Por cuarta vez, el fervor estudiantil colapsó las calles de Buenos Aires –y de otros puntos del país– pero esta vez no solo para reclamar por la aplicación de la Ley de Financiamiento Universitario, que el Gobierno de Javier Milei decide no acatar, sino también para denunciar «con dolor y firmeza la ruptura del acuerdo democrático» que supone la división de poderes.
Así lo advirtió el Consejo Interuniversitario Nacional (CIN), que convocó a la multitudinaria marcha federal universitaria que tuvo lugar este 12 de mayo, donde agrupaciones estudiantiles, trabajadores docentes y no docentes universitarios, junto con gremios, sindicatos y diversos sectores de la sociedad se movilizaron en defensa de la educación pública, libre y gratuita.
«La universidad pública argentina somos todas y todos. Hijos e hijas de una nación que supo construir aquí lo que no se pudo en ninguna otra parte del mundo. Un instrumento de justicia social que produce movilidad social ascendente, el lugar que aloja la esperanza y hace posible los sueños de miles de jóvenes. Es la educación pública que iguala y nos hace libres. Es el conocimiento y la ciencia que permite alumbrar el desarrollo», afirmaron en el acto central.
Sin embargo, desde que asumió en 2023, la administración libertaria recortó en un 45,6 por ciento las transferencias a universidades nacionales, lo que supone un escenario «crítico» para las casas de altos estudios, que ven cómo sus trabajadores pierden poder adquisitivo frente a la inflación, mientras que los estudiantes sufren el recorte de las becas estudiantiles, sin mencionar el deterioro del sistema de acceso, ingreso y sostenimiento hasta la graduación de las y los jóvenes.
Todo como consecuencia de un Gobierno que incumple una «regla democrática y constitucional básica»: la Ley 27.795, sancionada por el Congreso de la Nación y ratificada por la Justicia, la cual establece un piso de recursos que asegura el normal desenvolvimiento del sistema al recomponer los salarios docentes y no docentes que el 293,30 por ciento de inflación –desde diciembre de 2023 hasta marzo de 2026– destruyó.
«Cuando el Gobierno decide qué leyes cumple y qué sentencias acata, lo que se rompe no es solo lo relativo al presupuesto universitario, es el contrato social que nos mantiene libres y en un Estado de derecho«, advirtieron desde el escenario central, ubicado en Plaza de Mayo, frente a Casa Rosada, sede del Ejecutivo.
Es por ello que la comunidad universitaria le pidió a la Corte Suprema de Justicia que «acompañe y escuche el clamor de las plazas de toda la República» y «no permita que el Gobierno nacional siga incumpliendo la Ley de Financiamiento Universitario».
«La universidad argentina, pública, gratuita y federal, tal como la construimos, la promovemos, la protegemos y la defendemos, es un valioso logro de muchas generaciones y una extrema responsabilidad a preservar», remarcaron.
Foto de portada: Fabián Ayala vía Agencia AUNO.
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