Lomas de Zamora, marzo 13 (AUNO).- “No hay libertad para quienes cometieron delitos de lesa humanidad”, aseguró la vicepresidenta de Abuelas de Plaza de Mayo, Rosa Roisinblit, en rechazo a la aplicación del beneficio de prisión domiciliaria para represores y apropiadores.
Desde esa entidad expresaron su preocupación luego de que el gobierno macrista a través del Ministerio de Justicia y Derechos Humanos incluyese a 96 condenados por delitos de lesa humanidad en un listado de 1.111 detenidos que podrían obtener libertad condicional o prisión domiciliaria mediante monitoreo electrónico.
Esta maniobra, que plantea como excusa la reducción del hacinamiento carcelario, favorece a los represores como Jorge ‘Tigre’ Acosta y al ex capellán Christian Von Wernich, entre otros por tratarse de presos “mayores de setenta años”.
Daniel Tarnopolsky, representante de los organismos defensores de los derechos humanos del Espacio Memoria y Derechos Humanos (ex ESMA), afirmó que “es el segundo intento de echar por tierra las políticas sobre la materia y, específicamente, las condenas”.
“Con el mismo estilo del fallo del dos por uno, se busca tirarle la pelota al Poder Judicial, para que con acciones seudojudiciales se lleven adelante políticas que no son judiciales, sino políticas de Estado”, enfatizó el dirigente en diálogo con AUNO.
Para Tarnopolsky, “lo único que va a impedir esto es *la movilización de los organismos y de toda la sociedad*”.
Esta maniobra para beneficiar a los genocidas hace que Tarnopolsky (que perdió a su madre, Blanca Edelberg, y a su padre, Hugo; y a sus hermanos Betina y Sergio; y su cuñada, Laura, víctimas de la dictadura)recuerde las leyes de Obediencia Debida y Punto Final de Raúl Alfonsín, y a los indultos de Carlos Menem: “Ahora estamos viviendo lo mismo, estamos volviendo exactamente al mismo lugar”, advirtió.
Disimulo del gobierno
Por su parte, el abogado especialista en derechos humanos Pablo Llonto aseguró que los argumentos que esgrime el gobierno “no tienen nada que ver con la realidad y son los mismos que se repiten desde diciembre de 2015”.
“El Gobierno, a través del Servicio Penitenciario, disimuló, o trató de disimular, en su lista los casos de los presos genocidas con casos que tienen contemplaciones de otro tipo”, precisó Llonto en diálogo con AUNO.
Según el letrado, la estrategia responde al “compromiso ideológico del macrismo con los genocidas que, en gran medida, son parte de su propia estructura”.
“Este es un Gobierno que intenta, a veces, tener un discurso internacional de juzgamiento de los genocidas, pero hacia adentro todos sabemos que eso es *hipocresía*”, destacó Llonto.
Remarcó que “ahora la pelota está en el campo de los jueces. Son ellos quienes tienen que decidir caso por caso a quiénes le conceden la domiciliaria”.
Los delitos de lesa humanidad buscan juzgar a genocidas que, en general, tienen entre 70 y 90 años, y afecciones propias de su edad avanzada.
“El gobierno a través del Servicio Penitenciario no se puede hacer el tonto y tratar de colar en una lista a personas con características, tanto de enfermedades, como humanitarias, a quienes tienen que ser tratados como corresponde: Los genocidas tienen que estar en cárcel común y en la cárcel común se le tiene que dar el tratamiento a sus afecciones de distinto tipo”, reclamó Llonto.
El abogado explicó que las afecciones que pudieran tener los condenados por crímenes de lesa humanidad se atienden en el Hospital del Servicio Penitenciario, el cual fue “elogiado por este Gobierno como un hospital de alta calidad, de ahora y de antes”.
“Si hiciera falta algún tratamiento especial por alguna circunstancia, saldrá, se lo tratará en el hospital de su obra social y, una vez resuelta la afección, volverá a la cárcel donde está el Servicio Penitenciario con su hospital”, detalló Llonto.
Explicó que “cuando está de por medio una cuestión tan grave como los delitos cometidos por ellos y la obligación internacional de la Argentina para juzgarlos, condenarlos y que cumplan la pena que establece la justicia en cárcel común, y este derecho de la humanidad y, en este caso, de la Argentina, colisiona con algún reclamo particular por una cuestión de salud, prevalece el derecho de la humanidad y de la sociedad argentina del juzgamiento, la condena y el cumplimiento de la pena”.
Juicios lentos
Este intento de beneficiar a casi cien genocidas se suma a otras medidas que atentan contra las políticas de Memoria, Verdad y Justicia, como las demoras de los juicios que deben ser acelerados y no demorados por la edad de los genocidas, los testigos y familiares.
“Eso tiene que llevar a los juzgados, a los tribunales orales y a las cámaras federales de casación y la Corte a entender, sólo por sentido común, que *estos juicios son urgentes*”, resaltó Llonto.
El abogado denunció que “el Tribunal Oral Federal N°1 de San Martín, encabezado por el juez Diego Barroetaveña, es el que más infracciones comente en este sentido”.
“Tienen la decisión política de que no le importa estos juicios y se nota con lo que están haciendo con el juicio de la causa Ford, en la cual han llegado a poner dos audiencias por mes”, dijo Llonto.
Con dieciséis juicios orales en lista de espera, a un ritmo de un juicio oral por año, es posible deducir que “muchos de esos juicios se van a caer por culpa de los jueces, porque en dieciséis años seguro se van a morir unos cuantos genocidas que están esperando juicios allí”, puntualizó el abogado.
A casi 42 años del inicio de la última dictadura cívico militar, organismos y referentes de organismos defensores de derechos humanos, ex detenidos, familiares y víctimas del terrorismo de Estado exigen que se continúen y aceleren los procesos de juzgamiento a los genocidas, y que se respeten las condenas en cárcel común.
AUNO-13-03-18
GMN-HRC
