Cuando Martín Ríos, el tirador de Belgrano, asesinó a sangre fría a Alfredo Marcenac con un arma de fuego legal el 6 de julio no sabía que estaba contribuyendo con un poderoso argumento a un debate que desde hace años promueven varias organizaciones sociales. Finalmente, el Senado convirtió en ley el proyecto enviado por el Gobierno nacional e impulsado por la Red Argentina para el Desarme, que establece el Plan Nacional de Desarme.
Gabriel Conte, miembro fundador de la Red, y Darío Kosovsky, titular de Inecip (Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales), fueron los principales impulsores de la norma. “El canje de armas es voluntario y no interfiere en los intereses de los que critican el proyecto”, aseguró Kosovsky.
La nueva ley establece un plan de canje de armas por un objeto que deberá ser definido en la reglamentación “Puede ser dinero o no, nosotros hablamos de incentivos” y lo decidiría cada jurisdicción, explicó el director de Inecip. Pero lo novedoso es que el proyecto de ley contempla un eventual período de amnistía de seis meses “en el que las personas podrán canjear su arma en forma anónima, esté o no en regla, y sin dar ningún tipo de explicaciones”, sostuvo. Hoy esta acción encuadra en un delito.
La norma declara la emergencia nacional en materia de tenencia y fabricación de armas. El texto establece además la creación de un Consejo Consultivo para las Políticas de Control de Armas de Fuego y Municiones. “Los opositores a la norma critican al artículo primero que declara la emergencia nacional, ya que consideran que con esto se pueden promulgar decretos de necesidad y urgencia que los podría llegar a afectar”, consideró el representante de la Red. A través de la iniciativa, se establece la destrucción pública e inmediata del armamento, y la prohibición de la fabricación e importación de réplicas de armas de fuego.
Según estadísticas oficiales, existen alrededor de 1.200.000 armas de fuego legalmente inscriptas. De ellas, casi un millón están en manos de 625 mil usuarios individuales. Pero los datos no incluyen la amplia franja de ilegalidad en armamentos, zona de muy difícil control. Por otra parte, revelan que el 75 por ciento de homicidios con armas de fuego no son por robo, sino que se dan mayormente en situaciones de conflicto interpersonal o familiar. “Se usan como instrumento de gestión de conflictos. Es un problema de la sociedad, ya que son tragedias evitables”, opinó Kosovsky, y pidió que “no hay que limitar el debate sólo a la inseguridad”.
Mientras tanto, la Red, que agrupa desde 2004 a organizaciones de la sociedad civil que promueven el debate y la aplicación de políticas sobre el control de armas, cuenta con dos importantes antecedentes. Entre 2000 y 2002 Conte llevó a cabo un plan de desarme en Mendoza con un éxito rotundo: comenzaron con el plan de canje de los juguetes bélicos para los más chicos, charlas y conferencias para los jóvenes y adultos, y actividades y concursos artísticos para todos. Un mes después se inició la campaña de canje de armas verdaderas. “Vimos que la gente iba a canjear las armas si el tema estaba instalado en los medios”, apuntó Kosovsky.
El otro antecedente fueron las recientes jornadas “Corrientes por la Paz” que organizó el gobierno de esa provincia. Allí, “se acordó su adhesión al Plan Nacional y la metodología a implementar”. Además, los encuentros sirvieron para coordinar esfuerzos similares con los ministros de Gobierno y Seguridad de Chaco, Formosa y Misiones.
”Lo que vemos ahora es que hay un descontrol sobre las armas criticó Kosovsky y muchos se beneficiaron y benefician con eso. Hay usuarios que tienen las credenciales vencidas como por ejemplo el abogado que se atrincheró armado en su casa de Barrio Parque tenía su registro en San Justo”, graficó junto con los informes psicológicos del tirador de Belgrano que recomendaban “expresamente” que no podía tener armas. Y agregó tajante: “El Estado debe reconocer la situación y controlar, y a cambio del desarme ofrecer más seguridad”.
Cómo comunicarse:
Instituto de Estudios Comparados en Ciencias Penales y Sociales (Inecip)
www.inecip.org
