La Organización de las Naciones Unidas (ONU) expresó su “profunda preocupación” por medidas en Argentina que “ponen en riesgo cuatro décadas de avances ejemplares en materia de memoria, verdad y justicia” y advirtió sobre un posible indulto a personal militar condenado por crímenes internacionales, lo que representaría “un grave retroceso en la rendición de cuentas”.
La Oficina del Alto Comisionado de la ONU para los Derechos Humanos (ACNUDH) hizo un balance de los avances y desafíos de la Argentina con motivo de cumplirse 50 años del golpe de Estado que instauró la última dictadura cívico-eclesiástico-militar.
En un comunicado, sostuvo que desde el retorno de la democracia en 1983, el país se “consolidó como un referente mundial en justicia transicional” y destacó hitos clave como la creación de la Comisión Nacional sobre la Desaparición de Personas (CONADEP), el Juicio a las Juntas, el procesamiento y castigo penal de más de mil responsables de crímenes de lesa humanidad, el Banco Nacional de Datos Genéticos, la Comisión Nacional por el Derecho a la Identidad, la restitución de la identidad de niños desaparecidos y la creación de decenas de espacios y políticas de memoria.
“Aunque hubo oscilaciones y vacíos, durante décadas el país logró importantes avances en la lucha contra la impunidad y en la garantía de los derechos a la verdad y la memoria”, afirmaron, aunque lamentaron que “hoy estamos viendo un rápido deterioro del liderazgo global de Argentina en esta área”.
El principal órgano de la ONU dedicado a promover y proteger los derechos humanos universalmente reconocidos indicó que en al menos seis ocasiones planteó sus preocupaciones al Gobierno de Javier Milei respecto de medidas regresivas adoptadas desde 2024, como la reducción del rol del Estado en la promoción de investigaciones penales por crímenes de lesa humanidad, la obstrucción del acceso a archivos de la dictadura y el debilitamiento de mecanismos de reparación y apoyo a las víctimas.
En esta línea, señalaron que la administración libertaria desmanteló instituciones clave vinculadas a la memoria, la búsqueda de personas desaparecidas, la preservación de archivos y la promoción de los derechos humanos, medidas que “socavan las bases de la justicia transicional, la democracia y el Estado de derecho, al tiempo que debilitan las garantías de no repetición”.
“Instamos a las autoridades a restablecer sin demora las instituciones y políticas desmanteladas y a cesar las acciones que erosionan el legado histórico”, indicó el comité de expertos, a la par que le recordó al Gobierno que “tiene la obligación jurídica de garantizar la verdad, la justicia, la reparación, la memoria y la no repetición”. “Esto no es opcional”, enfatizaron.
Además, expresaron su preocupación por el avance del discurso negacionista del oficialismo que pone en duda la cifra de 30.000 detenidos desaparecidos y la “glorificación de graves violaciones de derechos humanos cometidas durante la dictadura”, así como por discursos estigmatizantes contra las víctimas y las organizaciones de derechos humanos, y el descrédito de las políticas de justicia transicional.
“Las autoridades deben abstenerse de recurrir a la desinformación y al discurso de odio en relación con estos crímenes y sus víctimas. Intentar reescribir el pasado con narrativas negacionistas o revisionistas constituye otro retroceso alarmante y una violación de los derechos humanos”, afirmaron.
En esta línea, instaron al Gobierno a no conceder indultos a personal militar condenado por crímenes atroces, “luego de que comenzaran a circular rumores en redes sociales”. “Los indultos por graves violaciones de derechos humanos están estrictamente prohibidos por normas imperativas del derecho internacional”, advirtieron.
“Argentina no puede volver a cometer el mismo error. Debe, por el contrario, consolidar y profundizar su exitoso legado en justicia transicional para garantizar una reconciliación efectiva y la no repetición”, remarcaron.
El comité está integrado por el Relator Especial sobre la promoción de la verdad, la justicia, la reparación y las garantías de no repetición, Bernard Duhaime; la presidenta-relatora del Grupo de Trabajo sobre Desapariciones Forzadas o Involuntarias, Gabriella Citroni; la vicepresidenta de ese mismo grupo, Grażyna Baranowska; y sus miembros Aua Baldé, Ana Lorena Delgadillo Pérez y Mohamed Al Obaidi; el Relator Especial sobre ejecuciones extrajudiciales, sumarias o arbitrarias, Morris Tidball-Binz; la Relatora Especial en la esfera de los derechos culturales, Alexandra Xanthaki; y la Relatora Especial sobre la tortura y otros tratos o penas crueles, inhumanos o degradantes, Alice Jill Edwards.
Todos ellos forman parte de los Procedimientos Especiales del Consejo de Derechos Humanos de la ONU, el principal sistema de expertos independientes del organismo para el análisis y monitoreo de situaciones de países y temas específicos en todo el mundo.
Actúan a título personal, sin representar a sus gobiernos ni a organizaciones, y no son empleados de la ONU ni perciben salario por su labor. Su mandato incluye la recopilación de información, el diálogo con los Estados y la emisión de informes y recomendaciones públicas.
AUNO-21-3-26
FM-SAM
