El Centro de Ex Combatientes Islas Malvinas (Cecim) La Plata presentó este lunes una acción judicial para que se declare la inconstitucionalidad del Decreto 602/19 que autoriza a la empresa brasileña TAM LINHAS AÉREAS S.A. a “explotar servicios regulares internacionales de transporte aéreo de pasajeros, carga y correo” entre San Pablo y las Islas Malvinas, con una escala mensual en la ciudad de Córdoba.
Publicado el 2 de septiembre pasado en el Boletín Oficial, el Decreto del Poder Ejecutivo Nacional (PEN) contempla las rutas “San Pablo – Islas Malvinas – San Pablo”, “San Pablo – Córdoba – Islas Malvinas – San Pablo” y “San Pablo – Islas Malvinas – Córdoba – San Pablo”.
Según el documento al que accedió AUNO, la iniciativa del Cecim “apunta a defender derechos de incidencia colectiva y que tienen por objeto bienes colectivos” y pretende “evitar la propagación de los efectos” de la resolución del PEN, cuyo “sentido, objeto y redacción atentan contra la integridad soberana, la ciudadanía argentina en general, y el colectivo de excombatientes en particular”. Además, incluye una medida cautelar para suspender la conexión aérea hasta tanto se resuelva la cuestión de fondo.
El abogado del Cecim Jerónimo Guerrero Iraola afirmó que el Decreto “violenta la cláusula transitoria primera de la Constitución Nacional”, pues las consecuencias que de él se desprenden “apuntan a menoscabar el reclamo legítimo e imprescriptible relativo al ejercicio de soberanía sobre las Islas Malvinas, Georgias del Sur y Sandwich del Sur, los espacios marítimos e insulares correspondientes, y Antártida, por ser parte integrante del territorio nacional”.
La autorización de los vuelos “se inscribe en una plataforma fáctico jurídica que, a su vez, es en sí misma inconstitucional, como es el Acuerdo Foradori-Duncan”, dijo Guerrero Iraola a AUNO.
El 13 de septiembre de 2016, el Ministerio de Relaciones Exteriores y Culto dio a conocer un comunicado conjunto, resultado de la reunión que mantuvieron el vicecanciller, Carlos Mario Foradori, y el ministro de Estado para Europa y las Américas de la Secretaría de Relaciones Exteriores y Commonwealth británica, Sir Alan Duncan, donde se acordó “adoptar las medidas apropiadas para remover todos los obstáculos que limitan el crecimiento económico y el desarrollo sustentable de las Islas Malvinas, incluyendo comercio, pesca, navegación e hidrocarburos”.
El abogado del Cecim señaló que el acuerdo se presentó en sociedad “como un comunicado conjunto con el Reino Unido” y expuso que “no fue tratado por el Congreso de la Nación, tal como exige la Constitución Nacional en el artículo 75, inciso 22”.
En ningún tramo de la resolución publicada a principio de mes se menciona la disputa por la soberanía que el Estado argentino mantiene con Gran Bretaña. “Si cualquier cuestión que roce la dimensión internacional debe ser abordada con especial cautela, debería ser evidente que la cuestión Malvinas, Antártida e Islas del Atlántico Sur requieren dispositivos específicos, a fin de no incurrir en acciones u omisiones que redunden en un perfeccionamiento las pretensiones colonialistas que actualmente mantiene el Reino Unido”, sostienen Guerrero Iraola y su colega, la abogada Laurentina Alonso, en la acción declarativa.
La autorización de los vuelos es una pieza más dentro de lo que el abogado define como un “plan sistemático de entrega de la soberanía” llevado adelante por Cambiemos.
En sintonía con Guerrero Iraola, el ex combatiente y secretario de Derechos Humanos (DDHH) del Cecim, Ernesto Alonso, aseguró que “a partir de la llegada de Mauricio Macri ha habido un giro de 180 grados en la política exterior referida, específicamente, al tema Malvinas”.
Alonso recordó que las “política de relaciones carnales”, propias de los “ciclos neoliberales”, también se dieron en el Menemismo con los acuerdos de Madrid I y II. “Eso le permitió a Gran Bretaña avanzar en la primera fase para conseguir recursos para la sustentabilidad del enclave neocolonial militar”, dijo el secretario de DDHH del Cecim a esta agencia.
En relación al “nefasto” Acuerdo Foradori-Duncan, el ex combatiente denunció que la diputada nacional Elisa Carrió fue “una de las mayores responsables” de que no se tratara en el Congreso, “porque siendo ella presidenta de la Comisión de Relaciones Exteriores produjo cualquier tipo de artilugio para que eso no suceda”.
“Estamos mejorando las condiciones de la usurpación y la explotación”, enfatizó Alonso. En lo que va del año, la autorización de los vuelos se suma a la entrega de licencias de pesca en áreas de explotación de la plataforma continental argentina “a empresas que de forma ilegal e ilegítima operan en la zona de exclusión planteada por los británicos” y de “información producida por el Instituto Nacional de Pesca”.
“Hoy, los buques que están operando lo hacen sin cumplir la cuota de descarte. Solamente toman las especies que tienen el valor comercial que ellos buscan, descartando millones de toneladas de pescado que pueden ser elaboradas para darle de comer a miles de argentinos que hoy están pasando hambre”, aseguró Alonso. En esa línea, expresó: “Hay que ocupar el Atlántico Sur con una flota pesquera nacional”.
El secretario del Cecim indicó que San Pablo tiene “conectividad a cualquier parte del mundo” y que allí es posible “conseguir cualquier tipo de insumos industriales y tecnológicos para ser destinados en forma directa a Malvinas”. Por lo tanto, la ruta aérea facilitaría las conexiones “hacia la base de Monte Agradable”, ubicada en la Isla Soledad, que “constituye una amenaza no solamente para Argentina, sino para la paz de la región”.
Frente al plan sistemático de entrega del Atlántico Sur, Alonso remarcó la necesidad de “revertir esta situación vincular” y seguir trabajando por “una Argentina marítima, bicontinental y con desarrollo científico y tecnológico”.
AUNO 23-09-2019
GN-AFG
