El juez federal Alejo Ramos Padilla dictó una medida cautelar interina —que solo se permite en «circunstancias graves y objetivamente inaplazables que lo justifiquen»— por la cual intimó al jefe de Gabinete, Manuel Adorni, a que en cinco días explique cuál es el interés público comprometido en el funcionamiento del Banco Nacional de Datos Genéticos (BNDG).
En el mismo plazo, el ministro Juan Bautista Mahiques deberá pronunciarse sobre la eventual responsabilidad del Estado Nacional ante la posible afectación del servicio de justicia, según informó Página 12.
«La eventual interrupción o limitación de las funciones periciales del BNDG podría comprometer seriamente la producción y preservación de prueba judicial esencial e irrepetible en procesos vinculados a delitos de lesa humanidad actualmente en trámite ante la jurisdicción federal, con eventual afectación de obligaciones internacionales asumidas por el Estado argentino y de la adecuada prestación del servicio de justicia«, advirtió el titular del Juzgado Federal 1 de La Plata.
La intervención judicial se produce luego de que Abuelas de Plaza de Mayo denunciara el «ahogo presupuestario» del organismo y advirtiera que, sin una ampliación del crédito presupuestario, el BNDG corre el riesgo de quedar paralizado.
La crisis es producto «exclusivamente de la insuficiencia de crédito presupuestario, que compromete la continuidad de servicios esenciales (limpieza, vigilancia, mantenimiento de edificio, entre otros) próximos a su vencimiento», indicó la directora del organismo, Mariana Herrera Piñero.
La eventual interrupción de esos servicios impactaría «en el cumplimiento en tiempo y forma a las mandas judiciales vigentes; en la suspensión o demora en la producción de pericias genéticas; la alteración de condiciones técnicas indispensables para la validez de los procesos periciales». Asimismo, «correría riesgo la adecuada preservación de muestras biológicas que constituyen prueba judicial», las cuales llevaron más de 40 años de reconstrucción.
El BNDG es un organismo clave para la identificación de los nietos y nietas apropiados durante la última dictadura cívico-eclesiástico-militar y una herramienta fundamental para la protección del derecho a la identidad. Cuenta con alrededor de 32.000 muestras ingresadas, mayormente relacionadas con delitos de lesa humanidad, por lo que «una falla en su cadena de seguridad generaría un daño irreversible«, reiteró Abuelas.
A lo largo de estos años, además de los 140 casos de niños desaparecidos resueltos, el organismo pudo reunir hermanos y muchas madres que buscaban a sus hijos en situaciones no vinculadas con el terrorismo de Estado.
La parálisis del BNDG afectaría también la labor de otros organismos como la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad (CoNaDI) y la Unidad Especializada para Casos de Apropiación de Niños durante el Terrorismo de Estado (UFICANTE). Su funcionamiento forma parte de los compromisos internacionales del Estado argentino establecidos en el Estatuto de Roma, la Convención Interamericana contra la Desaparición Forzada de Personas y la Convención Americana sobre Derechos Humanos.
Desde la asunción del Gobierno de Javier Milei, el organismo sufrió varios intentos de intervención, modificación y disolución. «Nuevamente logramos revertir el ataque y se ordenó al Poder Ejecutivo restituir la plena vigencia de las disposiciones normativas derogadas, sustituidas o modificadas, algo que aún no ha ocurrido en su totalidad. Salvadas estas medidas, hoy pareciera que se busca su parálisis con el ahogo presupuestario«, indicó Abuelas.
Frente a esta situación, la organización reclamó al Poder Judicial que intime al Gobierno a garantizar de manera urgente el normal funcionamiento del BNDG, y al Poder Legislativo que asuma «un rol activo e inmediato» con medidas concretas.
«Nunca bajaremos los brazos. Aún nos falta encontrar a 300 nietos y nietas. Los seguiremos buscando y reclamando al Estado que sostenga las políticas públicas que nos permitirán encontrarlos», concluyó Abuelas de Plaza de Mayo.
Foto de portada: Abuelas de Plaza de Mayo.
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