Monte Grande, noviembre 19 (AUNO).- El incendio en la Comisaría 3° de Esteban Echeverría sumó una séptima muerte. Se trata de Juan Carlos Fernández, de 31 años, que estaba internado en el Hospital Narciso López, de Lanús, con graves heridas. La cantidad de victimas hizo que el hecho se convirtiera en uno de los peores de sus características en la provincia de Buenos Aires.
La muerte de Fernández ocurre cuatro días después del incendio desatado en uno de los calabozos donde varios de los detenidos reclamaban mejores condiciones de alojamiento.
La séptima víctima llevaba tres meses en esa sede policial pero hacía un año y cinco meses que estaba privado de su libertad en distintas comisarías, a contramano de lo dispuesto por la Corte Suprema que dispuso que una persona no puede estar en esa condición y en esos lugares por más de 48 horas.
La sobrepoblación y hacinamiento en las comisarías es “el resultado directo de una política de seguridad criminal que persigue y encierra a los sectores más vulnerables” y “no se orienta a la persecución del delito complejo y las grandes redes delictivas”, denunció la Comisión Provincial por la Memoria (CPM).
A través de un comunicado, el organismo de derechos humanos cuestionó que “el 80 por ciento de las dependencias policiales no cuentan con elementos para prevenir incendios” y subrayó que este fue uno de los motivos que dio pie a la masacre de Esteban Echeverría, similar a la que en marzo de 2017 ocurrió en la comisaría 1º de Pergamino, donde también murieron siete jóvenes.
Los relatos señalan que cuando comenzó la protesta, los policías que estaban en la Comisaría de Transradio desoyeron los pedidos de auxilio de los presos ante la falta de aire producto del fuego. “Se van a quemar como las ratas que son”, es lo que habría dicho uno de los agentes, según las denuncias.
“Es inconcebible que estando la central de bomberos al lado de la dependencia policial no pudo extinguirse el incendio de manera inmediata antes de que se expandiera”, cuestionó la CPM a través de un comunicado en el que sostuvo que el hecho “podría haberse evitado”.
Además, criticó que “ni el Estado provincial ni la Corte hicieron nada para impedirlo” y advirtió que, de no tomarse medidas, “lo que ya se repitió sucederá otra vez inevitablemente”.
AFD
AUNO-19-11-18
