Basta con mirar algunas portadas de los principales matutinos para evidenciar la gran discusión que ha generado y que se acrecentará alrededor del proyecto de ley de Servicios de Comunicación Audiovisual, que ayer fue enviado al Congreso por la presidenta Cristina Kirchner para suplantar el viejo marco jurídico sancionado durante la última dictadura militar. Pero, ¿qué es lo que se discute mientras se mezclan muchos términos? ¿Qué es lo que está en juego? ¿La libertad de expresión, información y la pluralidad de voces o la libertad de la que gozan los grandes medios? Está clara cada una de las miradas. Sólo hay que prestarle atención a lo que intentaron anoticiar, cómo manejaron la información y sobre todo hacia dónde apuntaron las opiniones de las empresas mediáticas.
La balanza presenta un resultado final determinante: muchas opiniones en contra y pocas a favor. Salvo los diarios financieros, el resto de los matutinos edita la noticia como la información excluyente del día. Clarín y La Razón (del mismo grupo mutimediático) rechazan rotundamente la iniciativa. Lo siguen La Nación y Crítica, en ese orden. En cambio, Página/12, Popular y Crónica mantienen una visión más “imparcial”, o al menos no tan combativa respecto al proyecto de ley, que posee 144 artículos, de profusa fundamentación, con el claro objetivo de poner coto a los monopolios y oligopolios vigentes.
Otros de los puntos más novedosos de la propuesta, plantea repartir por tercios la adjudicación de licencias: uno para la explotación comercial, otro para el sector público y el último tercio para organizaciones sin fines de lucro, tales como sindicatos, universidades o fundaciones. Además, de aprobarse, implicará una drástica reducción de las licencias (de 24 a 10) que podrá tener un mismo dueño en una misma área geográfica. Y también, permitirá contar con una autoridad reguladora de aplicación, constituida por representantes del Ejecutivo y de las tres principales fuerzas legislativas, que suplantará al viejo directorio militar.
Al respecto, Clarín, el diario de mayor tirada nacional, bajo el título “Presentan la ley para controlar a los medios”, sentenció que el Gobierno “quiere avanzar sobre la prensa independiente”. Al igual que su primo hermano, La Razón, que remarcó que desde el Ejecutivo enviaron el proyecto “para amordazar a los medios”. Dos posturas totalmente volcada hacia la férrea defensa del grupo económico y que se hace mucho más explícita en las notas de opinión o editoriales, como el que puntualizó que “ningún apriete torcerá el compromiso del diario con la sociedad”.
Posición parecida a la que sostiene La Nación. “Impulsan fuertes cambios en los medios”, tituló en su edición. Si bien, en su nota principal no marca una postura firmemente contraria a la del Gobierno, desde su pluma editorial, Joaquín Morales Solá, sostiene que el matrimonio Kirchner entiende al periodismo como “una presencia maldita para los gobernantes”. Como era previsible.
En tanto, Crítica de la Argentina plantea que la democracia está “a prueba por la guerra contra los medios y opina que el proyecto “pretende alterar el mapa del poder mediático” en el país. Supuestamente una intención no declarada del Gobierno, que pretendería –-según el matutino— “reducir el poder de los grupos que hoy concentran el negocio, facilitando la creación de nuevos holding afines, con la complicidad de las telefónicas”.
De aquí comienzan a surgir las polémicas, porque: ¿Qué es lo que defienden con esa postura contraria? ¿El compromiso social o el económico? ¿Por qué en las notas que llenaron tantas páginas al respecto, falta un análisis minucioso o un razonamiento sobre los beneficios del proyecto? Algo que la mayoría de los periodistas remarcan y no simplemente por cambiar la ley de Radiodifusión 22.285, sancionada durante la dictadura e infinitamente modificada en democracia. La valoración va mucho más allá.
De los medios de gran tirada, Página/12 es el único que respalda abiertamente la iniciativa oficial. Asiente a que el proyecto de comunicación audiovisual apunta a “desconcentrar y democratizar la propiedad de los medios”, y resalta que tendrán mucho más lugar ONG y sociedades civiles. De todas maneras, desde la columna de Mario Wainfeld también se brega por impulsar una reflexión. Sobre todo para “mejorar las zonas grises, errores o limitaciones” que pueda poseer el proyecto de ley. Para eso propone el debate respecto a la eventual entrada de las empresas telefónicas al sistema de medios, y la protección de la producción nacional, como dos puntos a tratar.
Despegados un poco de ambas posturas, a favor o en contra, y sin sumergirse demasiado en el debate que la ley comulga, Crónica y Popular informaron simplemente que “ayer por la noche el proyecto llegó a una de las Comisiones de Diputados”. Una mirada que estuvo muy lejos de la impostura informartiva que trataron de realizar la mayoría de los medios.
NS-AFD
AUNO-28-08-09
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