A mediados de año, la Justicia condenó a dos efectivos de la Bonaerense que habían asesinado en sendos casos de “gatillo fácil” a dos jóvenes de Villa Fiorito, en Lomas de Zamora. Pero las denuncias no paran y el temor de los vecinos avanza. El mes pasado, también Fiorito, un policía mató arriba de un colectivo a un joven que había sido obligado a participar de un asalto. Estos casos junto con los de Emmanuel Salafía y Carlos Barbarelli, del mismo barrio, fueron algunos de los hechos denunciados.
Según la Coordinadora Contra la Represión Policial e Institucional (Correpi), los casos en todo el país suman 2557 desde el advenimiento de la democracia.
De acuerdo con el Archivo 2008 que la organización presentó la semana pasada en Plaza de Mayo, la mayoría de las víctimas tenía características comunes: ser joven y pobre. “Gatillo fácil” y tortura seguida de muerte en cárceles y comisarías fueron los métodos que se repitieron en todo el país y, en particular, en el Conurbano bonaerense.
Pese a las denuncias de los familiares que se atreven a contar las muertes trágicas de sus hijos y a las denuncias de organizaciones de derechos humanos, hay casos de “gatillo fácil” que aparecen disfrazados como hechos de “inseguridad”. El 12 de noviembre último, Cristian Francisco Lezcano, de 25 años, subió con su novia Verónica al interno 1750 de la línea 188 en la esquina de Recondo y Murature de Villa Fiorito, Lomas de Zamora. Una segunda pareja, que ellos no conocían, subió en la misma parada. Los novios se sentaron en el segundo asiento doble del colectivo y la pareja que subió tras ellos fue para el fondo del vehículo. En la parada siguiente, en Recondo y Hornos, subió otro hombre que se acercó al chofer, le mostró un arma y le pidió la plata. Cuando el colectivero le dijo que no tenía, sacó una bolsa de su cintura apuntó a Verónica y obligó a Cristian a que recogiera las pertenencias de los pasajeros.
En el anteúltimo asiento simple iba sentado Gabriel Alejandro Rojas, cabo primero de la comisaría 32° de la Policía Federal, vestido de civil. Al momento que Cristian se acercó, el efectivo le dio su celular, pero cuando volteó la espalada se le acercó y disparó en la cabeza. Al escuchar los tiros, el ladrón ordenó al chofer que abriera la puerta del vehículo y saltó a la calle. El policía corrió a la puerta e hizo varios disparos inútiles. El joven murió camino al hospital. Para la Justicia, el caso se resume en “homicidio con exceso en la legítima defensa”.
En Fiorito no son pocas las denuncias contra la comisaría 5°. Los asesinatos de Jorge “Chaco” González, de 31, y Julio Matías Barzola, de 17, en 2003 a manos de policías de esa división fueron reconocidos por la Justicia, que condenó a cuatro años de prisión a los dos efectivos que torturaron al primero y a trece años de reclusión para el ex oficial asesinó del segundo. Sin embargo, el temor de muchos vecinos del barrio no se fue con las sentencias, y mucho menos las agresiones que los policías efectúan a los chicos.
Un año antes de esas muertes, la vida de Emanuel Salafia terminó cuando el cabo primero Roberto Macua le gatilló en Lomas de Zamora, según explicó a la Justicia, para defenderse del joven que disparaba con un arma de fuego para huir a bordo de una camioneta que era buscada por haber sido robada. Los datos de su testimonio fueron luego desestimados y, por lo tanto, fue condenado a 13 años de cárcel.
Pero el “gatillo fácil”, parece, es reincidente. Quince días después de esa muerte, Macua fue acusado como responsable del crimen de Carlos Barbarelli, un hombre de 37 años que había salido de su casa cuando dos personas le robaron el auto y lo obligaron a subir con ellos. Cuando la Policía lo advirtió, comenzó a perseguir al vehículo. Según las fuentes de la fuerza, el efectivo y su compañero, el subinspector Eduardo Córdoba, respondieron disparos que provenían desde el automóvil. Barbarelli recibió balazos en la espalda que provinieron del arma policial y murió.
El 11 de enero de 2005, ocho presos de la Comisaría 3° de Avellaneda fueron descubiertos cuando intentaban abrir un boquete para escapar. Según varios testimonios, cuando los policías lo advirtieron, los sacaron de la celda y los llevaron al patio, desde donde los hicieron reingresar de a uno, a medida que le daban su “escarmiento”. Diego Gallardo tenía 20 años y había sido el ideólogo de la fuga, por eso recibió más golpes que los demás. Inmediatamente fue trasladado a la Comisaría 1° de la misma localidad, donde murió después de 15 horas de agonía.
