Lomas de Zamora, julio 14 (AUNO).- Pasaron cinco años del fallo histórico de la Corte Suprema que condenó a los estados nacional, porteño, bonaerense y municipales a llevar a cabo un plan de saneamiento de la cuenca Matanza-Riachuelo, un foco de contaminación que viene acumulando residuos de toda clase desde hace más de un siglo. A pesar de los avances, las organizaciones que componen el Cuerpo Colegiado (CC) civil aseguran que quedan temas pendientes debido a que, entre otras cosas, la Autoridad de Cuenca (Acumar) “no actúa como un ente coordinador entre los estados condenados”.
El Matanza-Riachuelo es un curso de agua que atraviesa catorce municipios bonaerenses y la Ciudad Autónoma de Buenos Aires. Forma una cuenca de unos 2.200 kilómetros cuadrados, por donde discurren los 64 kilómetros de extensión del sistema hídrico que sufre la contaminación de las industrias radicadas desde hace varias décadas en sus orillas.
La limpieza de las márgenes, la liberación del camino de sirga, la extracción de buques abandonados y la recolección de los residuos que flotaban a lo largo del curso de agua contaminado son algunos de los aspectos positivos que rescató el director ejecutivo de la Fundación Ambiente y Recursos Naturales (FARN), Andrés Napoli, en diálogo con AUNO. “Reconocemos lo que se ha hecho, pero apuntamos a transformar la realidad”, agregó.
Ese “lo que se ha hecho” es, de acuerdo al director de FARN, “lo que está acostumbrado a hacer el Estado: acciones directas, de resolución inmediata”. Sin embargo, el gran desafío es “lograr que el saneamiento del Riachuelo deje de ser un tema judicial y pase a formar parte de la agenda pública, de los políticos, para así lograr que sea una política de estado”.
En la misma sintonía, la coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace, Lorena Pujó, destacó a esta agencia que “hace cinco años no se estaba haciendo nada” y que “las acciones llevadas a cabo removieron la imagen de olvido que tenía la cuenca, ahora se tiene un número más claro de la cantidad de empresas radicadas allí”.
Sin embargo, todos esos avances no fueron realizados en el tiempo estipulado y convenido: aún quedan asentamientos en las márgenes, y el tendido cloacal y de agua corriente no se extendieron lo suficiente, entre otros puntos.
El CC integrado por FARN, Greenpeace, Asociación Vecinos de La Boca, Centro de Estudios Legales y Sociales y Asociación Ciudadana por los Derechos Humanos, junto con la Defensoría del Pueblo de la Nación) denunció en reiteradas oportunidades que la legislación sobre los vertidos industriales está desactualizada, por lo que se siguen volcando residuos altamente contaminantes que no son penados por la Justicia. “Hoy la ley es ineficaz y sólo determina la cantidad que se puede verter, pero no tiene en cuenta la capacidad que tiene el curso de agua para incorporar y resistirlo”, afirmó Nápoli.
“Faltan cuestiones de fondo, porque todavía no se logró un verdadero impacto en la calidad del agua: el Riachuelo sigue igual de contaminado. Para lograr un cambio, tienen que revisarse los parámetros que mide Acumar sobre las sustancias tóxicas que se vuelcan”, agregó la miembro de Greenpeace.
De acuerdo a Pujó, por más que se cumplan las medidas que determina el ente interjurisdiccional, la cuenca seguiría siendo un ambiente poco amigable a la vida natural: “Hay sustancias que la legislación argentina no penaliza, pero que está demostrado en varios países del mundo que son elementos que ponen en riesgo la vida”, por su grado de contaminación.
Asimismo, Nápoli agregó que “es necesario armar una infraestructura para que el Riachuelo no reciba el vuelco de cloacas”, contaminación proveniente de residuos industriales y de más de 7 millones de habitantes que viven en una cuenca y generan residuos domésticos que provocan contaminación y posterior daño a la salud.
En cuanto a la tarea del CC, Nápoli aseveró que las cinco organizaciones no gubernamentales “suplen lo que tendría que hacer el ministerio público” y reclamó una “mayor sostenibilidad en el tiempo, ya que es un trabajo ad honorem”.
“Es una gran exigencia y responsabilidad seguir y controlar la ejecución del Plan Integral de Saneamiento Ambiental (PISA)”, evaluó Pujó a AUNO.
Así como el director de FARN reclamó que el tema esté en la agenda pública, también instó a la población a acrecentar su participación en el saneamiento de la cuenca: “Se necesita que la gente se comprometa más”. Para ello, la organización ambiental lanzó el sitio www.quepasariachuelo.org.ar , para que los vecinos puedan acercar información sobre casos de contaminación.
“La página es una herramienta más para lograr que la sociedad intervenga. Recibimos miles de denuncias, reportes y advertencias a las que se les hace un seguimiento”, detalló el abogado especialista en Derecho Ambiental y Derecho Público.
Sobre el involucramiento de la ciudadanía en el saneamiento, la coordinadora de la campaña Riachuelo de Greenpeace consideró: “Todos deberíamos involucrarnos más para reclamarle al gobierno lo que no hace y para demandar a las empresas que violan la ley”.
Acerca del futuro de la cuenca, Pujó aseguró que “si se ejecuta el plan de manera correcta e inmediatamente, en una generación podría tenerse un Riachuelo limpio, es decir unos 20 o 25 años”.
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AUNO-14-07-13
