencia ciudadana instalando la temática discapacidad en ámbitos no tradicionales, mientras que el segundo comercializa y distribuye productos y servicios desarrollados por personas con discapacidad, creando y operando una red centrada en criterios de equidad y guiada por un código de ética. Finalmente, el tercero se propone fortalecer al movimiento asociativo de personas con discapacidad a través de sus organizaciones, estimulando mejores prácticas y el mayor protagonismo en sus comunidades.