La explicación de haber confundido a la víctima con un potencial ladrón se reitera en el discurso de los integrantes de las fuerzas. A Gastón Aragón, de 16 años, lo mataron el 6 de agosto de 2006 los policías Panadero y Gutiérrez de la comisaría 5º, de Fiorito, según denunciaron los testigos. El chico caminaba por el barrio junto a su tío, cuando los efectivos los confundieron con ladrones y comenzaron a dispararles. El hombre se tiró al piso, pero el joven se asustó y corrió. Murió al instante a causa de los tres disparos en su cuerpo.
Más atrás en el tiempo, un caso registrado en 2001 muestra cómo el accionar policial se repitió más allá de la pertenencia a una comisaría determianda. Walter Daniel Benítez, de 25 años, estaba detenido en el Complejo Penitenciario N°1 de Ezeiza, hasta que el 7 de noviembre de hace siete años apareció ahorcado en su celda con una sábana amarrada a los barrotes, según la versión oficial investigada por la Justicia. Días antes había denunciado golpes por parte de los guardias.
MOROCHOS Y POBRES
El informe que reveló este año la Correpi conserva el índice creciente ya marcado en los anteriores. Según las cifras de la organización, desde la recomposición del voto popular, fueron 2557 las personas asesinadas por las fuerzas de seguridad.
La abogada María del Carmen Verdú, en diálogo con AUNO, cuestionó al gobierno nacional que “se embandera como campeón de los derechos humanos”. Es que, según el informe, “desde el 25 de mayo de 2003 hasta el 31 de noviembre de 2008, la cifra de víctimas ascendió a 1062”.
La organización advirtió que la pertenencia a sectores de menores recursos se convierte en unas de las reglas que anteceden a la muerte, de modo que son “pocos los casos registrados de víctimas de clase media o alta”. Desde 1983, los jóvenes ocupan la principal franja etaria de las víctimas: el 50 por ciento de las muertes corresponden a varones pobres de entre 15 y 25 años, del que el 32 por ciento apenas alcanzaban los 21 años.
El archivo de casos confirma la regla: varón, joven y pobre son los denominadores comunes que hacen de las personas víctimas potenciales, tal como denuncia la Correpi. El Conurbano bonaerense y algunos barrios porteños se convirtieron en el territorio por excelencia de “escuadrones de la muerte que ejecutan operaciones de limpieza social”, concluye en el informe.
La principal metodología para detener a los chicos morochos de las barriadas pobres, denuncia, es llevarlos a la comisaría por averiguación de antecedentes, a lo que continúa el maltrato físico y verbal que pueden finalizar en la muerte. Tampoco es extraño la invención de causas sobre episodios delictivos que no existieron y la extorsión a las familias para liberarlos.
NÚMEROS NEGROS
El panorama no se modifica por una variable territorial. El mismo comportamiento se repite en las 24 provincias. En función de la relación entre cantidad de habitantes y número de casos, Santa Fe se ubica a la cabeza de las estadísticas, aunque Buenos Aires sufre mayor cantidad de episodios porque es la que más ciudadanos alberga.
Fueron 285 los asesinatos en el territorio santafesino contra 1207 en el bonaerense, mientras que en tercer lugar se ubica Córdoba, con 283 muertes. Por lo tanto, la provincia que gobierna Daniel Scioli se lleva el 47 por ciento del total de los casos en el país.
A la hora de organizar las muertes porcentualmente, las que fueron por “gatillo fácil” alcanzaron los 1341 casos, es decir, el 52 por ciento del total de los hechos. De éstos, el 64 por ciento fue asesinado por miembros de las policías provinciales, el 19 por integrantes de los servicios penitenciarios y el 10 por ciento murió en manos de la Policía Federal; y en el último período se detectó una aumento del rol de la Gendarmería y la Prefectura. Además, el protagonismo de las fuerzas de seguridad privada, que se alimentan del negocio de la “inseguridad”.
En segundo lugar, la Correpi denunció la muerte en cárceles, comisarías o bajo custodia policial que se llevaron 822 personas, un 32 por ciento de los casos. Luego, asesinar en el marco de situaciones internas a la fuerzas o al núcleo familiar es el mecanismo registrado en el 8 por ciento de los casos.
Más atrás en los porcentajes, también se dimensionan los asesinatos en el marco de una protesta social o movilización, que ascienden al 2 por ciento y representan a 52 personas. Sin embargo, si bien estos casos han sido, en general, bien identificados —Teresa Rodríguez, los muertos del 19 y 20 de diciembre de 2001, Carlos Fuentealba, entre otros—, no responden a la lógica más difundida de las muertes en democracia, que prefiere reprimir “silenciosamente, con masividad y sin difusión pública”, subrayó la agrupación.
MNL-AFD-EV
AUNO-18-12-2008
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