“El Ejecutivo Nacional dispuso para custodiar el predio una guardia de gendarmería y el Servicio de Inteligencia del Estado va a trabajar también en la investigación, va a utilizar todos los mecanismos para esclarecer el hecho”, aseguró Pampuro en una conferencia de prensa.
El último viernes 8 de mayo un grupo de personas protestó ante la Municipalidad, sobre la avenida Hipólito Yrigoyen, por el desalojo de unos terrenos cercanos al Riachuelo, ordenado por un juez.
Durante la protesta, la policía reprimió a los manifestantes al tiempo que varios agentes fueron hospitalizados por heridas con balas de plomo.
El intendente de Lanús, Darío Díaz Pérez, agradeció el apoyo del Gobierno y destacó que las muestras de solidaridad no fueron hacia su gestión sino hacia “la convivencia en democracia”.
Además, manifestó que los hechos de violencia no se condicen con una demanda social sino con un “desorden político”.
“Si era para conseguir viviendas el lugar elegido para el reclamo no fue el adecuado porque nosotros no ejercemos la administración de esas tierras, lo hace el gobierno provincial”, remarcó el jefe comunal.
Por su parte, el Concejo Deliberante local repudió “la acción desarrollada por un grupo de facinerosos que con armas de fuego, de filo y otras armas intentaron asaltar a los tiros y a puñaladas el edificio municipal, causando graves heridas a los vecinos que se encontraban en el lugar, a empleados y policías”.
Respecto a las medidas de prevención ante la posibilidad de que se vuelvan a repetir los hechos, el jefe comunal aseveró que están tomando todos “los recaudos necesarios para garantizar la seguridad del personal municipal”.
En ese sentido, el cuerpo legislativo local exigió la intervención “enérgica y eficiente” de las autoridades judiciales y políticas para prevenir esos hechos, “reprimir prudentemente a quienes se organizan para delinquir” y “castigar severamente este accionar criminal que ha causado dolor, llanto y luto en muchos hogares de Lanús”, según un proyecto de declaración del Concejo.
Por otro lado, el intendente aseguró que la reubicación de las familias se está discutiendo en la Autoridad de la Cuenca Matanza-Riachuelo (ACUMAR).
“En realidad no hay mucho lugar disponible para ubicarlas y todo indicaría que eso va a formar parte de una negociación posterior a la que la municipalidad no tiene acceso”, concluyó Díaz Pérez.
AUNO 12-05-09
MA-CGL
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