Diez de los organismos de Derechos Humanos más importantes del país rechazaron la decisión de la titular del Juzgado Federal de Primera Instancia de Río Grande, Mariel Borruto, de suspender las indagatorias a 18 militares denunciados por torturar a soldados conscriptos en la Guerra de Malvinas.
A más de doce años del inicio de la causa 1777/07, el 24 de mayo Borruto aplazó hasta nuevo aviso las audiencias que debían concretarse entre el 27 de junio y el 4 de julio. Los argumentos esgrimidos por la jueza fueron la falta de espacio y de medios para realizar las indagatorias en los días pautados por su antecesor, el juez Federico Calvete.
“Hemos escuchado en todo este tiempo los más variados argumentos políticos, jurídicos y fácticos para justificar el lento avance del proceso de Verdad y Justicia en nuestro país, pero nadie se atrevió a tanto”, expresaron Madres de Plaza de Mayo – Línea Fundadora; Liga Argentina por los Derechos Humanos; Familiares de Desaparecidos y Detenidos por Razones Políticas; Movimiento Ecuménico por los Derechos Humanos; Comisión Memoria, Verdad y Justicia de la Zona Norte; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos; H.I.J.O.S. Capital; Asamblea Permanente por los Derechos Humanos – La Matanza; Fundación Memoria Histórica y Social de la Argentina, y Familiares y Compañeros de los Doce de la Santa Cruz, a través de un comunicado conjunto.
Los organismos aseguraron que la decisión de la magistrada no sólo es “una afrenta para las víctimas” sino que también “coloca a la Argentina en grave responsabilidad internacional por incumplimiento de los Tratados de Derechos Humanos que en nuestro país están incorporados a la Constitución Nacional”.
En esa línea, reclamaron la “debida y urgente intervención” de instancias superiores, “especialmente la Corte Suprema de Justicia de la Nación y el Consejo de la Magistratura de la Nación a fin de que se garantice de manera inmediata el servicio de Justicia”.
Por otra parte, los organismos repudiaron los dichos del Jefe del Ejército, Claudio Pasqualini, sobre la causa. “Actualmente, ciertas imputaciones pretenden echar sombra sobre el heroísmo y coraje de nuestros combatientes. Todos dieron lo mejor de sí por la defensa de nuestras Islas”, dijo Pasqualini el 29 de mayo pasado, durante el acto por los 209 años de la fuerza. Previamente, las querellas habían denunciado que la resolución de la jueza era resultado de operaciones del “lobby militar”.
El 31 de mayo representantes del Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata, la Comisión Provincial por la Memoria (CPM) y la Secretaría de Derechos Humanos de la provincia de Buenos Aires tuvieron una audiencia con Borruto para exigir la fijación de las audiencias. Ahora, resta saber si se avanzará con las indagatorias o el Estado continuará violando los derechos fundamentales de quienes hace más de doce años buscan justicia.
AUNO-13-6-19
GN-SAM
