Lanús, marzo 23 (AUNO) – De los rumores a la organización. De la organización a las denuncias. De las denuncias a la nada. Ese es el camino que los vecinos de Valentín Alsina recorren hace años en busca de justicia por Campomar, la ex fábrica textil señalada como posible centro clandestino de detención durante la última dictadura cívico-militar-eclesiástica.
Y es que, a 35 años del retorno a la democracia, todavía “es mucho lo que hay sin investigar en Lanús”. Así lo denuncia Gabriela, integrante de la Comisión de Vecinos por Campomar, en diálogo con AUNO. Organización creada a partir del anuncio de un mega-proyecto inmobiliario que, desde mediados de 2012, amenaza con borrar las posibles pruebas de la represión ilegal en el predio.
Desde entonces, al menos seis personas se presentaron a declarar en la Cámara Federal de La Plata y se realizaron dos investigaciones en el predio. Sin embargo, la causa está tan paralizada como las obras, debido a que, según explicó la directora general de la Comisión Provincial por la Memoria (CPM), Sandra Raggio, en conversación con este medio, aún “no se pudo acreditar que hubo represión ilegal ni personas detenidas”.
Sin embargo, los vecinos insisten en que, desde el cierre de la fábrica, en 1972 hasta comienzos de los ´80, se oían disparos y gritos dentro de los edificios así como se veía el movimiento de vehículos militares y el aterrizaje de helicópteros. “Testimonios que hemos llevado indican que se encontraron picanas y ropa con perforaciones de balas tiradas a la vuelta”, precisa Gabriela.
A su vez, una de las personas declaró ante la Justicia haber estado detenida en ese sitio. Se trata de un obrero que “trabajaba en un lugar lindero a Campomar. Cuando lo detuvieron el traslado fue muy corto y él reconoció, por debajo de la capucha, el portón de la fábrica y, los días que estuvo detenido y torturado, escuchaba los mismos ruidos de la fábrica de clavos que funcionaba enfrente de donde él trabajaba”, detalla la vecina.
El proyecto, las investigaciones y la cautelar
“Nuevo Valentín Alsina”, proyecto que contemplaba la construcción de un barrio abierto con torres residenciales de 2500 departamentos, fue presentado por la empresa a cargo, Electroingeniería S.A., junto a autoridades municipales, en junio de 2012. La construcción abarcaría unas 24 hectáreas del predio ubicado en la avenida Remedios de Escalada al 3300, a metros de la Ciudad de Buenos Aires.
Sin embargo, en octubre de ese año, las obras se paralizaron gracias a una medida cautelar, impulsada por los vecinos, junto a la CPM, y otorgada por la Cámara Federal, que suspendió las demoliciones por 30 días hasta que se realizara una inspección ocular en el predio.
Tras la inspección, la cautelar “fue levantada porque no había elementos suficientes para seguirla manteniendo”, explicó Raggio. Y es por eso que, “por fuera de la medida, hicieron un acuerdo con la empresa para que investigara con georadar”, agregó. En ambos casos los vecinos denunciaron que no se investigaron las áreas que ellos habían señalado.
Los edificios que aún quedaban en pie nunca llegaron a ser demolidos y la obra no avanzó, aún teniendo el aval de la Justicia. Según Sandra, es posible que se deba a “decisiones económicas” de la empresa, que enfrenta problemas financieros desde 2015.
Los vecinos, por su parte, hace un año que tuvieron que dividir los esfuerzos ante las denuncias de otro posible ex centro clandestino de detención en un predio ubicado en Villa Jardín, donde funcionaba Fabricaciones Militares, a pocas cuadras de Campomar.
Sin embargo, a pesar de los testimonios presentados por los vecinos y de los restos óseos encontrados el año pasado mientras realizaban los trabajos de remoción de terreno en la obra del puente Osorio-Lacarra, las obras continuaron y peligran las pruebas señaladas por la Comisión por Campomar y la APDH.
No obstante, el pasado 16 de marzo, los vecinos volvieron a reunirse para exigir justicia, así como para recordar a la militante Nilda Eloy, frente a la Comisaría 3º de Valentín Alsina, uno de los centros en los que estuvo detenida durante la última dictadura. Luego, vecinos, ex detenidos, y organizaciones de Derechos Humanos se movilizaron hacia las puertas de Campomar.
Allí, concluyó el acto con la lectura de un documento conjunto en el que destacaron la organización “para poner un freno a la avanzada represiva sobre los sectores organizados y el pueblo trabajador”, así como aseguraron que, “a 42 años del golpe cívico-militar-eclesiástico, seguimos en las calles para volver a decir Nunca Más, y para luchar por la impunidad del ayer y de hoy”.
AUNO 23-03-2018
PM-AFG
