Los gremios docentes y no docentes rechazaron el incremento salarial del 24,33 por ciento para los trabajadores que propuso el Gobierno de Javier Milei, tras la firma del acta paritaria este 10 de junio en la sede de la Subsecretaría de Políticas Universitarias del Ministerio de Capital Humano, y ratificaron el paro universitario del 16 al 19 de junio.
El acuerdo, el cual incluía mejoras presupuestarias para las universidades públicas y una actualización de las becas estudiantiles, establecía un incremento en dos tramos: un 21,33 por ciento sobre los básicos vigentes al 31 de mayo de 2026, a cobrar en junio, y un tres por ciento adicional en octubre sobre los básicos de septiembre, según detalló la cartera que conduce Sandra Pettovello en un comunicado.
«A través de una participación amplísima de las bases en cada Asociación de Base, según el mandato de asambleas y consultas, el Congreso rechazó la propuesta del gobierno nacional y mandató a su equipo paritario a que vuelque esa decisión en las actas correspondientes», aseveró Conadu Línea Histórica en un comunicado fechado este 11 de junio.
El Congreso también ratificó la medida de fuerza que ya había resuelto desde el 16 al 19 de junio manteniendo el reclamo: recomposición salarial de acuerdo a la Ley de Financiamiento Universitario y el presupuesto para el funcionamiento de las universidades públicas y becas estudiantiles.
En materia presupuestaria, el Poder Ejecutivo propuso actualizar un 20 por ciento el monto de los gastos de funcionamiento de las universidades públicas a partir de junio de 2026, y dispuso un incremento de 50.000 millones de pesos en la partida destinada a hospitales universitarios para 2026, mientras que para las Becas Manuel Belgrano se había establecido una actualización del 50 por ciento, también a partir de junio de 2026.
El acta firmada el miércoles establecía que la paritaria pasó a cuarto intermedio hasta el 15 de septiembre de 2026, fecha en la que el Gobierno y las universidades retomarían la discusión sobre la actualización salarial en referencia a la variación acumulada del Índice de Precios al Consumidor (IPC) informado por el INDEC, donde también se prevía la recomposición del desfasaje generado durante 2024.
La comisión paritaria se reuniría de manera periódica en un plazo no mayor de tres meses para negociar la actualización salarial según la variación acumulada del IPC. Además, el acuerdo reestablecía el funcionamiento de la Comisión Paritaria con un plazo de 45 días y la aplicación plena del nomenclador y adicionales salariales preuniversitarios.
Un acuerdo tras meses de conflicto
El acuerdo alcanzado este miércoles fue el resultado de semanas de negociaciones entre el Gobierno Nacional y el denominado Frente Universitario, integrado por el Frente Sindical de Universidades Nacionales, la Federación Universitaria Argentina (FUA) y el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
La propuesta oficial incorporó los ejes centrales de la Ley de Financiamiento Universitario: salarios, becas y gastos para sostener las actividades sustantivas y los hospitales universitarios.
El conflicto tuvo como telón de fondo la promulgación de esa ley por parte del Ejecutivo, que la declaró inaplicable en el mismo acto. Esa decisión llevó a los gremios y al CIN a la vía judicial. Las presentaciones obtuvieron fallos favorables en primera y segunda instancia, y la Conadu Histórica informó que, semanas atrás, el Gobierno había cerrado el diálogo luego de que los sindicatos y el CIN rechazaran la condición oficial de retirar las demandas judiciales como requisito para negociar.
La reapertura del diálogo se produjo el viernes 6 de junio, días después de un fallo desfavorable para el Ejecutivo en la Corte Suprema de Justicia. El Gobierno retomó las conversaciones con la propuesta de firmar una «macroacta» que agrupara a los tres sectores en conflicto: los gremios docentes por la cuestión salarial, los rectores por el presupuesto de funcionamiento y los hospitales universitarios, y las organizaciones estudiantiles por las becas. Las conversaciones continuaron durante el fin de semana y el lunes 8 de junio.
La oferta que el Gobierno sostuvo desde febrero hasta el inicio de esta negociación era una recomposición del 12,3 por ciento en tres cuotas no acumulativas, con el salario de diciembre de 2025 como base de cálculo: 4,1 por ciento en marzo, 4,1 por ciento en julio y 4,1 por ciento en septiembre.
El acuerdo también dejó plasmada la distinción entre las dos actas firmadas: una de alcance general que reunió a todos los sectores —gremial, rectoral y estudiantil— y otra, de carácter paritario, que incluyó exclusivamente a los sindicatos docentes para tratar las cuestiones salariales y de condiciones y ambientes de trabajo.
El documento fue firmado por el subsecretario de Políticas Universitarias, Alejandro Cano Álvarez, representantes de Conadu, Fedun, Fagdut, Conadu Historica, Ctera y UDA, junto a integrantes del Consejo Interuniversitario Nacional (CIN).
Qué dice la Ley de Financiamiento Universitario que el Gobierno no cumple
La Ley de Financiamiento de la Educación Universitaria y Recomposición del Salario Docente, sancionada por el Congreso de la Nación en agosto de 2025, estableció una serie de obligaciones para el Poder Ejecutivo que el Gobierno de Javier Milei promulgó pero declaró inaplicables en el mismo acto. El acuerdo alcanzado este miércoles recuperó algunos de esos puntos, aunque con alcances distintos.
En materia salarial, la ley ordenó al Poder Ejecutivo actualizar los salarios del personal docente y no docente universitario desde el 1° de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma, en un porcentaje no inferior a la variación acumulada del IPC informado por el INDEC en ese período. El acuerdo del miércoles, en cambio, tomó como punto de partida el básico de mayo de 2026 y contempló solo una recomposición parcial del desfasaje acumulado durante 2024 y 2025.
Sobre la periodicidad paritaria, la ley estableció la convocatoria obligatoria a negociaciones con una periodicidad máxima de tres meses calendario, con una actualización mensual no inferior a la inflación publicada por el INDEC. El acta firmada este miércoles también fijó un plazo de tres meses entre reuniones, aunque sin la obligación de actualización mensual automática que prescribía la norma sancionada por el Congreso.
En cuanto al presupuesto de funcionamiento, la ley ordenó una actualización acumulada del IPC del período mayo-diciembre de 2024, con ajustes bimestrales durante todo 2025. El acuerdo del miércoles estableció una actualización del 20 por ciento a partir de junio de 2026, sin referencia directa al índice de precios ni a la acumulación del período previo.
Respecto de las becas estudiantiles, la ley dispuso la recomposición de todos los programas —Progresar, Carreras Estratégicas Manuel Belgrano, Enfermería y otros— según la variación acumulada del IPC desde el 10 de diciembre de 2023 hasta la sanción de la norma. El acuerdo de este miércoles se limitó a una actualización del 50 por ciento de las Becas Manuel Belgrano a partir de junio de 2026, sin mención a los demás programas ni a la acumulación histórica.
La ley también incluyó un artículo específico sobre investigación, por el que el Ejecutivo debía destinar una partida especial para regularizar los ingresos a la carrera de Investigador Científico y otorgar becas de ingreso y posdoctorales. Ese punto no tuvo reflejo en el acuerdo firmado este miércoles.
*Nota elaborada con la asistencia de inteligencia artificial bajo supervisión humana.
AUNO-15-6-26
FM-SAM
