“El Gobierno de (Javier) Milei pasa la motosierra contra los trabajadores y trabajadoras más pobres y precarizadas del país”, advirtieron movimientos sociales, organizaciones piqueteras y cooperativas de trabajo tras el anuncio del Ministerio de Capital Humano sobre la eliminación del programa Volver al Trabajo (VAT), lo que afectará a 950 mil trabajadores.
Tras reunirse este 19 de marzo en la sede de la CTA Autónoma Nacional, las organizaciones de la economía popular denunciaron que, “en el marco del aumento de la pobreza, los despidos en el sector privado, la caída del consumo y la descomposición del gobierno”, la gestión de La Libertad Avanza (LL) “se robó la comida de los comedores populares” y “ahora les saca un ingreso elemental a trabajadores y trabajadoras con alto grado de vulnerabilidad socioeconómica, empujándolos a la indigencia”.
En un comunicado, señalaron que la eliminación del VAT, a partir de abril, implicará “el despido y la afectación de miles de estatales que forman parte de la Secretaría de Empleo y Seguridad Social, que desarrollan actividades en todo el país”, lo que afectará al consumo interno al quitar de circulación unos 78.000 millones de pesos mensuales, equivalentes a 600 millones de dólares anuales.
“Comedores, merenderos, espacios de primera infancia, centros de salud y educativos, y espacios de acompañamiento a personas en situación de consumo son sostenidos con ese salario. Lo mismo ocurre con quienes realizan la producción textil, recicladores, la venta ambulante en el espacio público y la agricultura familiar campesina indígena”, indicaron, a la par que señalaron que, en los distritos del país, “tareas municipales como la limpieza de calles y plazas, reparaciones y pequeñas obras de infraestructura se complementan con dicho salario”.
En este sentido, denunciaron que se trata de dinero que el Gobierno Nacional retira de la economía real, “de los bolsillos y las mesas de las familias, para llevar a cabo un ajuste a medida de lo que exige el FMI”. “Esta iniciativa expone las mentiras del Gobierno Nacional, que durante la campaña electoral y ya al frente del Ejecutivo nacional se había comprometido a mantener los programas de empleo hasta tanto se generaran los puestos de trabajo prometidos”, agregaron.
Aseguraron que durante la actual gestión se perdieron alrededor de 300 mil puestos de trabajo, mientras que la desocupación en el último año creció al 7,9 por ciento, tal como informó el Instituto Nacional de Estadística y Censos (INDEC), lo que afectó a 1,7 millones de personas: “Para peor, intentaron esconder el fracaso de sus políticas sociales detrás de capacitaciones laborales que abarcaron a 80 trabajadores de un padrón total de 950.000”, sentenciaron.
Asimismo, consideraron que la eliminación del programa —creado oficialmente el 1° de abril de 2024 mediante el Decreto 198, tras la disolución de «Potenciar Trabajo»— constituye “un claro intento de desarticulación de la red comunitaria” que crearon las organizaciones en barrios populares como “un dique de contención contra el avance del narcotráfico y el delito organizado”.
Es por ello que declararon el estado de alerta y anunciaron que el próximo 26 de marzo presentarán un plan de lucha frente a la Secretaría de Trabajo, en la sede de la avenida Alem, a las 11, en conjunto con la Junta Interna de ATE-Trabajo, con el objetivo de visibilizar el reclamo y coordinar medidas de protesta.
El comunicado fue firmado por un amplio arco de organizaciones de la economía popular, entre ellas la UTEP, Barrios de Pie, el Movimiento Evita, la Corriente Clasista Combativa, el Movimiento de Trabajadores Excluidos, el Polo Obrero, el Frente Popular Darío Santillán, la Federación Nacional Campesina y decenas de espacios territoriales nucleados en los bloques Territorios en Lucha y el Frente de Lucha Piquetero, entre otros.
Foto de portada: CTA Autónoma Nacional.
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